Educación superior gratis para todos, aunque con varios “peros”

En medio de los álgidos debates en este período legislativo en el Congreso, una noticia sobresalió: la aprobación de la ley de gratuidad en la educación superior para programas de pregrado. “Esta ha sido una de las exigencias históricas del movimiento estudiantil, muchos jóvenes perdieron sus vidas por exigirlo, hoy celebramos esta victoria”, señaló María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y ponente del proyecto, una vez concluyó la última conciliación. Ahora solo falta una firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley. (Lea: Congreso aprueba Matrícula Cero y solo falta la firma de Petro para que sea ley)

En medio de los álgidos debates en este período legislativo en el Congreso, una noticia sobresalió: la aprobación de la ley de gratuidad en la educación superior para programas de pregrado. “Esta ha sido una de las exigencias históricas del movimiento estudiantil, muchos jóvenes perdieron sus vidas por exigirlo, hoy celebramos esta victoria”, señaló María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y ponente del proyecto, una vez concluyó la última conciliación. Ahora solo falta una firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley. (Lea: Congreso aprueba Matrícula Cero y solo falta la firma de Petro para que sea ley)

Esta Ley de Gratuidad en la Educación Superior tiene como objetivo que todos los jóvenes del país que quieran estudiar en las universidades, instituciones universitarias o técnicas y tecnológicas públicas lo puedan hacer de forma gratuita, sin importar el estrato al que pertenezcan. Su política antecesora, Matrícula Cero, impulsada durante el gobierno de Iván Duque, ha financiado la matrícula de pregrado de alumnos que solo estén en estratos 1, 2 y 3 o que pertenezcan al nivel IV del Sisbén.

Sin embargo, esta nueva política desató varias críticas en el sector educativo. Incluso, algunos señalaron que podría ser una medida regresiva y reiteraron su preocupación porque, según dicen, ahora los cupos en las mejores instituciones de educación superior (IES) públicas podrían beneficiar a aquellos estudiantes de altos ingresos y mayor desempeño académico.

¿Qué propone la ley?

La iniciativa, como explica Pizarro a El Espectador, tuvo varios cambios en los cuatro debates y en las conciliaciones por los que atravesó en el Senado y la Cámara de Representantes. Pero, añade, el último texto aprobado todavía conserva “el espíritu original de la propuesta, que la habíamos presentado conjuntamente con el movimiento estudiantil y profesoral, y es la gratuidad universal de la educación, sin imponer una restricción en términos de estrato”.

Esta ley, según reseña en el artículo 2 del documento final, establece que el Estado solventará únicamente el gasto de las matrículas. En este punto, agrega Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), se debe hacer una claridad fundamental, pues “una cosa es la gratuidad de la educación superior, que implicaría manutención, transporte y matrícula, y otro la matrícula cero, que significa ese beneficio en el precio de la matrícula”. (Puede leer: Las fracturas del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional)

Otro de los puntos claves de la ley, dice Pizarro, es el de emplear estrategias para evitar la deserción y el abandono. Para ello, añade la senadora, “el Ministerio de Educación tendrá que generar programas para garantizar la permanencia con priorización de unos sectores poblacionales, personas que tengan menos de Sisbén IV, madres cabezas de hogar, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, personas de las comunidades étnicas y jóvenes que se hayan graduado de colegios públicos rurales de nuestro país”.

Asimismo, la ley, que deberá entrar en vigencia en los próximos seis meses, se implementará de “forma progresiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Estado”, pues, como señala el documento, el Gobierno no podrá disponer el dinero anual que le debe girar a cada una de las 63 IES. El ministerio también deberá presentar un informe anual en el que se detallará el avance de la norma.

Pizarro es enfática en resaltar que con esta ley se está dando un paso histórico en el país al garantizar que la educación superior sea un derecho fundamental al que todos los colombianos pueden acceder. Torres concuerda con este punto y reitera que “es un avance social importante, que permite beneficiar a los jóvenes para que se mantengan en el proceso formativo”.

Sergio Lancheros, del grupo de Investigación en Política Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, coincide en gran medida con los análisis de los beneficios que esta ley puede traerles a los jóvenes de todos los estratos del país. Agrega que esta ley “permitirá consolidar una gratuidad total con especial atención a grupos que históricamente no han podido ingresar a la educación superior”.

Las dudas que genera

Aunque la medida será progresiva y todavía son pocos los detalles que se conocen sobre su implementación, ha recibido varias críticas. Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), por ejemplo, cuenta que en Colombia el sistema educativo promueve la desigualdad. “Ante tantas necesidades y escasez de recursos se requieren políticas con buena focalización para garantizar que los subsidios y las oportunidades lleguen a los que más los necesitan”. (Le puede interesar: Falta de presupuesto para el PAE pondría en riesgo a 800 mil niños: Procuraduría))

Un ejemplo de ello, añade, es el examen que se debe presentar para ingresar a la Universidad Nacional, pues solo lo aprueban entre el 8 y 10 % de aquellos que lo presentan y para ser parte de ese porcentaje, dice, “se requiere haber tenido una educación escolar de alta calidad. Esto es justo lo que no reciben las personas de bajos recursos. Por eso tienen menos chance de acceder que aquellos de mejor condición económica”.

