Educación sexual vista por la Procuraduría

El próximo 15 de mayo, justo cuando se celebre el Día Internacional de la Familia, la Universidad de la Sabana y la Procuraduría harán pública la investigación, en la que llevan trabajando poco más de tres años: un estudio de casi cien páginas con el que pretenden esclarecer cómo son los estilos de vida de los jóvenes colombianos y cuáles son sus necesidades en cuanto a educación sexual. A partir de allí, de cifras y análisis, el ente de control propondría los lineamientos base para una política pública en torno al tema, con los cuales, sin embargo, no concuerdan varios especialistas, pues mezclan variables como religión y familia funcional y dejan de lado avances frente a los derechos sexuales y reproductivos.

Su desacuerdo se debe a que, más allá de los números, consideran que hay sesgos importantes y conclusiones poco acertadas que resultan preocupantes si son tomadas como base para una futura política pública que, de hecho, como comenta Diego Arbeláez, consultor en educación para sexualidad en el país y en América Latina, ya existe y se está trabajando desde el Ministerio de Educación, en compañía del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Además, dice Arbeláez, la investigación parece desconocer la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, que ya está reglamentada y crea el Sistema Nacional para la convivencia escolar, la formación para el ejercicio de los derechos humanos y la educación para la sexualidad.

En el informe, por ejemplo, se pueden leer conclusiones como estas: “Si el joven cuenta con una estructura familiar conformada por papá y mamá —se lee en el informe de la Sabana—, si le da importancia a la religión en la vida y si los padres supervisan sus actividades disminuye el chance de tener relaciones sexuales”. O: “Los jóvenes que cuentan con supervisión parental, con una familia funcional y le dan importancia a la religión en su vida tienden a presentar bajo consumo de sustancias tóxicas”.

Pero una cosa muy distinta piensa el especialista: “No conozco estudios que revisen la religión como un factor protector del inicio de las relaciones sexuales. En mi interpretación, cuando se le inculca a un niño una postura donde el sexo es pecado, es aceptada, pero temporalmente, y no es sostenible en el tiempo, como pasó en EE.UU. cuando se delegó a varias ONG de corte religioso para promover la abstinencia. Se debe formar es un adolescente con pensamiento crítico que le permita saber qué decisiones lo favorecen y cuáles no”.

“Este es un Estado laico, y la educación sexual no puede ir de la mano de creencias religiosas”, recuerda Germán Rincón, abogado especialista en temas de género.

Además, afirma Yolanda Puyana, profesora especial del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional, “no se puede confundir la religión con la ética, ni desconocer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación desde 1999. También llama la atención la división entre jóvenes liberales (que tienen relaciones con sus parejas) y tradicionales, y familias funcionales y disfuncionales. Para hacer esos análisis sociológicos hay que tener una visión holística que integre muchos más factores sociales, porque es muy fácil hacer correlaciones entre dos factores y sacar un conclusión afirmativa”.

Sin embargo, según dice Victoria Cabrera, líder de la investigación, “para poder entender cómo viven los adolescentes, analizamos sus contextos y su familia. Y conclusiones como la de que es necesario posponer la sexualidad lo que más se pueda hasta que se tenga un criterio maduro o que se requiere más educación sexual con base a emociones y sentimientos que les ayude a elegir una pareja, son fundadas en estadísticas (se encuestó a 9.942 jóvenes entre 13 y 18 años). Es posible que en el imaginario muchos asuman así la posición de estas dos instituciones, pero como investigadores dejamos de lado toda subjetividad. Somos críticos y objetivos”.

Pese a ello, para Cinthya Carrillo, del área de investigación de la Corporación Sisma Mujer, el informe contrasta, por ejemplo, con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), donde se utilizan numerosas variables, lo que aumenta la posibilidad de análisis y la credibilidad de los resultados.

“Por ejemplo, la relación entre autoeficacia sexual, funcionalidad familiar e importancia de la religión en la vida se asume como explicativa de la descarga de material erótico, pero no es posible corroborar esta relación en ninguna de las gráficas, ni en las preguntas formuladas. Incluso, la ENDS reveló que la mayor fuente de información sobre sexualidad es la disponible en las redes sociales o medios de comunicación”, dice.

Además, como explica Arbeláez, para hacer un estudio de tal magnitud se deben definir conceptos como religión, espiritualidad, amor, relaciones afectivas, pero es algo que no se aplica en este caso.

