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En la mañana de este martes, 3 de septiembre, el Gobierno tiene previsto presentar un proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que, básicamente, define el dinero que le destina año a año el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). El documento que radicará el Gobierno está basado en el Proyecto de Ley 84 de 2022, que fue radicado el 27 de julio de 2022 en la Cámara de Representantes por los senadores Aida Avella, Jahel Quiroga, Ariel Ávila y Gabriel Becerra; y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Esta propuesta se hundió en esa legislatura.
Como lo ha explicado en estas páginas Pedraza, para elaborar este proyecto se plantearon unas audiencias públicas en varias universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones. “En ellas hubo participación de estudiantes, representantes estudiantiles, profesorales, trabajadores del SUE y, por supuesto, el gobierno, en cabeza del ministerio de Hacienda y el de Educación”, explicó en ese entonces.
Pero, ¿cuál es el problema que persiste en los artículos 86 y 87 de la Ley 30? En esta nota, Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, contaba que la fórmula que se estipulaba allí obligaba al Gobierno a ajustar todos los años el presupuesto únicamente con el valor de la inflación. Esta cifra, advertía, no tenía en cuenta otros factores de gastos en los que incurren anualmente las universidades, como por ejemplo la renovación de infraestructura física y tecnológica, los salarios de docentes y administrativos o el avance en investigación. “Entonces, este modelo hace que las IES públicas reciban lo mismo que hace 30 años”, decía.
Además del error con este cálculo, Lancheros aseguraba que en estos artículos no se tuvo en cuenta a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas y, al no hacerlo, genera que el dinero que se le asigna anualmente a las IES públicas disminuya. Ejemplo de esta situación, contaba Lancheros, “es que en 2002 el porcentaje del PIB que se les destinaba era del 0,5%, mientras que en 2019 ese valor apenas llegaba al 0,4%”. La principal consecuencia de la suma de estos factores es bastante conocida: la desfinanciación progresiva que han tenido las universidades, que se situaba en $18 billones.
¿Qué propone el proyecto de ley que presentará el Gobierno?
El proyecto modifica los artículos 86 y 87. El artículo 2 establece la modificación al artículo 86, señalando que los presupuestos de las universidades públicas se compondrán de transferencias del presupuesto nacional, aportes de entes territoriales y recursos propios y que los aportes se ajustarán anualmente con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y no con base en el IPC, como sucede hoy.
El parágrafo 1 de este artículo señala, sin embargo, que si el ICES es inferior al IPC, los aportes se ajustarán con base al IPC. El parágrafo 3 establece que se asignarán recursos adicionales para aumentar el acceso y la permanencia de estudiantes en educación superior pública, mientras el parágrafo 4 establece que se asignarán recursos para fortalecer las plantas profesorales y administrativas. También se establece un parágrafo transitorio para que en un periodo de 6 meses se recalcule la base presupuestal de las universidades públicas para ajustarla a sus necesidades reales.
Más adelante, el artículo 3 establece la modificación al artículo 87, estableciendo que el Gobierno Nacional aumentará sus aportes a las universidades en al menos el 70% del incremento del PIB. En el parágrafo 2 se establece que el Ministerio de Educación definirá la distribución de estos recursos.
“El financiamiento de la oferta en la educación superior pública requiere, en el caso colombiano, una nueva dinámica que defina las características y limitaciones de la financiación estructural y acuda a nuevos instrumentos, principios y prácticas que la fortalezcan”, se puede leer en el proyecto de articulado. El proyecto reconoce varios problemas en cómo se está financiado la educación superior en Colombia. Por ejemplo, dicen, el artículo 86 de la Ley 30 “establece un crecimiento de las transferencias inercial en pesos constantes (crecimiento por IPC), lo que implica que el incremento de los recursos no responde a la dinámica de los costos de prestación del servicio ni al crecimiento o mejoramiento de las universidades y del sector”.
En otro aparte, se lee que “el esquema actual de financiación promueve la inequidad en la distribución de recursos entre las IES públicas, ya que responde principalmente al comportamiento histórico de las transferencias. No tiene en cuenta las diferencias regionales e institucionales” y agrega, más adelante, que la financiación “no está armonizada en su conjunto con el logro de metas nacionales y sectoriales de mediano y largo plazo”. Con este reconocimiento, el proyecto dice pretender “corregir gradualmente la problemática estructural de financiación” y “disponer recursos recurrentes que fortalezcan el funcionamiento de las IES públicas tanto del nivel nacional como regional”, reconociendo sus particularidades.
Además, propone mecanismos flexibles de distribución de recursos adicionales que “fomenten el mejoramiento continuo de la cobertura, calidad, pertinencia y desempeño institucional”. Se busca que esos nuevos recursos “sean destinados hacia los factores de alta calidad como lo son: la cualificación docente, bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de regionalización, diseño y adecuación de nueva oferta académica y proyectos de investigación”.
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