Fecode convoca a un paro nacional de un día en rechazo a la ley estatutaria de educación

El principal sindicato del magisterio en Colombia está subiendo el tono de rechazo frente al proyecto de ley estatutaria de educación que está a punto de convertirse en ley, con solo un debate pendiente en la plenaria de Senado. El proyecto se destrabó después de que el Gobierno y la oposición lograran un acuerdo el pasado 5 de junio, introduciendo varias enmiendas al texto original, cambios que ahora Fecode rechaza y por los que está convocando a un paro nacional de un día el próximo miércoles 12 de junio.

Algunas de esas enmiendas las explicamos hace unos días en este periódico y tienen que ver con el papel de la educación terciaria (que para Fecode se crea “sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad académica”), la financiación de la educación superior (que ya no iría solo para las instituciones públicas), y la autonomía universitaria. “La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias preposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas”, dice el sindicato en un comunicado público.

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Fecode critica que el proyecto incorpora “un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma, bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación”. Agrega que el proyecto, tal cual está escrito hoy, “golpea los fines y objetivos de la educación”, reafirmando, dice, el enfoque basado en competencias y “negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria”.

Además, dice el magisterio, el texto que llegará a cuarto debate, “restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia”. Finalmente, para este sector del magisterio, la ley incluiría un mandato de los organismos multilaterales de “subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica”

Respecto a esto último, Fecode agrega que dicho desempeño depende no solo de la práctica pedagógica, “sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado”. El sindicato le pide al gobierno no permitir la aprobación de esta ley (pese a que fue el propio Ministerio de Educación el que negoció y aprobó estas enmiendas) y que proceda a “generar una amplia movilización alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental”.

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El sindicato plantea tener una junta nacional el 12 de junio para seguir consolidando su posición.

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Algunas de esas enmiendas las explicamos hace unos días en este periódico y tienen que ver con el papel de la educación terciaria (que para Fecode se crea “sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad académica”), la financiación de la educación superior (que ya no iría solo para las instituciones públicas), y la autonomía universitaria. “La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias preposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas”, dice el sindicato en un comunicado público.

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Fecode critica que el proyecto incorpora “un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma, bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación”. Agrega que el proyecto, tal cual está escrito hoy, “golpea los fines y objetivos de la educación”, reafirmando, dice, el enfoque basado en competencias y “negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria”.

Además, dice el magisterio, el texto que llegará a cuarto debate, “restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia”. Finalmente, para este sector del magisterio, la ley incluiría un mandato de los organismos multilaterales de “subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica”

Respecto a esto último, Fecode agrega que dicho desempeño depende no solo de la práctica pedagógica, “sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado”. El sindicato le pide al gobierno no permitir la aprobación de esta ley (pese a que fue el propio Ministerio de Educación el que negoció y aprobó estas enmiendas) y que proceda a “generar una amplia movilización alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental”.

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