En suma, como concuerdan los investigadores, hacen falta muchos más argumentos del Instituto de Familia de la U. de la Sabana y la Procuraduría para que este estudio sea un verdadero sustento para crear una política pública que oriente la educación sexual de nuestros jóvenes.

ssilva@elespectador.com

El próximo 15 de mayo, justo cuando se celebre el Día Internacional de la Familia, la Universidad de la Sabana y la Procuraduría harán pública la investigación, en la que llevan trabajando poco más de tres años: un estudio de casi cien páginas con el que pretenden esclarecer cómo son los estilos de vida de los jóvenes colombianos y cuáles son sus necesidades en cuanto a educación sexual. A partir de allí, de cifras y análisis, el ente de control propondría los lineamientos base para una política pública en torno al tema, con los cuales, sin embargo, no concuerdan varios especialistas, pues mezclan variables como religión y familia funcional y dejan de lado avances frente a los derechos sexuales y reproductivos.

Su desacuerdo se debe a que, más allá de los números, consideran que hay sesgos importantes y conclusiones poco acertadas que resultan preocupantes si son tomadas como base para una futura política pública que, de hecho, como comenta Diego Arbeláez, consultor en educación para sexualidad en el país y en América Latina, ya existe y se está trabajando desde el Ministerio de Educación, en compañía del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Además, dice Arbeláez, la investigación parece desconocer la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, que ya está reglamentada y crea el Sistema Nacional para la convivencia escolar, la formación para el ejercicio de los derechos humanos y la educación para la sexualidad.

En el informe, por ejemplo, se pueden leer conclusiones como estas: “Si el joven cuenta con una estructura familiar conformada por papá y mamá —se lee en el informe de la Sabana—, si le da importancia a la religión en la vida y si los padres supervisan sus actividades disminuye el chance de tener relaciones sexuales”. O: “Los jóvenes que cuentan con supervisión parental, con una familia funcional y le dan importancia a la religión en su vida tienden a presentar bajo consumo de sustancias tóxicas”.

Pero una cosa muy distinta piensa el especialista: “No conozco estudios que revisen la religión como un factor protector del inicio de las relaciones sexuales. En mi interpretación, cuando se le inculca a un niño una postura donde el sexo es pecado, es aceptada, pero temporalmente, y no es sostenible en el tiempo, como pasó en EE.UU. cuando se delegó a varias ONG de corte religioso para promover la abstinencia. Se debe formar es un adolescente con pensamiento crítico que le permita saber qué decisiones lo favorecen y cuáles no”.

“Este es un Estado laico, y la educación sexual no puede ir de la mano de creencias religiosas”, recuerda Germán Rincón, abogado especialista en temas de género.

Además, afirma Yolanda Puyana, profesora especial del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional, “no se puede confundir la religión con la ética, ni desconocer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación desde 1999. También llama la atención la división entre jóvenes liberales (que tienen relaciones con sus parejas) y tradicionales, y familias funcionales y disfuncionales. Para hacer esos análisis sociológicos hay que tener una visión holística que integre muchos más factores sociales, porque es muy fácil hacer correlaciones entre dos factores y sacar un conclusión afirmativa”.

Sin embargo, según dice Victoria Cabrera, líder de la investigación, “para poder entender cómo viven los adolescentes, analizamos sus contextos y su familia. Y conclusiones como la de que es necesario posponer la sexualidad lo que más se pueda hasta que se tenga un criterio maduro o que se requiere más educación sexual con base a emociones y sentimientos que les ayude a elegir una pareja, son fundadas en estadísticas (se encuestó a 9.942 jóvenes entre 13 y 18 años). Es posible que en el imaginario muchos asuman así la posición de estas dos instituciones, pero como investigadores dejamos de lado toda subjetividad. Somos críticos y objetivos”.

Pese a ello, para Cinthya Carrillo, del área de investigación de la Corporación Sisma Mujer, el informe contrasta, por ejemplo, con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), donde se utilizan numerosas variables, lo que aumenta la posibilidad de análisis y la credibilidad de los resultados.

“Por ejemplo, la relación entre autoeficacia sexual, funcionalidad familiar e importancia de la religión en la vida se asume como explicativa de la descarga de material erótico, pero no es posible corroborar esta relación en ninguna de las gráficas, ni en las preguntas formuladas. Incluso, la ENDS reveló que la mayor fuente de información sobre sexualidad es la disponible en las redes sociales o medios de comunicación”, dice.

Además, como explica Arbeláez, para hacer un estudio de tal magnitud se deben definir conceptos como religión, espiritualidad, amor, relaciones afectivas, pero es algo que no se aplica en este caso.

En suma, como concuerdan los investigadores, hacen falta muchos más argumentos del Instituto de Familia de la U. de la Sabana y la Procuraduría para que este estudio sea un verdadero sustento para crear una política pública que oriente la educación sexual de nuestros jóvenes.

ssilva@elespectador.com