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La educación media, básica y superior para las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida continúa siendo un reto. Hasta 2020, solo 17 de cada 100 personas con estas condiciones alcanzaron una educación técnica, tecnológica, universitaria o de posgrado.
Así lo dio a conocer la Fundación Saldarriaga Concha, junto al Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, con la publicación del informe “La educación en Colombia para la población con discapacidad: realidades y retos”. Para la realización del análisis, los investigadores utilizaron datos del DANE y del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
¿Cómo está el panorama en la educación básica y media?
Según el Censo de establecimientos educativos de educación formal (C600) para el periodo 2020, de los 2,64 millones de personas que tienen alguna discapacidad, 228.599 son niñas, niños y adolescentes (NNA) entre los 5 y los 17 años, de los cuales 151.603 estaban matriculados en los niveles educativos de preescolar, básica primaria y secundaria o media (Lea también: El Ministerio de Educación lanzó un voluntariado para apoyar 213 escuelas rurales).
El mismo C600 evidencia que, aunque entre 2017 y 2019 el número de matriculados con discapacidad se incrementó, entre 2019 y 2020 volvió a bajar dejando un total de 6.858 estudiantes.
Por otro lado, el 16,7% de los estudiantes con discapacidad estudian en las zonas rurales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) 2020 del DANE, el 82,3% de las personas que refieren tener alguna dificultad (alguna discapacidad) reportan saber leer y escribir, mientras que en la población que no reporta dificultades (sin discapacidad), el 94,9% manifiestan tener dicha competencia (una diferencia de 13 puntos porcentuales).
En la educación superior
Durante el primer semestre de 2020, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), un total de 9.148 personas con discapacidad se encontraban matriculadas en programas de pregrado (incluyendo técnicas profesionales, tecnologías y programas universitarios). Para el segundo semestre del mismo año, esa cifra incrementó y llegó a las 9.195 personas.
Las instituciones educativas que se encuentran en Bogotá, Atlántico, Antioquia y Tolima son las que tienen un mayor número de estudiantes con discapacidad matriculados: aproximadamente mil por cada semestre en la totalidad de programas ofertados.
“Si bien el país ha avanzado en cuanto al acceso de la población con discapacidad a la educación, tenemos como sociedad grandes retos que requieren de la articulación de diferentes sectores para lograr trayectorias educativas completas para todas las personas y una educación que garantice que nadie se quede atrás. Porque una educación de calidad debe ser inclusiva” dijo Lina María Aristizábal, líder de educación de la FSC (Óscar Sánchez será el nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media).
Es por ello que investigadores de la Fundación Saldarriaga Concha, junto al Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, hicieron una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el sistema educativo:
1. Fortalecer las políticas de educación inclusiva de manera que se reduzcan las brechas de acceso, permanencia y graduación de las personas con discapacidad, en los diferentes niveles educativos y se promuevan las trayectorias educativas completas para garantizar el derecho a la educación de todas las personas sin excepción.
2. Formar una comunidad docente cualificada e incrementar el personal de apoyo pedagógico, así como los recursos e infraestructuras educativas que permitan los aprendizajes y la participación de las personas con discapacidad en la comunidad educativa.
3. Avanzar en la caracterización y el reporte de las personas con discapacidad en los sistemas de información nacional.
4. Promover propuestas pedagógicas flexibles para la alfabetización de las personas con discapacidad, apoyadas en el uso de ayudas técnicas y tecnológicas.
5. Realizar mediciones específicas de las acciones administrativas y pedagógicas de esta población para el sistema educativo con miras a un seguimiento cercano a su trayectoria educativa.
6. Fomentar estrategias para promover el retorno a la educación de aquellas personas con discapacidad que dejan los estudios.
7. Generar e implementar propuestas de articulación entre los sectores de educación y salud.