Giro de 180 grados en el Icetex: así cambiará el cobro de sus créditos
Como resultado de la movilización estudiantil de 2018, se planteó una reforma al Icetex que, entre otras cosas, buscaba transformar la forma de pago de quienes reciben créditos. Ahora, las cuotas estarán sujetas al salario de cada deudor. ¿Funcionará esta modalidad en el país?
Paula Casas Mogollón
En las últimas semanas ha aparecido una propaganda en televisión del Icetex, en la que se anuncia una nueva forma de pagar los créditos educativos que ofrece. En la publicidad incentiva a los estudiantes a continuar con su educación sin tener el miedo a ese “coco” de los intereses generados por las cuotas de créditos del Icetex. A lo que se refiere es al cambio que hará un nuevo decreto en la entidad y que modifica la forma en que se cobran los créditos: ahora los préstamos estarán sujetos al sueldo de cada deudor.
Lo primero que hay que entender, antes de explicar este nuevo mecanismo, es cómo funciona hoy la financiación con el Icetex. A grandes rasgos, cuando una persona adquiere un crédito, la entidad establece el monto de capital que debe pagar y los meses en los que va a hacer el pago. A partir de ahí se calcula la cuota. Es una suma fija mensual y no depende de si el estudiante trabaja o no, o si está estudiando un posgrado. Hasta el momento, más de 890 mil estudiantes son beneficiarios, pero varios movimientos alegan que las tasas de interés son altas y que adquieren deudas “eternas”. (Puede leer: Inasistencia escolar en Colombia se redujo 10,9 % entre 2020 y 2021)
Ante estos reclamos, y como resultado de la movilización estudiantil de 2018, se planteó una reforma al Icetex, que fue recogida en el proyecto de ley 417 de 2021. En este documento, y como parte de los compromisos establecidos en la mesa de trabajo del paro de hace cuatro años, se propuso una transformación en la forma de pago. Como resultado, ahora ya no estará sujeto a una cuota mensual, sino al ingreso mensual de cada deudor. Es decir, si un deudor gana más de un salario mínimo, a partir de ese mes empieza a generarse el cobro del crédito. Por ejemplo, si gana entre 1 y 2 salarios mínimos, y tiene una deuda menor de $24 millones, la tarifa de retención de su salario sería del 11 %.
Como explicó Manuel Acevedo, presidente del Icetex, “si hay meses en los que el beneficiario del crédito no trabaja, no se le cobra y tampoco entra en mora. Solamente lo pagará cuando la persona tenga el ingreso suficiente para poderlo hacer”. El objetivo, añade, es que en comparación a la forma en la que se cobran los créditos en la actualidad, se genere un descuento de hasta 32% en el valor de los intereses. (Le puede interesar: Colombia, segundo país con nivel de bullying escolar más alto en Latinoamérica)
Este nuevo mecanismo, llamado Pago Contingente al Ingreso (PCI), fue creado por el australiano Bruce Champan y lleva tres décadas de experiencia en países como Australia (que fue el primero en implementarlo en 1989), Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda. “La implementación en los países que lo han desarrollado varía en su estructura, pero tienen el mismo fundamento: el reembolso una vez finalice el estudio y cuando ya el usuario garantice un ingreso. Además, no afecta su capacidad económica y elimina el concepto de mora”, señaló Chapman en un evento que organizó Icetex hace unos días.
La idea es que luego de incorporar los comentarios recibidos, el decreto pase a la oficina jurídica de Presidencia y sea sancionado por Iván Duque. Una vez firmado el decreto se establece un plazo de seis meses para que el Icetex pueda adaptar toda su infraestructura tecnológica. “Con esta nueva modalidad hay la posibilidad de otorgar 10.000 nuevos créditos cada año”, comenta Acevedo. (También puede leer: Universidad del Norte entregó doctorado honoris causa al historiador Malcolm Deas)
Pero esta no es la primera vez que se sugiere este cobro en el país. Con la ley 1911 de 2018 “se creó la contribución solidaria a la educación superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos para lograr la financiación sostenible”. Una ley que, dice Acevedo, tenía inconvenientes. “Primero, requería crear un fondo para el cual no había recursos. Establecía, además, que el umbral que se necesitaba para cobrar era medio salario mínimo. Y, decía, taxativamente, ‘se prohíbe que los créditos otorgados por Icetex o que otorgue a futuro se transfieran a esta modalidad’”, apuntó.
