Detrás de las inconsistencias con los créditos del Icetex hay engaños y tramitadores

Cuenta Mauricio Toro, presidente del Icetex, que a inicios de esta semana, en algunas regiones del país, empezaron a formarse pequeñas protestas frente a las sedes de la entidad. Algunas personas, además, comenzaron a manifestarse por redes sociales luego de que la renovación de sus créditos fuera bloqueada. Ante estas situaciones, Toro prefirió organizar una rueda de prensa de imprevisto para anunciar la noticia que sorprendió al mundo de la educación: decenas de personas habían hecho fraude al momento de solicitar sus préstamos para estudiar. (Puede leer: India dejará de enseñar biología, química y otras materias, y genera preocupación)

Cuenta Mauricio Toro, presidente del Icetex, que a inicios de esta semana, en algunas regiones del país, empezaron a formarse pequeñas protestas frente a las sedes de la entidad. Algunas personas, además, comenzaron a manifestarse por redes sociales luego de que la renovación de sus créditos fuera bloqueada. Ante estas situaciones, Toro prefirió organizar una rueda de prensa de imprevisto para anunciar la noticia que sorprendió al mundo de la educación: decenas de personas habían hecho fraude al momento de solicitar sus préstamos para estudiar. (Puede leer: India dejará de enseñar biología, química y otras materias, y genera preocupación)

Lo que sucedió, como se sabe, fue que algunos jóvenes falsificaron certificados en los que aseguraban que eran personas con discapacidad. Toro explicó a El Espectador que por el momento han identificado a los estudiantes que engañaron al Estado. Hay otro grupo que contrató a “tramitadores” para que gestionaran sus créditos. Les pagaron entre $200 mil y $3 millones, con tan mala suerte de que a esas personas las inscribieron ante el Icetex como alumnos con alguna discapacidad, lo cual les permitía acceder a un crédito con 0 % de tasa de interés, un subsidio y la posibilidad de condonar un porcentaje al final de sus estudios.

Por ahora, según Toro, faltan cerca de ocho mil casos por revisar, todos otorgados entre 2018 y 2022. En sus palabras, es una situación que no volverá a ocurrir, pero obliga a cambiar algunas de las reglas del juego a quienes recibieron esos créditos. Los que mintieron sobre su condición deberán también responder ante la Fiscalía. (Le puede interesar: La U. Sergio Arboleda abre convocatoria de becas para el próximo semestre)

Específicamente, ¿qué fue lo que encontraron y hace cuánto sabían de esos hallazgos?

Fue un ejercicio que adelantaba la Contraloría al analizar créditos otorgados entre 2018 y 2022. Tras la revisión exhaustiva, pusimos la lupa sobre los créditos que tienen las personas con discapacidad. Esos créditos cuentan con una particularidad: tienen el derecho a obtener tasa de interés subsidiada, solo pagan el IPC y 0 % de interés. Adicionalmente, tienen el derecho a que se les consigne un subsidio de sostenimiento y a que se les condone hasta el 25 % del total del crédito al momento del grado. Son los beneficios que tiene esta línea para personas con discapacidad.

Entonces, en este ejercicio de revisión exhaustiva, empezamos a encontrar presuntas irregularidades en esos créditos, que son solo una fracción que los que otorgamos nosotros. Para tener una mirada más amplia, cerca de 120.000 créditos se renuevan en este segundo semestre. Así que comenzamos a analizar los de las personas con discapacidad y a evaluar qué documentos habían adjuntado los jóvenes. Encontramos que algunos no correspondían a la realidad. Tuvimos que bloquear aproximadamente 10.000 créditos hasta que tengamos la certeza de que fueron otorgados bajo las condiciones en las que debían darse y que esas personas están inscritas en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. (También puede leer: La Universidad Javeriana de Cali tiene nuevo rector: el padre Vicente Durán Casas)

¿Qué más han encontrado en esa revisión de esos casos?

Por el momento hemos encontrado 286 créditos que tienen una inconsistencia, es decir, que no son de personas con discapacidad. También hallamos casos de estudiantes que sí tienen discapacidad, y esos ya están desbloqueados. Tenemos unos 8.040 casos que estamos revisando uno a uno.

Hay un grupo de jóvenes que, a sabiendas de lo que estaban haciendo, engañaron al Estado y le pagaron a una persona para que les emitiera una certificación que dijera que tenían una discapacidad y así poder acceder al crédito. Nosotros partimos de la buena fe en el documento que debía ser entregado por un médico. Pero cuando les empezamos a pedir a algunos estudiantes que lo actualizaran, encontramos que no podían hacerlo. Nos da mucha tristeza que haya jóvenes que se presten para esto, especialmente empezando su carrera universitaria. Lo que sucedió es que le pagaron a un tercero para que emitiera un documento que dijera que tenía discapacidad cuando no era cierto. Eso es un delito de falsedad en documento público.

Tenemos otro grupo jóvenes que fueron engañados y estafados por tramitadores. Hay redes de tramitadores que predominan en la costa Caribe. Allí es donde está la mayor cantidad de créditos con estas inconsistencias. Esos estudiantes dicen que no sabían absolutamente nada de esta situación, cuando les llamamos a preguntar por su discapacidad y por el certificado actualizado. Nos han explicado que le pagaron a un tramitador, que les cobró entre $200 mil y $3 millones. Lo que hacen estas personas es reunir todos los documentos, radicarlos en la plataforma y hacer el trámite del crédito de manera irregular. También falsificaron las certificaciones. Los jóvenes nunca supieron que los iban a presentar a esa línea de crédito.

