El futuro de los colegios en concesión

La semana pasada corrió el rumor de que el alcalde Gustavo Petro había asegurado que terminaría con el reconocido modelo de colegios por concesión que comenzó a aplicarse en la capital del país hace 13 años, y aunque el secretario de Educación, Óscar Sánchez, salió en su defensa y desmintió esa versión, lo cierto es que los contratos con los privados se vencerán en diciembre de 2014, el plazo para definir lo que ocurrirá con esta alianza se acorta y el debate sobre su futuro comienza a calentarse.

Bajo este esquema, que fue la joya de la corona durante la administración de Enrique Peñalosa, debido a sus logros en cuanto a disminución de la deserción escolar y a las mejoras en el rendimiento académico, han funcionado 25 instituciones administradas por nueve concesionarios privados. Hoy la alianza público-privada cuenta con 39.648 menores matriculados en jornada completa (40 horas semanales), es decir, un 4% del total de estudiantes bogotanos.

Al hablarse de la posible desaparición del modelo, el exalcalde Enrique Peñalosa fue uno de los primeros en reaccionar: “Aunque estos colegios de lujo han beneficiado a los niños más pobres, demostrando resultados extraordinarios (menos embarazos, menos pandillas, más seguridad), los gobiernos de izquierda se han dedicado a sabotearlos: cuando se aumentaron los sueldos de los maestros del Estado, estos colegios no fueron beneficiados. Ahora parecen más preocupados por las presiones de los sindicatos y por unos votos adicionales que por garantizarles a los niños la mejor opción en educación. Esto es un crimen”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Educación respondió: “Quien diga que aquí se mueven intereses electorales está mintiendo, esta secretaría no está siendo manipulada. No tengo por qué negar que estos colegios tienen grandes avances en la retención de los niños en el sistema educativo. También sabemos que los padres de familia prefieren los colegios privados (en el imaginario colectivo siempre estarán mejor posicionados), pero en diciembre de 2014 se termina un contrato que habrá que liquidar. La Alcaldía no puede renovar automáticamente ese contrato por otros 15 años, bajo las mismas reglas. Eso es apenas obvio. La normativa ha cambiado”.

¿Pero cuáles son los problemas que la Alcaldía encuentra a las concesiones? Sánchez cree que el modelo falló al no permitir que muchas de las buenas experiencias que surgieron en estos espacios se replicaran en las demás instituciones: “Por muchos años actuaron de manera aislada. Ellos lo saben y lo aceptan. Ahora queremos sistematizar todas sus experiencias para compartirlas”, explica.

Según el funcionario, los rectores de dichos colegios vienen reuniéndose desde hace seis meses con la Alcaldía para avanzar en un proceso de evaluación que permitirá conocer lo que va a ocurrir con el aporte privado a la educación distrital.

Por primera vez la Alcaldía de Bogotá contratará a un ente externo para que —en tiempo récord— evalúe y compare los procesos de algunos colegios distritales con los de los concesionados: “No hay certeza de que el rendimiento académico sea mejor en uno que en otro; tampoco sabemos si a los egresados de un colegio concesionado se le abren más oportunidades, si mejora su calidad de vida. El año pasado ideamos un sistema de evaluación avanzado que nos entregará en febrero una perspectiva más completa sobre lo que ocurrió durante estos años”, dice Sánchez.

Pero los plazos del secretario no dejan de aumentar la incertidumbre de los concesionarios. Patricia Gómez de León, representante de Alianza Educativa, uno de los concesionarios, cree que al discurso de la Alcaldía le sigue faltando claridad sobre lo que les espera: “La idea de hacernos una evaluación profunda es importante, pero nos preocupa que el tiempo se agota. Si estos estudios no se hacen pronto, los evaluadores llegarán a los colegios en el momento menos oportuno, cuando no sabremos si continuaremos o no con los procesos. Existe preocupación. La concesión le ha prestado un gran servicio a Bogotá, sabemos que falta trascender esas ganancias hacia la ciudadanía y que para ello se requieren años”. Para la directora de la Alianza Educativa, esta experiencia ha demostrado que con recursos más limitados que los de la misma Alcaldía (ver recuadro) se ha podido ofrecer educación de calidad, pero que “lo importante es que los niños no se vayan a quedar sin educación”.

A esta preocupación, el secretario responde: “Esta es la oportunidad para dar un debate razonable y aclararles a los padres de familia y a la ciudadanía que estos 39.000 niños van a seguir estudiando bajo los mismos esquemas de calidad. Ni los colegios se van a cerrar, ni mucho menos se van a demoler”.

