El nuevo borrador de Ley Estatutaria con la que el Gobierno espera regular la educación

Esta semana será clave para el sector educativo. El Ministerio de Educación publicará el segundo borrador de uno de los proyectos más ambiciosos de este Gobierno: el de la Ley Estatutaria, que reconoce y regula la educación como un derecho fundamental. El Espectador conoció el texto que será publicado y que plantea varios cambios con respecto al original. (Lea: Icetex responde a análisis de la U. Javeriana: “no hubo disminución de créditos”)

Esta semana será clave para el sector educativo. El Ministerio de Educación publicará el segundo borrador de uno de los proyectos más ambiciosos de este Gobierno: el de la Ley Estatutaria, que reconoce y regula la educación como un derecho fundamental. El Espectador conoció el texto que será publicado y que plantea varios cambios con respecto al original. (Lea: Icetex responde a análisis de la U. Javeriana: “no hubo disminución de créditos”)

El documento, le explicaron algunos voceros de varias organizaciones a este diario, será el que el Gobierno radique ante el Congreso. Este trámite espera hacerlo la cartera durante la primera semana de septiembre, y para convertirse en ley deberá atravesar un largo camino en el Congreso. Si llega a ser aprobada, la educación, además de ser un servicio público, adquirirá la categoría de derecho fundamental.

La más reciente versión establece que en 20 años se deberá garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles. La clave para Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), es que los próximos cinco gobiernos le den continuidad a esta ley para que “les pueda garantizar la educación a todos los colombianos”.

A los ojos de Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, para que esta ley no se quede solo en el papel se deberá incluir un deber adicional al Estado: el de asegurar este derecho en condiciones de calidad, pertinencia y equidad. Además, deberá contar con una “oferta mixta, suficiente, innovadora y diversa que reconozca que las personas y las regiones son diferentes y requieren condiciones que se adapten a sus necesidades”.

Los principales ajustes

Uno de los primeros cambios que se leen en el documento está en el artículo 4, al definir el sistema de educación, pues solo incluye a las instituciones públicas y privadas, dejando de lado a las mixtas. También establece una serie de principios que regirán este derecho, los cuales están estipulados en el artículo 5.

Entre ellos están equidad, universalidad, igualdad, protección a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre otras. (Puede leer: Acoso escolar en el Helvetia: todo lo que debe saber de los casos)

En palabras de Víctor Manuel Rodríguez, profesor y coordinador académico de la sede de Kennedy de la Universidad Pedagógica Nacional, este componente es muy importante porque busca incluir a estas comunidades que han estado, de una u otra manera, rezagadas del sistema educativo. Pero, añade, se deben considerar que las apuestas pedagógicas sean pertinentes.

Otra de las modificaciones que tiene este nuevo documento, el cual pasa de 21 a 33 artículos, es catalogar una serie de elementos con los que debe contar este derecho a la educación. Uno de ellos es el de disponibilidad que, ahorrándonos los términos técnicos, busca garantizar los recursos, establecimientos y talento humano necesarios para cumplir la demanda educativa en el país.

En este apartado, a diferencia del documento anterior, se pretende garantizar los programas de alimentación y transporte escolar, así como los servicios administrativos necesarios para el funcionamiento continuo de este servicio. Además, hace énfasis en la adopción de las medidas necesarias para asegurar la educación en las comunidades étnicas. (Le puede interesar: Cosas que debe saber para creer (o no) en las promesas de Petro de nuevas universidades)

También presentaron modificaciones los artículos que explican el acceso a los diferentes niveles de educación. La más importante está en la educación media, y se centra en la polémica que se creó alrededor de la supuesta creación del grado 12. En la primera versión se hablaba de un sistema de articulación entre la educación media y superior, el cual “podrá incluir el grado duodécimo (12)”.

Para ese entonces, Óscar Sánchez, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, aclaró que con este artículo no se cambiaban las reglas de juego para la graduación de bachillerato en Colombia. Ante la polémica, en el nuevo documento, el Ministerio precisó que esta articulación puede incluir los grados 12 y 13 en las escuelas normales superiores, que es donde se forman los futuros profesores de colegios.

El borrador, asimismo, tiene un articulado aparte para la formación integral en todos los niveles y modalidades; la ciencia, la tecnología y la innovación; la formación en las artes, las culturas y los saberes; la formación ciudadana; la actividad física, recreación y deporte, y la equidad y ruralidad.

Allí, en este punto, se deberá adaptar el sistema educativo en situaciones de emergencia para lograr la superación de brechas, y las instituciones de educación superior (IES) públicas tendrán que destinar el 20 % de sus cupos para la admisión de grupos tradicionalmente discriminados o marginados. (Le puede interesar: El 48 % de la deserción escolar en Colombia se da por conflictos y violencia)

Los docentes también desempeñan un rol importante en este documento, pues se pide que se dignifique su labor, y para ello plantea mejorar las condiciones salariales, laborales y de bienestar. Asimismo, pretende promover políticas de formación docente. Aquí, añade Rodríguez, no se ha hecho una mayor reflexión, pues “se ha hablado de incrementar el número de estudiantes, mejorar las plantas físicas y ampliar la infraestructura, pero poco hemos hablado de las condiciones de los maestros y maestras. Difícilmente podemos pensar en una educación de calidad”.

¿Cuándo se deberá cumplir esta meta?

La progresividad es la palabra clave en este borrador, pues, como dice Torres, del SUE, a este concepto es a lo que deben apuntar precisamente las reformas estructurales. “Hay un enfoque claro en esa ley estatutaria de que la educación sea un derecho fundamental progresivo organizado por el Estado”, anota.

Además, es la hoja de ruta que diseñó el Gobierno para la implementación de esta medida. En educación inicial, por ejemplo, el plazo máximo es de cinco años. Para la educación básica, por su parte, es de 10 años y en la educación media el plazo es de cinco. En cuanto a la educación superior, en 20 años se deberá garantizar este derecho.

Aunque hay una ruta en su implementación, aún quedan faltando una serie de variables. Como dice Torres, todavía no está claro cuánto cuesta, cuáles serán las fuentes de financiamiento o de dónde van a aparecer los recursos. (Puede leer: ¿Quiénes se beneficiarían primero con ley de matrículas gratis?)

Para Abadía, del LEE, lo fundamental en este punto es que el Gobierno defina las políticas que implementará y los recursos que destinará para mejorar la calidad de los niveles claves que, según dice, son la educación inicial y la básica, pues es “aquella que tiene los retornos individuales y sociales más altos, aquella que debe garantizar un desarrollo integral”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