En palabras de Orlando Acosta, profesor de la U. Nacional de Colombia e integrante de la Comisión de Reforma del Icetex, esto quiere decir que las personas pagarán el costo real de su educación cuando terminen sus estudios y trabajen. “A manera de impuesto, pagarán una cuantía proporcional a sus ingresos, que será de 12, 15 o 19 % para medio, uno o más de dos salarios mínimos, respectivamente”, explicó. La idea es que luego de varios años, este fondo de financiación contingente al ingreso sea autosostenible. (Puede leer: Universidad Santo Tomás confirma que sí le robaron $6 mil millones)
¿Quién puede acceder a estos créditos? De acuerdo con Acevedo, esta modalidad requiere un intercambio de información, principalmente con la DIAN, que es la entidad encargada de reportar los ingresos de cada persona. “Estos datos se comparten con el Icetex para que pueda determinarse el monto a pagar”, añade. También se darán beneficios a los jóvenes que tengan resultados sobresalientes en las pruebas Saber Pro, destacados en deporte, cultura y ciencia, tecnología e innovación, “que presenten excelente comportamiento de pago o reembolso anticipado. Se espera que sean 80.000 usuarios con dificultades”, señaló.
Los peros en la implementación
Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior de la U. Nacional, aseguró que este decreto representa una ayuda para todos los endeudados, principalmente porque no se les va a pedir codeudores sino que será el estudiante el que tendrá que pagar su educación cuando se gradúe. Tendrán, además, un plazo máximo de 20 años para que, si no ha pagado su deuda, se le condone. Esto, anotó, es un alivio, pues no los van a reportar en las agencias de riesgo como ha sucedido hasta el momento.
Pero, advirtió Mora, hay varias cosas que se deben tener en cuenta. “Por ejemplo, no se sabe si ese modelo funciona bien en Colombia, que tiene tasas de desempleo del 12,9 %, cuya informalidad es superior al 50 % y donde hay un subempleo elevado”. Otro punto que es problemático para Mora es que el dinero se descontará del salario directamente, como si pagara salud o pensión. “Es factible que cuando ese salario disminuya se le dificulte acceder a otros tipos de crédito importantes, como el de vivienda”, aseveró. (Puede interesarle: La U. de Harvard apoyó la esclavitud. Ahora quiere resarcirse con US $100 millones)
“Esta reforma muestra un interés gubernamental porque se siga financiando vía ‘crédito educativo’ el acceso a la educación superior, sin resolver los problemas de desfinanciamiento estructural que tienen las universidades públicas, que es de cerca de $18 billones”, añadió. Además, para él, no se sabe cuándo será sostenible este fondo.
“Seguramente, hasta dentro de mínimo unos 10 años se podrá evaluar realmente qué tan viable es la propuesta. Son recursos que podrían estar destinándose a las instituciones públicas”, anotó.
El escenario, como cuenta Acosta, hoy es un poco complejo: “Debido a la insuficiente financiación de la educación superior pública, cerca del 90 % de los aspirantes no puede acceder a ellas por falta de cupos (...) Es decir, más del 88% de los recursos representados por los créditos van a las instituciones privadas”.
En las últimas semanas ha aparecido una propaganda en televisión del Icetex, en la que se anuncia una nueva forma de pagar los créditos educativos que ofrece. En la publicidad incentiva a los estudiantes a continuar con su educación sin tener el miedo a ese “coco” de los intereses generados por las cuotas de créditos del Icetex. A lo que se refiere es al cambio que hará un nuevo decreto en la entidad y que modifica la forma en que se cobran los créditos: ahora los préstamos estarán sujetos al sueldo de cada deudor.
Lo primero que hay que entender, antes de explicar este nuevo mecanismo, es cómo funciona hoy la financiación con el Icetex. A grandes rasgos, cuando una persona adquiere un crédito, la entidad establece el monto de capital que debe pagar y los meses en los que va a hacer el pago. A partir de ahí se calcula la cuota. Es una suma fija mensual y no depende de si el estudiante trabaja o no, o si está estudiando un posgrado. Hasta el momento, más de 890 mil estudiantes son beneficiarios, pero varios movimientos alegan que las tasas de interés son altas y que adquieren deudas “eternas”. (Puede leer: Inasistencia escolar en Colombia se redujo 10,9 % entre 2020 y 2021)
Ante estos reclamos, y como resultado de la movilización estudiantil de 2018, se planteó una reforma al Icetex, que fue recogida en el proyecto de ley 417 de 2021. En este documento, y como parte de los compromisos establecidos en la mesa de trabajo del paro de hace cuatro años, se propuso una transformación en la forma de pago. Como resultado, ahora ya no estará sujeto a una cuota mensual, sino al ingreso mensual de cada deudor. Es decir, si un deudor gana más de un salario mínimo, a partir de ese mes empieza a generarse el cobro del crédito. Por ejemplo, si gana entre 1 y 2 salarios mínimos, y tiene una deuda menor de $24 millones, la tarifa de retención de su salario sería del 11 %.