La semana pasada corrió el rumor de que el alcalde Gustavo Petro había asegurado que terminaría con el reconocido modelo de colegios por concesión que comenzó a aplicarse en la capital del país hace 13 años, y aunque el secretario de Educación, Óscar Sánchez, salió en su defensa y desmintió esa versión, lo cierto es que los contratos con los privados se vencerán en diciembre de 2014, el plazo para definir lo que ocurrirá con esta alianza se acorta y el debate sobre su futuro comienza a calentarse.

Bajo este esquema, que fue la joya de la corona durante la administración de Enrique Peñalosa, debido a sus logros en cuanto a disminución de la deserción escolar y a las mejoras en el rendimiento académico, han funcionado 25 instituciones administradas por nueve concesionarios privados. Hoy la alianza público-privada cuenta con 39.648 menores matriculados en jornada completa (40 horas semanales), es decir, un 4% del total de estudiantes bogotanos.

Al hablarse de la posible desaparición del modelo, el exalcalde Enrique Peñalosa fue uno de los primeros en reaccionar: “Aunque estos colegios de lujo han beneficiado a los niños más pobres, demostrando resultados extraordinarios (menos embarazos, menos pandillas, más seguridad), los gobiernos de izquierda se han dedicado a sabotearlos: cuando se aumentaron los sueldos de los maestros del Estado, estos colegios no fueron beneficiados. Ahora parecen más preocupados por las presiones de los sindicatos y por unos votos adicionales que por garantizarles a los niños la mejor opción en educación. Esto es un crimen”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Educación respondió: “Quien diga que aquí se mueven intereses electorales está mintiendo, esta secretaría no está siendo manipulada. No tengo por qué negar que estos colegios tienen grandes avances en la retención de los niños en el sistema educativo. También sabemos que los padres de familia prefieren los colegios privados (en el imaginario colectivo siempre estarán mejor posicionados), pero en diciembre de 2014 se termina un contrato que habrá que liquidar. La Alcaldía no puede renovar automáticamente ese contrato por otros 15 años, bajo las mismas reglas. Eso es apenas obvio. La normativa ha cambiado”.

¿Pero cuáles son los problemas que la Alcaldía encuentra a las concesiones? Sánchez cree que el modelo falló al no permitir que muchas de las buenas experiencias que surgieron en estos espacios se replicaran en las demás instituciones: “Por muchos años actuaron de manera aislada. Ellos lo saben y lo aceptan. Ahora queremos sistematizar todas sus experiencias para compartirlas”, explica.

Según el funcionario, los rectores de dichos colegios vienen reuniéndose desde hace seis meses con la Alcaldía para avanzar en un proceso de evaluación que permitirá conocer lo que va a ocurrir con el aporte privado a la educación distrital.

Por primera vez la Alcaldía de Bogotá contratará a un ente externo para que —en tiempo récord— evalúe y compare los procesos de algunos colegios distritales con los de los concesionados: “No hay certeza de que el rendimiento académico sea mejor en uno que en otro; tampoco sabemos si a los egresados de un colegio concesionado se le abren más oportunidades, si mejora su calidad de vida. El año pasado ideamos un sistema de evaluación avanzado que nos entregará en febrero una perspectiva más completa sobre lo que ocurrió durante estos años”, dice Sánchez.

Pero los plazos del secretario no dejan de aumentar la incertidumbre de los concesionarios. Patricia Gómez de León, representante de Alianza Educativa, uno de los concesionarios, cree que al discurso de la Alcaldía le sigue faltando claridad sobre lo que les espera: “La idea de hacernos una evaluación profunda es importante, pero nos preocupa que el tiempo se agota. Si estos estudios no se hacen pronto, los evaluadores llegarán a los colegios en el momento menos oportuno, cuando no sabremos si continuaremos o no con los procesos. Existe preocupación. La concesión le ha prestado un gran servicio a Bogotá, sabemos que falta trascender esas ganancias hacia la ciudadanía y que para ello se requieren años”. Para la directora de la Alianza Educativa, esta experiencia ha demostrado que con recursos más limitados que los de la misma Alcaldía (ver recuadro) se ha podido ofrecer educación de calidad, pero que “lo importante es que los niños no se vayan a quedar sin educación”.

A esta preocupación, el secretario responde: “Esta es la oportunidad para dar un debate razonable y aclararles a los padres de familia y a la ciudadanía que estos 39.000 niños van a seguir estudiando bajo los mismos esquemas de calidad. Ni los colegios se van a cerrar, ni mucho menos se van a demoler”.