El financiamiento de la educación superior

 El financiamiento es el núcleo del derecho a la educación que define la relación entre el Estado y la sociedad. En el mundo se han desarrollado dos grandes modelos. De un lado, el basado en impuestos progresivos, con oferta pública y sin restricciones a la entrada; en este esquema, el derecho a la educación cubre todos los niveles de formación y es un derecho de ciudadanía social. Del otro, el de predominio de los aportes de las personas o las familias, con recursos del Estado focalizados en subsidios y con filantropía; en este caso, el derecho a la educación se relaciona con la propiedad de las personas. En el primer modelo se encuentra Finlandia y en el segundo Estados Unidos. Entre uno y otro existe una gama de soluciones mixtas y complejas, como la que tenemos en Colombia. (Vea: ¿Qué opinan los candidatos a la rectoría de la U. Nacional sobre la educación superior en el país?)

Los estudios comparados de la educación muestran que Finlandia cuenta con los mejores resultados en calidad de la educación en todos los niveles, mientras Estados Unidos concentra la calidad en algunas instituciones y poblaciones. Pero lo más importante es que Finlandia es hoy una sociedad más igualitaria, menos violenta y más solidaria que Estados Unidos, a pesar de seguir siendo éste último el centro de la economía mundial.

En Colombia, la ley 30 de 1992 estableció un sistema mixto, con financiamiento público de universidades (Sistema de Universidades Estatales-SUE) y el aporte privado de las personas y las familias de manera directa o a través de crédito educativo según la capacidad de pago. Aunque ambos subsistemas han crecido en cobertura –muy baja si se compara con países vecinos- las universidades públicas han tenido que hacerlo con recursos insuficientes. Esta situación las ha obligado a vender servicios académicos, disminuir sus costos de operación y tratar de mantener su productividad, descuidando su infraestructura, su dotación y la calidad de sus programas de pregrado y posgrado. El resultado, desde el punto de vista de la oferta es muy desigual en calidad, en investigación y en cantidad de profesores con posgrado. Desde el punto de vista del derecho, este esquema conduce cada vez más hacia la inequidad relacionada con la capacidad de pago de las personas. Esto no hace más que reproducir las desigualdades sociales existentes y llevarnos como sociedad al “sálvese quien pueda”.

El programa Ser Pilo Paga parece avanzar en la superación de la inequidad. Y nadie puede oponerse a que los pobres puedan estudiar con el apoyo del Estado. Pero si se piensa en la lógica del financiamiento del sistema, ocurrirá una gran transformación. Los recursos públicos pasaran de la oferta a la demanda. De esta forma, todas las instituciones tendrán que competir por el valor del cupo establecido, como ha ocurrido con el régimen subsidiado en salud y con graves efectos en el acceso y la calidad. En poco tiempo tendremos una educación para pobres “pilos”, otra para pobres “no pilos”, otra para medios y otra para ricos, y cada vez menos oferta pública. Esta estructura no supera la desigualdad; la reproduce. Debemos dar un salto hacia los derechos de ciudadanía, de manera progresiva, por medio de pactos políticos profundos. Así podremos cumplir el sueño de Gabo, de tener “una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma”.

 El financiamiento es el núcleo del derecho a la educación que define la relación entre el Estado y la sociedad. En el mundo se han desarrollado dos grandes modelos. De un lado, el basado en impuestos progresivos, con oferta pública y sin restricciones a la entrada; en este esquema, el derecho a la educación cubre todos los niveles de formación y es un derecho de ciudadanía social. Del otro, el de predominio de los aportes de las personas o las familias, con recursos del Estado focalizados en subsidios y con filantropía; en este caso, el derecho a la educación se relaciona con la propiedad de las personas. En el primer modelo se encuentra Finlandia y en el segundo Estados Unidos. Entre uno y otro existe una gama de soluciones mixtas y complejas, como la que tenemos en Colombia. (Vea: ¿Qué opinan los candidatos a la rectoría de la U. Nacional sobre la educación superior en el país?)

Los estudios comparados de la educación muestran que Finlandia cuenta con los mejores resultados en calidad de la educación en todos los niveles, mientras Estados Unidos concentra la calidad en algunas instituciones y poblaciones. Pero lo más importante es que Finlandia es hoy una sociedad más igualitaria, menos violenta y más solidaria que Estados Unidos, a pesar de seguir siendo éste último el centro de la economía mundial.

En Colombia, la ley 30 de 1992 estableció un sistema mixto, con financiamiento público de universidades (Sistema de Universidades Estatales-SUE) y el aporte privado de las personas y las familias de manera directa o a través de crédito educativo según la capacidad de pago. Aunque ambos subsistemas han crecido en cobertura –muy baja si se compara con países vecinos- las universidades públicas han tenido que hacerlo con recursos insuficientes. Esta situación las ha obligado a vender servicios académicos, disminuir sus costos de operación y tratar de mantener su productividad, descuidando su infraestructura, su dotación y la calidad de sus programas de pregrado y posgrado. El resultado, desde el punto de vista de la oferta es muy desigual en calidad, en investigación y en cantidad de profesores con posgrado. Desde el punto de vista del derecho, este esquema conduce cada vez más hacia la inequidad relacionada con la capacidad de pago de las personas. Esto no hace más que reproducir las desigualdades sociales existentes y llevarnos como sociedad al “sálvese quien pueda”.

El programa Ser Pilo Paga parece avanzar en la superación de la inequidad. Y nadie puede oponerse a que los pobres puedan estudiar con el apoyo del Estado. Pero si se piensa en la lógica del financiamiento del sistema, ocurrirá una gran transformación. Los recursos públicos pasaran de la oferta a la demanda. De esta forma, todas las instituciones tendrán que competir por el valor del cupo establecido, como ha ocurrido con el régimen subsidiado en salud y con graves efectos en el acceso y la calidad. En poco tiempo tendremos una educación para pobres “pilos”, otra para pobres “no pilos”, otra para medios y otra para ricos, y cada vez menos oferta pública. Esta estructura no supera la desigualdad; la reproduce. Debemos dar un salto hacia los derechos de ciudadanía, de manera progresiva, por medio de pactos políticos profundos. Así podremos cumplir el sueño de Gabo, de tener “una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma”.