Como explicó Manuel Acevedo, presidente del Icetex, “si hay meses en los que el beneficiario del crédito no trabaja, no se le cobra y tampoco entra en mora. Solamente lo pagará cuando la persona tenga el ingreso suficiente para poderlo hacer”. El objetivo, añade, es que en comparación a la forma en la que se cobran los créditos en la actualidad, se genere un descuento de hasta 32% en el valor de los intereses. (Le puede interesar: Colombia, segundo país con nivel de bullying escolar más alto en Latinoamérica)
Este nuevo mecanismo, llamado Pago Contingente al Ingreso (PCI), fue creado por el australiano Bruce Champan y lleva tres décadas de experiencia en países como Australia (que fue el primero en implementarlo en 1989), Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda. “La implementación en los países que lo han desarrollado varía en su estructura, pero tienen el mismo fundamento: el reembolso una vez finalice el estudio y cuando ya el usuario garantice un ingreso. Además, no afecta su capacidad económica y elimina el concepto de mora”, señaló Chapman en un evento que organizó Icetex hace unos días.
La idea es que luego de incorporar los comentarios recibidos, el decreto pase a la oficina jurídica de Presidencia y sea sancionado por Iván Duque. Una vez firmado el decreto se establece un plazo de seis meses para que el Icetex pueda adaptar toda su infraestructura tecnológica. “Con esta nueva modalidad hay la posibilidad de otorgar 10.000 nuevos créditos cada año”, comenta Acevedo. (También puede leer: Universidad del Norte entregó doctorado honoris causa al historiador Malcolm Deas)
Pero esta no es la primera vez que se sugiere este cobro en el país. Con la ley 1911 de 2018 “se creó la contribución solidaria a la educación superior y se dictan otras disposiciones sobre los mecanismos para lograr la financiación sostenible”. Una ley que, dice Acevedo, tenía inconvenientes. “Primero, requería crear un fondo para el cual no había recursos. Establecía, además, que el umbral que se necesitaba para cobrar era medio salario mínimo. Y, decía, taxativamente, ‘se prohíbe que los créditos otorgados por Icetex o que otorgue a futuro se transfieran a esta modalidad’”, apuntó.
En palabras de Orlando Acosta, profesor de la U. Nacional de Colombia e integrante de la Comisión de Reforma del Icetex, esto quiere decir que las personas pagarán el costo real de su educación cuando terminen sus estudios y trabajen. “A manera de impuesto, pagarán una cuantía proporcional a sus ingresos, que será de 12, 15 o 19 % para medio, uno o más de dos salarios mínimos, respectivamente”, explicó. La idea es que luego de varios años, este fondo de financiación contingente al ingreso sea autosostenible. (Puede leer: Universidad Santo Tomás confirma que sí le robaron $6 mil millones)
¿Quién puede acceder a estos créditos? De acuerdo con Acevedo, esta modalidad requiere un intercambio de información, principalmente con la DIAN, que es la entidad encargada de reportar los ingresos de cada persona. “Estos datos se comparten con el Icetex para que pueda determinarse el monto a pagar”, añade. También se darán beneficios a los jóvenes que tengan resultados sobresalientes en las pruebas Saber Pro, destacados en deporte, cultura y ciencia, tecnología e innovación, “que presenten excelente comportamiento de pago o reembolso anticipado. Se espera que sean 80.000 usuarios con dificultades”, señaló.
Los peros en la implementación
Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior de la U. Nacional, aseguró que este decreto representa una ayuda para todos los endeudados, principalmente porque no se les va a pedir codeudores sino que será el estudiante el que tendrá que pagar su educación cuando se gradúe. Tendrán, además, un plazo máximo de 20 años para que, si no ha pagado su deuda, se le condone. Esto, anotó, es un alivio, pues no los van a reportar en las agencias de riesgo como ha sucedido hasta el momento.
Pero, advirtió Mora, hay varias cosas que se deben tener en cuenta. “Por ejemplo, no se sabe si ese modelo funciona bien en Colombia, que tiene tasas de desempleo del 12,9 %, cuya informalidad es superior al 50 % y donde hay un subempleo elevado”. Otro punto que es problemático para Mora es que el dinero se descontará del salario directamente, como si pagara salud o pensión. “Es factible que cuando ese salario disminuya se le dificulte acceder a otros tipos de crédito importantes, como el de vivienda”, aseveró. (Puede interesarle: La U. de Harvard apoyó la esclavitud. Ahora quiere resarcirse con US $100 millones)
“Esta reforma muestra un interés gubernamental porque se siga financiando vía ‘crédito educativo’ el acceso a la educación superior, sin resolver los problemas de desfinanciamiento estructural que tienen las universidades públicas, que es de cerca de $18 billones”, añadió. Además, para él, no se sabe cuándo será sostenible este fondo.
“Seguramente, hasta dentro de mínimo unos 10 años se podrá evaluar realmente qué tan viable es la propuesta. Son recursos que podrían estar destinándose a las instituciones públicas”, anotó.
El escenario, como cuenta Acosta, hoy es un poco complejo: “Debido a la insuficiente financiación de la educación superior pública, cerca del 90 % de los aspirantes no puede acceder a ellas por falta de cupos (...) Es decir, más del 88% de los recursos representados por los créditos van a las instituciones privadas”.