Recientemente, el Consejo de Estado admitió una demanda en contra del Fomag y la Fiduprevisora por la implementación del nuevo modelo de salud de Fecode, el máximo sindicato de maestros del país, el cual entró en marcha el pasado 1° de mayo.
La demanda fue interpuesta por el abogado Germán Calderón España, quien le pide al Consejo de Estado declarar la nulidad del Acuerdo No. 03 del 1 de abril de 2024, el cual fue suscrito por el Consejo Directivo del Fomag.
Cabe recordar que el Fomag es la gran bolsa de recursos que reúne dinero de pensión, cesantías y cotizaciones de salud de los docentes. Este se rige por un consejo directivo de cinco personas con voto, en donde el Gobierno tiene tres puestos y Fecode los dos restantes.
Sin embargo, el Fomag no puede administrar este dinero y, para esta labor, contrata a la Fiduprevisora, que se encargaba de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores y estos, a su vez, se encargan de contratar a las IPS, que es la gran red de clínicas y hospitales.
Así funcionaba el sistema antes del Acuerdo No. 03 del 1 de abril de 2024. Ahora, con este acuerdo básicamente se modifican los lineamientos para la contratación de los servicios de salud del magisterio colombiano y centra todo el tema de contratación de las IPS en la Fiduprevisora, una fiducia de la que el estado es socio mayoritario.
Es decir, este acuerdo determina que la Fiduprevisora es la “vocera y administradora de los recursos del Fomag”. Además, es la entidad responsable de adelantar las acciones y contrataciones para garantizar el acceso a la salud a través de una “expansión de la oferta” de hospitales y clínicas a las que puedan ir los maestros en Colombia (específicamente, en ocho regiones en las que se divide el país en el nuevo modelo).
En este nuevo modelo, básicamente la Fiduprevisora pasó de tener que hacer contratos con operadores (que podían ser entre 9 y 13 para todo el país), a hacer contratos con miles de clínicas y hospitales.
A los ojos de Calderón España, y como lo expone en la demanda, “no se puede modificar el régimen especial de salud de los integrantes del magisterio por decreto, ni un acuerdo, ni un acto administrativo (...) Este se debe modificar por medio de una ley”.
El abogado también expone que la Fiduprevisora no es la entidad adecuada, al no tener facultades constitucionales ni legales, para prestar adecuadamente el servicio de salud al magisterio.
Recientemente, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra de la exministra de educación, Aurora Vergara; la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla; y el ministro de salud, Guillermo Jaramillo. Según dice la entidad, al parecer, incurrieron en presuntas irregularidades que comprometieron $18.2 billones del sistema de salud de los profesores.
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