Estudiantes de la U. los Andes protestan contra matrícula astronómica que supera los $16 millones

Universidad de los Andes. / / Wikimedia - Creative Commons

El 27 de noviembre de 1997, más de doscientos estudiantes de la Universidad de los Andes organizaron un plantón, con recibos de pago en mano, para protestar contra el alza de sus matrículas. Según informó El Tiempo, un año antes, en 1996, ya les habían subido el cuarenta por ciento. A lo largo del año había subido un cuatro por ciento adicional y, para el siguiente año, las directivas habían anunciado un nuevo incremento del veinticuatro por ciento.

“Con las alzas, algunas personas están pagando casi un millón de pesos por mes y esto es completamente absurdo. Esas tarifas no las puede alcanzar una familia normal”, le dijo un profesor de la Universidad a El Tiempo en aquel entonces. Aun así, la respuesta del entonces rector Carlos Angulo, según esa noticia, fue que quienes no pudieran pagar de corrido el monto, lo pagaran fraccionado, pero que ese precio no iba a bajar.

Esas protestas quedaron registradas en la prensa, por históricas: los estudiantes no se pararon de la asamblea permanente en más de 156 horas. Porque pagar un millón de pesos mensuales por un pregrado hace veinte años era un escándalo. Pero, a pesar de la potencia de los plantones, nada cambió. La cifra siguió aumentando y hoy, veinte años después, los estudiantes de la Universidad siguen peleando por lo mismo. Por la misma indignación que les produce pagar una matrícula que equivale a casi tres millones de pesos al mes.

La semana pasada se anunciaron las nuevas alzas anuales en el precio del semestre de la Universidad más costosa del país. En 2007, el semestre regular estaba en $8.165.000 de pesos; este año, en $15.402.000 de pesos y, con los anuncios para 2018, un semestre de pregrado en los Andes costará $16.344.000. Eso para todas las carreras menos Medicina, que desde 2018 costará $23.254.000. Alguien que quiera ser médico uniandino deberá desembolsillar casi cuatro millones de pesos mensuales.

Como en el 97, los estudiantes se han estado organizando. El pasado jueves 16 de noviembre, se llevó a cabo una Asamblea General, coordinada por los estudiantes y apoyada por el Consejo Estudiantil Uniandino (CEU), donde se pusieron sobre la mesa las propuestas y perspectivas posibles frente a la decisión del aumento para, en palabras de Daniela Garzón, presidenta del CEU, “lograr un llamado de atención a las instancias correspondientes. Pagando esa matrícula ustedes como estudiantes tienen derecho a exigirle a la Universidad y al Consejo Estudiantil, están en todo su derecho”, como quedó registrado en el streaming de la asamblea.

Entre las propuestas que se discutieron en esa primera Asamblea, Garzón comunicó algunas de las propuestas para una comunicación más efectiva de las decisiones de aumento de matrículas. Las más importantes: 1) “Que la Universidad adquiera compromisos cuando sube la matrícula, que diga qué se hizo con esa plata al final de año”, 2) Que haya un tope en el aumento, que no supere un cierto porcentaje del pago de ese año 3) Que se “socialicen con la comunidad estudiantil los estados financieros, que haya por lo menos una forma de comunicación en la que se sepa en qué se priorizan las inversiones”, 4) La posibilidad de negociar el porcentaje de aumento adicional al IPC (índice de precios al consumidor), que suele ser del 2 por ciento.

Aun con la presencia del rector Pablo Navas al final de la Asamblea, no hubo acuerdos y algunos estudiantes, todavía inconformes, han decidido movilizarse. Este miércoles 22 de noviembre a mediodía, la Asamblea Estudiantil Uniandina, otro colectivo de alumnos de la Universidad, ha convocado en diversos puntos del campus “El carnaval del descontento”, una serie de manifestaciones culturales en respuesta a la decisión (arte, música y baile).

Además, según Simón Jurado, líder estudiantil, el jueves y el viernes se llevarán a cabo diversas asambleas por departamentos y se organizará una mesa redonda el viernes con diferentes representantes, profesores y directivas para alzar su voz de protesta contra la decisión, que consideran “arbitraria e injustificada”.

Veremos si, como en el 97, todo sigue igual.