“No hay plan B si se hunde ley estatutaria”: ministra de Educación

Desde su despacho, ubicado en el quinto piso del Ministerio de Educación, Aurora Vergara revisa una última vez los papeles que tiene en su escritorio. En ellos está el último borrador del proyecto de ley estatutaria, con el que el Gobierno busca que la educación sea considerada como un derecho fundamental. (Lea: Los departamentos más afectados por ataques a escuelas en lo que va de 2023)

Desde su despacho, ubicado en el quinto piso del Ministerio de Educación, Aurora Vergara revisa una última vez los papeles que tiene en su escritorio. En ellos está el último borrador del proyecto de ley estatutaria, con el que el Gobierno busca que la educación sea considerada como un derecho fundamental. (Lea: Los departamentos más afectados por ataques a escuelas en lo que va de 2023)

Para evitar que esta ley se hunda en el Congreso espera construir consensos. “Ha sido revelador escuchar a las diferentes bancadas diciendo que el derecho a la educación debe ser un derecho fundamental”, asegura. La idea inicial del Gobierno era radicar este proyecto el jueves 7 de septiembre, pero, luego de varias reuniones, tomaron la decisión de aplazar un poco este proceso.

Vergara también quiere lograr algo que no pudo hacer ninguno de sus antecesores: cambiar la principal norma que regula la educación superior desde la década del 90. Este proyecto, cuenta, tiene dos aspectos que lo hacen diferente: “El bienestar universitario y la prevención de las violencias basadas en género”.

En entrevista con El Espectador, habla de la construcción de nuevas sedes universitarias, el jalón de orejas que les dio a los rectores, que aseguran que no se ha abierto ni un solo cupo de los 500.000 y de cómo ha logrado sacar adelante sus metas en medio del huracán por el que atravesó su cartera con la salida de Alejandro Gaviria como ministro, Hernando Bayona como viceministro de Básica y Media, Ana Carolina Quijano como viceministra de Educación Superior y Andrés Molano, exdirector del Icfes.

La coalición del gobierno en el Congreso está destruida y lo vimos con la reforma a la salud que se hundió. ¿Qué le hace pensar que los partidos se unirán para aprobar esta ley estatutaria?

Una apuesta que hemos hecho como Gobierno es construir consensos para avanzar con los proyectos de ley de educación y, a medida que hablamos con los diferentes partidos, ha sido revelador escuchar a las diferentes bancadas diciendo que el derecho a la educación debe ser un derecho fundamental. Esta es una apuesta en la que estamos trabajando y que queremos ver materializada. Eso nos ayuda a pensar que este sector puede unir al país y, por supuesto, al Congreso. Confiamos en que pondrán en el centro de su gestión y de la deliberación la oportunidad de que en Colombia el derecho a la educación sea un derecho fundamental en todos los niveles, desde educación inicial hasta educación superior.

La ley estatutaria es una promesa desde 1994, cuando se aprobó la Ley 115. ¿Por qué cree que es necesaria?

Porque abre la posibilidad de establecer las garantías del derecho fundamental en todos los niveles y, en este caso, una garantía fundamental es que podamos tener un preescolar mucho más allá de un solo año. En esto es importante profundizar mediáticamente, porque como sociedad nos hemos acostumbrado a que el sistema público reciba a los niños y niñas en una edad en donde ya se estructuró todo lo fundamental de su vida. También nos da la posibilidad de fijar las condiciones para su efectiva protección que está a cargo del Estado, de la sociedad y de la familia, como lo plantea la ley.

¿De dónde va a salir el dinero para sacar adelante las promesas?

Una ley estatutaria en educación, como una en salud, sienta las bases para empezar a corregir, en perspectiva de larga duración, retos institucionales y estructurales que se tienen para garantizar un derecho de esta naturaleza. El Gobierno ya priorizó para este período la educación como un sector que es esencial para el cumplimiento de su programa. Es decir, más allá de una promesa es una realidad sociológica. Este año el dinero salió de una reforma tributaria y se priorizó el sector, entonces la visión que tenemos como Gobierno es seguirlo haciendo en los próximos años y garantizar que la manera como está estructurado el gabinete permita que las metas de educación puedan consolidarse de forma intersectorial. Pongo un ejemplo: para ofrecer una formación en deporte, artes y programación, vamos a empezar por una cohorte de 5.000 escuelas y nos da la posibilidad de que el sector de educación tenga el dinero para cumplirla, pero también existe el recurso en los ministerios del Deporte, el de Cultura, el de Ciencias y el de las TIC.

