El cartel de la alimentación escolar que lleva 10 años activo en Bogotá

Esta tarde, la superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra 10 contratistas (una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personal naturales) por cartelización empresarial en 21 procesos de contratación pública.

De acuerdo con el superintendente, äblo Felipe Robledo, la práctica imputada a los contratistas imputados tenía como finalidad repartirse entre ellos las distintas zonas de la ciudad que cubre el Plan de Alimetación Escolar (PAE) en Bogotá. Los afectados serían más de 780.000 niños matriculados en colegios del distrito.

Tras analizar el comportamiento de los contratistas desde 2007 hasta 2017, esta entidad estableció que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado se habrían cartelizado para no competir por las zonas de adjudicación para distorsionar o manipular el resultado de los procesos de contratación pública. (Lea también: La desnutrición como negocio)

Con su conducta anticompetitiva habrían afectado proceso de contratación pública con un presupuesto a 1.5 billones de pesos.

Así funcionaba el cartel

A largo de 10 años, los contratistas resultaron adjudicatarios de 178 zonas. La estrategia consistía en aparentar estar compitiendo en otras zonas pero renunciando a esos contratos o al proceso de contratación, inhabilitándose hasta que quedara un solo oferente por contrato, o desincentivando a las empresas que no estaban cartelizadas.

Uno de los proponentes ofrecía el ahorro mínimo permitido según las reglas de la licitación y su contraparte, renunciaba a realizar cualquier contraoferta. En otras palabras, simulaba competir, asegurando que la zona fuera adjudicada con el menor ahorro posible para el Distrito de Bogotá.

En contraste, cuando se enfrentaban a uno o varios oferentes que no hacían parte del cartel, los porcentajes de ahorro alcanzaron de hasta el 20%, mientras que en los contratos en que participaban las empresas cartelizadas, el ahorro fue marginal. “Esto es un detrimento a los recursos del Estado”, dice Robledo. La investigación no compromete la conducta de funcionarios públicos.

De acuerdo con llamadas telefónicas, mensajes de whatsapp y sms, reuniones informales y correos electrónicos darían cuenta de que las empresas investigadas habrían acordado ejercer presión sobre entidades contratantes con el fin de que estas establecieran condiciones de contratación más favorables para ellos. “Para eso, habrían acordado no presentarse a varios de los procesos de selección para boicotearlos y que fueron declarados desiertos”, explicó el superintendente.

Incluso presentaron tutelas a nombre de algunos de sus empleados para este fin, alegando riesgo de desempleo. De acuerdo a la Superintendencia, esto habría sido orientado por la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos. (Lea también: Pechuga de pollo a $40.00 y huevos de $900: asó funciona la corrupción dentro del PAE)

Varios de los investigados tienen antecedentes judiciales e investigaciones en curso por prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, Germán Trujillo Manrique también está vinculado a un proceso penal por irregularidades en la contratación del PAE, en Santander. Luz Estella Tellez Hernández, de Alimentos Express SAS, está siendo investigada por el supuesto Cartel de las Frutas. Fabio Doblado Barreto está siendo investigador por obstruir la investigación de la Fiscalía en los contratos de alimentación para personas privadas de la libertad. Tanto Juan Carlos Almanza Torres, de la Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS, como Jaider Mauricio Villalobo Rojas, de Industrias, Alimentos y Catering SAS, son investigados por su vinculación al supuesto Cartel de las raciones militares, y el segundo está siendo investigado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

La Superintendencia ordenó a la Fiscalía compulsar copias para una posible responsabilidad penal por el delito de prácticas restrictivas de la competencia, que está estipulada en el Código Penal (artículo 410). Este delito fue incluido a la reglamentación colombiana con la aprobación del Estatuto Anticorrupción, en 2011.

Se formuló pliego de cargos contra las siguientes empresas:

Adrodelicias SAS

Servicial SA

La Campiña SAS

Industrias, alimentos y catering SAS

Diseral SAS

Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS

Proalimentos Liber SAS

Alimentos Express SAS

Cooperativa Multiactiva Colombiana de Inversiones ltda

Asociación Colombiana de Empresas Productoras de Alimentos

Y varias personas naturales:

Jaider Mauricio villalobo Rojas, Juan carlos Almanza Latorre, Fabio Doblado Barreto y German Trujillo Manrique, entre otros.

De encontrarse culpables, las empresas podrán ser sancionadas hasta con 78.000 millones de pesos, y las personas naturales, con 1.500 millones aproximadamente.

De acuerdo con el superintendente, “las empresas eliminaron las presiones propias de un mercado y eso les genero mayores posibilidades de resultar adjudicatarios de contratos del PAE, con precios más elevados, en detrimento de los recursos de ese programa y del derecho del estado a contratar no con el único oferente, sino con el mejor”.

