Disputa de $10.000 millones entre El Cerrejón y la Universidad de la Guajira

Alrededor de 14 demandas fueron interpuestas en contra de la ordenanza que regula la Estampilla Pro Universidad de la Guajira, un aporte económico que hacen instituciones privadas y públicas del Departamento para el sostenimiento y desarrollo de la entidad de educación superior.

La estampilla aporta el 15% del presupuesto de la institución, alrededor de 10 mil millones de pesos, y beneficia a más 14.000 estudiantes. "La empresa El Cerrejón es la que más dinero aporta por la magnitud de sus contratos", señalaron fuentes de la Universidad.

Pero el 23 de junio de este año un juez falló a favor de la empresa de carbón y le permitió suspender los pagos provisionalmente. Un 2% de valor de los contratos realizados por la empresa, exceptuando aquellos relacionados con explotación minera, deben convertirse en aportes a la universidad a través de la estampilla. Lo que reclama el Cerrejón, es que los aportes deben limitarse a los contratos hechos con entidades públicas y no con otras empresas privadas.

Ante esta circunstancia, el Cerrejón le expresó a los directivos de la universidad su intención de reunirse para buscar un acuerdo que favoreciera la gestión de la institución educativa. En este primer acercamiento entre las partes, se acordó la creación de una mesa de diálogo que permitiría pensar en aportes por parte de la multinacional ante las necesidades de la Universidad de la Guajira.

Sin embargo, el buen ambiente entre las partes duró poco. Dos días después de que se realizara la primera reunión de la mesa de diálogo el 8 de julio, la institución de educación superior anunció vía Twitter que se retiraría de la misma. "Romper diálogos con el Cerrejón aprobado por unanimidad en el consejo superior de la Universidad de la Guajira", fueron las palabras del rector Carlos Arturo Robles.

Según fuentes de la universidad, "la decisión se tomó con base en la falta de seriedad por parte del Cerrejón. Para los directivos de la institución educativa fue poco convincente que a la primera reunión de la mesa de diálogo hubieran asistido sólo mandos medios de la multinacional para referirse a la responsabilidad social de la empresa y no al problema real: la estampilla".

Ante el hecho, la multinacional expresó en un comunicado que lamentaba la decisión de la universidad e insistió en el diálogo como mecanismo para encontrar soluciones a los requerimientos de la institución. Además hizo un llamado al Gobierno Nacional para que medie entre las partes y permita reanudar las conversaciones.

Además fuentes del Cerrejón han reiterado que están dispuestos a seguir colaborando con recursos humanos y económicos, pero que no apoyan la estampilla debido a las inconsistencias que en ella se presentan. "La ordenanza que regula la estampilla no puede incluir los contratos que se realizan entre dos entidades privadas, debe haber un ente público. Y para el caso del Cerrejón está cubriendo la actividad que realizamos nosotros como privados con otras entidades privadas".

La posición de la Universidad es clara. "Queremos diálogos serios, no diálogos tramposos como los que quiere aplicar el Cerrejón", señaló en su cuenta de Twitter el rector. Además, los directivos de la institución educativa concordaron en decir que lo que están pidiendo no es plata como lo asegura la multinacional. "La universidad de la Guajira lo que pide es respeto por una ordenanza que va a fortalecer la estructura del departamento en términos de educación", reiteró una fuente de la entidad.
 

Alrededor de 14 demandas fueron interpuestas en contra de la ordenanza que regula la Estampilla Pro Universidad de la Guajira, un aporte económico que hacen instituciones privadas y públicas del Departamento para el sostenimiento y desarrollo de la entidad de educación superior.

La estampilla aporta el 15% del presupuesto de la institución, alrededor de 10 mil millones de pesos, y beneficia a más 14.000 estudiantes. "La empresa El Cerrejón es la que más dinero aporta por la magnitud de sus contratos", señalaron fuentes de la Universidad.

Pero el 23 de junio de este año un juez falló a favor de la empresa de carbón y le permitió suspender los pagos provisionalmente. Un 2% de valor de los contratos realizados por la empresa, exceptuando aquellos relacionados con explotación minera, deben convertirse en aportes a la universidad a través de la estampilla. Lo que reclama el Cerrejón, es que los aportes deben limitarse a los contratos hechos con entidades públicas y no con otras empresas privadas.

Ante esta circunstancia, el Cerrejón le expresó a los directivos de la universidad su intención de reunirse para buscar un acuerdo que favoreciera la gestión de la institución educativa. En este primer acercamiento entre las partes, se acordó la creación de una mesa de diálogo que permitiría pensar en aportes por parte de la multinacional ante las necesidades de la Universidad de la Guajira.

Sin embargo, el buen ambiente entre las partes duró poco. Dos días después de que se realizara la primera reunión de la mesa de diálogo el 8 de julio, la institución de educación superior anunció vía Twitter que se retiraría de la misma. "Romper diálogos con el Cerrejón aprobado por unanimidad en el consejo superior de la Universidad de la Guajira", fueron las palabras del rector Carlos Arturo Robles.

Según fuentes de la universidad, "la decisión se tomó con base en la falta de seriedad por parte del Cerrejón. Para los directivos de la institución educativa fue poco convincente que a la primera reunión de la mesa de diálogo hubieran asistido sólo mandos medios de la multinacional para referirse a la responsabilidad social de la empresa y no al problema real: la estampilla".

Ante el hecho, la multinacional expresó en un comunicado que lamentaba la decisión de la universidad e insistió en el diálogo como mecanismo para encontrar soluciones a los requerimientos de la institución. Además hizo un llamado al Gobierno Nacional para que medie entre las partes y permita reanudar las conversaciones.

Además fuentes del Cerrejón han reiterado que están dispuestos a seguir colaborando con recursos humanos y económicos, pero que no apoyan la estampilla debido a las inconsistencias que en ella se presentan. "La ordenanza que regula la estampilla no puede incluir los contratos que se realizan entre dos entidades privadas, debe haber un ente público. Y para el caso del Cerrejón está cubriendo la actividad que realizamos nosotros como privados con otras entidades privadas".

La posición de la Universidad es clara. "Queremos diálogos serios, no diálogos tramposos como los que quiere aplicar el Cerrejón", señaló en su cuenta de Twitter el rector. Además, los directivos de la institución educativa concordaron en decir que lo que están pidiendo no es plata como lo asegura la multinacional. "La universidad de la Guajira lo que pide es respeto por una ordenanza que va a fortalecer la estructura del departamento en términos de educación", reiteró una fuente de la entidad.