En el caso de que se hunda esta ley estatutaria, ¿cuál sería el plan B que tendrían desde el ministerio?

Lo primero que quisiéramos considerar es que el país le apueste a materializar este proyecto de ley, a que las tensiones políticas no les cierren la oportunidad a los niños y niñas colombianas de que les podamos garantizar el derecho a la educación inicial. Por ahora no hay plan B, nuestro plan es que esta ley surta su curso. (Puede leer: La edad mínima que sugiere Unesco para que los niños usen inteligencia artificial)

Otro de los temas importantes de este Ministerio es la reforma a la Ley 30. ¿Cómo va ese proceso?

Va muy bien. Decidimos abrir un mecanismo de consolidación de consensos que permita que el país hable de educación superior y que se pueda generar una reflexión de los diferentes actores sobre cuál es la educación que queremos. Desarrollamos una metodología de construcción de consensos, de diálogos y de revisión de diferentes textos, que nos abrió una posibilidad que ha permitido que nos podamos sentar en la mesa con diferentes actores y poder establecer acuerdos en función de la gobernanza universitaria, el financiamiento del sector y la manera como se va a vincular a los y las docentes en el sistema.

¿Cuáles han sido los puntos donde ha sido más complejo llegar a un consenso?

Es en el tiempo necesario para tener listo el proyecto. Ha sido una conversación sostenida con todos los sectores. La expresión que uso para preguntarles es cuánto tiempo es suficiente, cuánto tiempo necesitan los diferentes sectores para ponerse de acuerdo y tomar decisiones que permitan que la universidad esté cumpliendo con su misión. Otro punto que ha sido retador ha sido la gobernanza de las instituciones de educación superior (IES). En las oficiales se debate el formato de la elección del rector y la rectora, si debe seguir siendo vía consejos superiores universitarios o una elección directa. Esa discusión es bastante robusta. Hay también una discusión importante sobre cómo se destinan los recursos de la nación de manera específica para aumento de cobertura o para fortalecer los procesos de vinculación de los y las maestras.

¿Cuándo se podría conocer ese segundo borrador?

Estamos presentando en algunos sectores el borrador que se generó y hemos solicitado que lo revisen estudiantes, rectores y profesores para que puedan sentirse representados en la versión del artículo que es más importante para cada uno de estos actores. Esperamos que en las próximas semanas podamos compartir los acuerdos que surjan de esas deliberaciones. Una vez surtamos ese proceso de lectura, revisión y compilación, vendrá la radicación y conciliación en el Congreso.

Varios ministerios han tratado de reformar esta norma, ¿cuál es la diferencia de su propuesta?

Los actores del sistema, por el impacto que tuvo la pandemia, están diciendo que no se puede pensar en el éxito profesional si no pensamos en el bienestar, en la salud mental, en la felicidad de las personas a través de mejor alimentación, los programas de salud mental y los de acompañamiento escolar. Por eso tiene dos aspectos clave: el bienestar universitario y la prevención de las violencias basadas en género.

Sobre este tema de las violencias basadas en género, como viceministra de educación superior recolectó los protocolos de las IES. ¿En qué quedó ese tema?

A julio de 2023, de 301 IES requeridas, 274 habían entregado protocolo. Lo que encontramos, por un lado, fue instituciones aún en el proceso de alistarse para tener estos protocolos y, por otro, en universidades como la de Cartagena, una conversación que era necesaria sostener. Lo que estamos viendo en ese plantel es la necesidad de hablar, de contar lo que pasó, de tener una institución que pueda responder a los casos que se han presentado. Ahora estamos haciendo un equilibrio con las instituciones, si los protocolos que presentaron son los que mejor le funcionan, ver quiénes entregaron un protocolo que no les pertenezca, cómo garantizan que entregan uno que sea coherente con el diálogo institucional que se está manteniendo y tratar de integrar esa visión a los proyectos que estamos presentando.