Esta tarde, la superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra 10 contratistas (una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personal naturales) por cartelización empresarial en 21 procesos de contratación pública.

De acuerdo con el superintendente, äblo Felipe Robledo, la práctica imputada a los contratistas imputados tenía como finalidad repartirse entre ellos las distintas zonas de la ciudad que cubre el Plan de Alimetación Escolar (PAE) en Bogotá. Los afectados serían más de 780.000 niños matriculados en colegios del distrito.

Tras analizar el comportamiento de los contratistas desde 2007 hasta 2017, esta entidad estableció que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado se habrían cartelizado para no competir por las zonas de adjudicación para distorsionar o manipular el resultado de los procesos de contratación pública. (Lea también: La desnutrición como negocio)

Con su conducta anticompetitiva habrían afectado proceso de contratación pública con un presupuesto a 1.5 billones de pesos.

Así funcionaba el cartel

A largo de 10 años, los contratistas resultaron adjudicatarios de 178 zonas. La estrategia consistía en aparentar estar compitiendo en otras zonas pero renunciando a esos contratos o al proceso de contratación, inhabilitándose hasta que quedara un solo oferente por contrato, o desincentivando a las empresas que no estaban cartelizadas.

Uno de los proponentes ofrecía el ahorro mínimo permitido según las reglas de la licitación y su contraparte, renunciaba a realizar cualquier contraoferta. En otras palabras, simulaba competir, asegurando que la zona fuera adjudicada con el menor ahorro posible para el Distrito de Bogotá.

En contraste, cuando se enfrentaban a uno o varios oferentes que no hacían parte del cartel, los porcentajes de ahorro alcanzaron de hasta el 20%, mientras que en los contratos en que participaban las empresas cartelizadas, el ahorro fue marginal. “Esto es un detrimento a los recursos del Estado”, dice Robledo. La investigación no compromete la conducta de funcionarios públicos.

De acuerdo con llamadas telefónicas, mensajes de whatsapp y sms, reuniones informales y correos electrónicos darían cuenta de que las empresas investigadas habrían acordado ejercer presión sobre entidades contratantes con el fin de que estas establecieran condiciones de contratación más favorables para ellos. “Para eso, habrían acordado no presentarse a varios de los procesos de selección para boicotearlos y que fueron declarados desiertos”, explicó el superintendente.

Incluso presentaron tutelas a nombre de algunos de sus empleados para este fin, alegando riesgo de desempleo. De acuerdo a la Superintendencia, esto habría sido orientado por la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos. (Lea también: Pechuga de pollo a $40.00 y huevos de $900: asó funciona la corrupción dentro del PAE)

Varios de los investigados tienen antecedentes judiciales e investigaciones en curso por prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, Germán Trujillo Manrique también está vinculado a un proceso penal por irregularidades en la contratación del PAE, en Santander. Luz Estella Tellez Hernández, de Alimentos Express SAS, está siendo investigada por el supuesto Cartel de las Frutas. Fabio Doblado Barreto está siendo investigador por obstruir la investigación de la Fiscalía en los contratos de alimentación para personas privadas de la libertad. Tanto Juan Carlos Almanza Torres, de la Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS, como Jaider Mauricio Villalobo Rojas, de Industrias, Alimentos y Catering SAS, son investigados por su vinculación al supuesto Cartel de las raciones militares, y el segundo está siendo investigado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

La Superintendencia ordenó a la Fiscalía compulsar copias para una posible responsabilidad penal por el delito de prácticas restrictivas de la competencia, que está estipulada en el Código Penal (artículo 410). Este delito fue incluido a la reglamentación colombiana con la aprobación del Estatuto Anticorrupción, en 2011.

Se formuló pliego de cargos contra las siguientes empresas:

Adrodelicias SAS

Servicial SA

La Campiña SAS

Industrias, alimentos y catering SAS

Diseral SAS

Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS

Proalimentos Liber SAS

Alimentos Express SAS

Cooperativa Multiactiva Colombiana de Inversiones ltda

Asociación Colombiana de Empresas Productoras de Alimentos

Y varias personas naturales:

Jaider Mauricio villalobo Rojas, Juan carlos Almanza Latorre, Fabio Doblado Barreto y German Trujillo Manrique, entre otros.

De encontrarse culpables, las empresas podrán ser sancionadas hasta con 78.000 millones de pesos, y las personas naturales, con 1.500 millones aproximadamente.

De acuerdo con el superintendente, “las empresas eliminaron las presiones propias de un mercado y eso les genero mayores posibilidades de resultar adjudicatarios de contratos del PAE, con precios más elevados, en detrimento de los recursos de ese programa y del derecho del estado a contratar no con el único oferente, sino con el mejor”.