¿Cuál es el siguiente paso para empezar a resolver este problema?

Nosotros vamos a reportar ante la Fiscalía cualquier caso irregular. Los jóvenes que estafaron al Estado a sabiendas de lo que estaban haciendo tendrán que ser judicializados, y la Fiscalía y los jueces serán quienes determinen qué se deberá hacer. En segundo lugar, frente a los jóvenes que son víctimas de estos tramitadores, es importante que los denuncien. Hemos abierto un correo que se llama denunciatramitadores@icetex.gov.co, para que nos indiquen el número, el teléfono, el contacto, la persona, la dirección y todos los datos necesarios para que nosotros podamos, junto con la Fiscalía, identificar a estas personas y judicializarlas. Pero repito: estamos analizando caso por caso, porque el objetivo de nosotros es proteger a las víctimas y los recursos de las personas que tienen derecho a ese crédito. (Puede interesarle: Icetex abre inscripciones de créditos condonables para veteranos de la fuerza pública)

¿Hace cuánto tiempo conocían de la existencia de esas redes de tramitadores? ¿Qué están haciendo para evitar que continúen operando?

Nosotros no teníamos una evidencia clara, pero es un tema que suele ocurrir. Frente a eso hemos hecho tres cosas. Primera, acelerar los procesos de interoperabilidad con las diferentes entidades del Estado con las que compartimos información. Ya estamos interoperando con el Registro Único de Víctimas (RUV), de población afro, ROM y demás. También estamos interoperando al 50 % con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con el Registro de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. Así evitamos que presenten documentos adulterados.

En segundo lugar, hemos adelantado campañas “antitramitadores” para que los jóvenes hagan el trámite directamente con el Icetex. Tenemos más de 40 oficinas, canales virtuales, salas “Modo ON”, donde se conectan por Zoom, desde cualquier parte del territorio nacional. También tenemos jornadas para ir hasta los municipios, Whatsapp y una red de colaboradores en las universidades, que son las grandes aliadas nuestras. Entonces, hemos venido cerrando esa brecha. Lo que sucede es que los créditos que fueron otorgados entre 2018 y 2022 no tenían esa interoperabilidad y, eventualmente, podían estar en riesgo. Esperamos que todo se pueda aclarar y que no haya más casos de los que hemos identificado.

¿Sospechan que haya más casos de los que identificaron?

Estamos revisando el número de créditos otorgados bajo esta línea, que son 10 mil, aproximadamente. Esos fueron los que bloqueamos esta semana, para saber qué es lo que hay detrás de ellos. Entre esa cantidad hemos detectado 286, en los que hay una presunta irregularidad en el documento. Otros 217 no tienen ningún problema y, efectivamente, corresponden a la realidad. Estamos analizando un poco más de 8.000, que los revisamos uno por uno. Pero que quede claro que a los jóvenes que fueron víctimas de estas redes de tramitadores les vamos a dar la solución, porque nuestro objetivo es que sigan estudiando. Posiblemente tendremos que pasarlos a una línea tradicional de crédito que no tiene estos beneficios. Tal vez una línea con intereses, sin subsidios de sostenimiento y sin derecho a condonación.

Adicionalmente, van a tener que devolver los recursos de subsidios de sostenimiento que se les ha girado durante el tiempo de estudio. Así que si quieren continuar, especialmente los de décimo, octavo y noveno semestres, les toca hacer una tarea: primero, pagar lo que se les haya girado de subsidio y, en segundo lugar, pasarse a esta línea sin beneficio. El derecho a la educación para nosotros es trascendental. Eso no los exime de que tengamos que adelantar el proceso ante la Fiscalía, en el caso de los que falsificaron documentos. (Puede leer: Gobierno destinará $70 mil millones para la facultad de Artes de la Nacional)

¿Qué va a pasar con el dinero de los créditos que se han otorgado a los estudiantes que falsificaron los documentos?

La tranquilidad es que todos los créditos de se otorgan en el Icetex tienen un codeudor, y estos créditos son reembolsables. Es decir, los créditos se pagan al final, al tiempo que el joven termina su carrera. Entonces, aquí no se ha perdido plata. Es decir, cuando el estudiante se gradúa inmediatamente le dan un recibo y se le condona el 25 %. Pero eso no ha ocurrido porque todavía están estudiando. Además, les vamos a cobrar sin el beneficio de la tasa, es decir, reliquidaríamos los créditos a la tasa real.

¿El Icetex no tenía mecanismos para evitar que esos casos de falsificación se presentaran?

Durante esos años, de 2018 a 2022, el mecanismo era simplemente que ellos tuvieran un certificado emitido por una EPS. Uno parte de la buena fe de que se emiten de manera legal. Es como cuando uno va a un banco para pedir un crédito: la entidad parte del hecho de que la persona le está dando información fidedigna. Hoy hay tecnología que permite a los bancos evitar precisamente eso, porque se conecta a fuentes de información. Pero entre 2018 y 2022 no existían estos mecanismos y la base de datos pública del Ministerio de Salud apenas entró a funcionar en 2022. Y solo hasta 2019 se creó la política de interoperabilidad con otras entidades. Así que, hasta ahora, las entidades han empezado a conectarse a esas bases de datos. Pero la gran mayoría de los afectados son perjudicados por estas redes de mafiosos y estafadores. Sabemos de fundaciones que se han creado, en su mayoría en la Costa Caribe, para hacer trámites con el Estado, no solamente con el Icetex.