El presidente Petro ha propuesto la construcción de nuevas universidades en San Andrés o La Guajira, y hay muchos críticos a esta propuesta. Dicen que no tiene mucho sentido construir nuevas universidades. ¿Es viable esta propuesta?

No solamente son viables, son necesarias. El indicador del Plan de Espacios Educativos como centro de la vida comunitaria dice sedes, complejos educativos, edificios o mejoramiento de universidades. En ese indicador estamos incluyendo lo que corresponde a mejorar la infraestructura educativa. En departamentos como Arauca, Chocó o La Guajira se necesita fortalecer la oferta, y eso pasa por aumentar las sedes para que estén más cerca de los centros poblados. El relato de que no son necesarias nuevas sedes universitarias es uno muy privilegiado, de quienes están en entornos urbanos que tienen una concentración de universidades y ven que la oferta universitaria diversa es normal. Ese no es el caso de muchas zonas rurales. Estamos garantizando que en esos entornos urbanos de menos privilegios exista una oferta educativa de calidad que permita que no se sigan profundizando esas brechas. Buscamos, por ejemplo, tener una oferta en educación superior agrícola donde hay un entorno rural que permite que la formación sea de esa naturaleza.

¿Cuáles zonas están priorizando?

Estamos privilegiando nuevas sedes en el departamento de Chocó, en las zonas del Darién, del Baudó y de San Juan, donde existe una población que necesita ser formada, pero que no hay condiciones económicas por parte de sus familias para que puedan migrar donde estas universidades están. Entonces, si tenemos lugares donde podemos recibir a 1.000 o 2.000 estudiantes, como sucede en todo el Pacífico, pues es fundamental ofrecer como Gobierno la oportunidad de que se puedan hacer esas sedes y que estas familias puedan tener una oportunidad de formación. (Le puede interesar: Jóvenes a la U: aciertos y reparos al programa bandera de Claudia López)

Para tener claridad, ¿dónde se van a construir esas nuevas universidades y cuántas van a ser?

El indicador con el que estamos trabajando es un poco más de 100 sedes. Hay una base de datos que integra más de 200 proyectos que el Ministerio de Educación ha recibido en respuesta a la invitación que hizo el presidente. Esos proyectos llegaron por la iniciativa de rectores y rectoras que dicen que tienen lotes disponibles o la posibilidad de formar a estudiantes en diferentes regiones, como la Universidad de Nariño, que dice puede ofrecer una sede en Tumaco. Todos esos proyectos para Nariño están en curso y esperamos entregarlos en el transcurso de este semestre.

Hablando de esta meta puntual de las universidades, ¿tiene un estimado de cuánto dinero va a ser la inversión?

En el marco de la estrategia “Universidad en tu Territorio” reservamos $5 billones, que es la inversión que vamos a hacer para garantizar que los proyectos que se han priorizado se puedan materializar. Este año, con una inversión que supera los $600 mil millones, estamos avanzando con 36 proyectos, los cuales tienen una representatividad regional y una urbana. Por ejemplo, estamos avanzando con el Edificio de Artes de la Universidad Nacional, que ya recibió más de $70 mil millones y que estará listo en aproximadamente 20 meses. Estamos avanzando con más de 30 proyectos que se están desarrollando en cada una de estas regiones y que van al ritmo de cada una de estas zonas. Es decir, algunos los veremos pronto en desarrollo o avanzamos en el acompañamiento para que legalicen los lotes, como es el caso de Suárez, o para que garanticen que los predios o la institucionalidad ya está lista, es decir, que permita que la oferta institucional y la oferta de los programas se comience a desarrollar en 2024, como es el caso de Barbacoas.

Otra de las promesas del Gobierno son los 500.000 nuevos cupos, que ha desatado una serie de críticas. Algunos rectores muestran su preocupación y dicen que no se ha abierto un cupo en lo que va de Gobierno. ¿En qué va esta meta?