Otra duda sobre esta media, dice Gabriel Angarita, exasesor del director de Política Microeconómica del Ministerio de Hacienda en 2021 y estudiante de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, es que beneficiaría “mucho más a las personas en colegios privados que los que están hoy en colegios públicos”, y para explicarla elaboró un mapa (el cual podrá ver en el tweet de abajo) que ayuda a entender un poco mejor la brecha reflejada en la Prueba Saber 11, que deben presentar todos los estudiantes de educación media antes de graduarse del colegio.

Angarita tomó los resultados de los colegios públicos y privados en Bogotá de 2019 y encontró que había una diferencia notable. “Si uno mira el caso de los colegios públicos, en general, tienen unos puntajes bajos (señalados con color rojo) y están muy concentrados en las zonas suroccidental de la ciudad”, anota.

Pero, continúa, “si uno mira los planteles privados, tienen unos puntajes mucho más altos en promedio y están más concentrados en la zona oriental y occidental de la parte norte de la ciudad”. Estos resultados, dice el economista, “reflejan la brecha que persiste en términos de la calidad de educación entre el colegio público y privado, y que va a generar una barrera de entrada para las personas que están en las instituciones públicas”. (Le podría interesar: El 10 % de los niños en el mundo trabaja en vez de ir a la escuela)

Lancheros añade que otro de los puntos negativos de esta ley es que a pesar de que ayudará a solucionar las condiciones de acceso a la educación superior de miles de jóvenes, ha descuidado la situación presupuestal de las IES públicas y advierte que “estos rezagos ya los pudimos ver con el programa de Matrícula Cero”. Explica que la principal razón es que el Estado transfiere el valor de las matrículas, pero no el costo real que les representa a las IES públicas cada uno de los estudiantes. “Varios estudios del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior nos han mostrado que este valor puede ser hasta 10 veces superior a la matrícula que efectivamente pagan los estudiantes”, anota.

Esto, en palabras más sencillas, quiere decir que los costos en los que recaen las IES para cada uno de sus estudiantes son hasta 10 veces mayor que la matrícula que efectivamente se paga por ese alumno.

Por eso insiste, al igual que la senadora Pizarro, en que es fundamental seguir con la reforma a la Ley 30, especialmente con los artículos 86 y 87, en los cuales se establece el monto que el Estado les debe girar a las IES todos los años. Si no se hace, advierte Abadía, “las IES públicas no podrán aumentar la cobertura, dejando a varios jóvenes por fuera, lo que podría generar descontento y frustración”.

Pistas para su implementación

Una de las principales ideas que plantea Abadía para esta ley es la de focalizar la estrategia y los recursos. Matrícula Cero, por ejemplo, estaba enfocada en aquellas personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, sin embargo, insiste en que “el estrato es una clasificación de la vivienda que no siempre refleja el nivel socioeconómico de las personas que la habitan”. Por eso, para esta ley se requiere de una “buena focalización la cual garantice que los subsidios y las oportunidades lleguen a los que más los necesitan”.

En cuanto a la búsqueda de dinero que requiere la ley, cuenta que el país tendrá que acudir a fuentes adicionales de ingresos para cubrir lo que las IES dejarán de recibir por las matrículas. “Será esencial que se cobren más impuestos o quitar recursos de un sector para pasarlos a educación. Si ese dinero está bien focalizado podría usarse para aumentar la financiación a las IES públicas de manera que puedan ampliar la cobertura”. (Podría leer: Se “rebosó la copa” en la facultad de Economía de la U. del Rosario)

Lancheros difiere en este punto y señala que históricamente la focalización no es la estrategia más adecuada en términos de política social: “La más adecuada es la universalidad, ya que las estadísticas demuestran que sus efectos redistributivos del gasto público social son más importantes cuanto es mayor la cobertura”.

Aun con la ley aprobada, para María José Álvarez, profesora de sociología de la Universidad de los Andes, la educación superior tiene dos grandes problemas que difícilmente esta medida ayudará a resolver. El primero, apunta, es que varias universidades cuentan con un examen de admisión propio, y el segundo es la permanencia.

Una de las soluciones a este último desafío “podría ser la nivelación de las dificultades educativas que presentan los estudiantes para que puedan seguir cursando su universidad y no sean parte del 50 % de los estudiantes que entran y, por diversas variables, desertan”.

Además, insiste, “es fundamental mejorar la educación básica y media para que más estudiantes de ingresos bajos puedan entrar, porque la correlación entre nivel educativo y las Pruebas Saber es enorme”; es decir, que si una persona tiene un menor nivel educativo, contará con peores resultados en este examen. También, señala, es importante contar con una beca de sostenimiento “y tener apoyo académico y psicológico para poder enfrentar los retos académicos”.

Lancheros hace un llamado para que sean claros los mecanismos que se van a emplear para pasar de una medida como Matrícula Cero, que se centra en la focalización, a la Ley de Gratuidad en Educación Superior, que busca la universalidad y el Ministerio tendrá seis meses para definir la ruta clara de cómo será implementada. El siguiente paso, dice, es “inyectar” recursos a las IES públicas y, para ello, será fundamental la reforma a la Ley 30.

Este es el texto final de la ley:

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