Los rectores que argumentan que no se ha abierto un solo cupo le deben responder a la nación por los recursos que han recibido vía transferencias que autorizan los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es lo que está haciendo el Gobierno para garantizar que ingresen nuevos estudiantes. Siempre que un rector o una rectora afirme que no se ha creado un solo cupo, debe responderle a la nación por el manejo transparente de los recursos. Solo en el primer período recibieron más de $216.000 millones como transferencias para fortalecer sus bases presupuestales, que debe posibilitar la apertura de nuevos cupos y más de $300.000 millones para fortalecer sus programas de fomento. Ahora, la meta de 2023 ya supera el 50 %. Es decir, que existen estudiantes matriculados, cupos que se materializaron y que ayudan a que esa meta vaya avanzando. Es una afirmación muy delicada y peligrosa decir que no se han creado cupos con una transferencia de recursos tan grande que está haciendo la nación.

¿Cómo tiene previsto cumplir esa meta?

De acuerdo a las concertaciones con el sistema universitario estatal, el SUE, los cálculos que hicieron los rectores y rectoras es que pueden en el cuatrienio garantizar 150.000 cupos. El SENA se comprometió a crear otros 150.000 cupos. Otros 150.000 cupos los están proponiendo la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, la REDTTU y el último grupo para poder cumplir esa meta está entre las instituciones privadas y ESAP. Las instituciones privadas tienen la gran oportunidad, a partir del mecanismo del pago contingente al ingreso, de garantizar que esas personas puedan ingresar al sistema. Es fundamental saber que aún, con el cumplimiento de esos 500.000 cupos, Colombia como país tendría que seguir generando nuevas oportunidades de formación. Si todo sale bien y la cumplimos, estaríamos llevando al país a una tasa de cobertura del 62%, cuando la OCDE propone que tendría que ser del 70%.

Habla de que ya se cumple el 50 % de la meta de 2023. ¿Cuáles son los cupos que se deben alcanzar por año?

Calculamos una meta de 50.000 cupos, y a corte de septiembre, superamos los 26.000. Sabemos que vamos a lograr esta meta de una manera más adecuada, porque todas las instituciones no han terminado de reportar la matrícula de este semestre. Eso quiere decir que en noviembre, cuando volvamos a hacer corte, tendremos una versión mucho más real de quiénes están matriculados. Para 2024, nuestro objetivo es de 100.000 nuevos cupos, en 2025 llegamos a 150.000 y en 2026 finalizaremos con 200.000.

El Ministerio y las entidades aliadas en el último año han tenido una serie de cambios de funcionarios. Alejandro Gaviria, Hernando Bayona, Ana Carolina Quijano y Andrés Molano. ¿Todo esto ha llevado a dificultar el proceso de cumplimiento de las metas?

Los equipos han demostrado que con compromiso y con determinación pueden avanzar en el cumplimiento de las metas del Gobierno, en garantizar que podamos, por ejemplo, seguir con la senda o continuar por la senda de ascenso en la tasa de cobertura. Logramos en este año de gobierno que la tasa de cobertura subiera del 53 al 55 %, y eso lo que está demostrando es que en medio de todos esos cambios hay unos equipos aquí de planta que están determinados en cumplir la promesa del Gobierno Nacional. (Lea también: Paro de profesores de Fecode: ¿por qué marchan este 30 de agosto?)

¿Hay algo más que la trasnoche?

Es importante que como país podamos reflexionar sobre lo que nos pasó esta semana con el debate sobre las personas que están en espectro autista. Debe ser una conversación nacional que se aborda con respeto y no desde la burla. Cuando empecé este trabajo, me vino a visitar un niño, se llama Martín Novoa de 11 años, y una de sus recomendaciones fue que no me olvidara de los niños autistas. Cuando le preguntó por qué, me dijo que él tenía que aprender a incluirse y le pedí un ejemplo. Me dijo que no le gustaba que golpeen las pelotas y si quería jugar con sus amigos debía encontrar una manera en la cual no le molestara el golpe. Se dio cuenta de que si narraba los partidos, podía compartir con sus compañeros, sin que el ruido de la pelota lo molestara. Un niño en Colombia no tendría por qué tener esa carga si el país asume la responsabilidad de comprender la diversidad y los mecanismos de inclusión educativa y de accesibilidad. Me está trasnochando porque sé que hay muchas familias sufriendo, porque se usa una condición como una manera de marcar la falta de credibilidad de una persona para ejercer un cargo.

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