El Gobierno, en cabeza del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, acaba de radicar su principal apuesta en educación para esta legislación. Se trata de un proyecto de ley que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, en los cuales se establece la “fórmula” que define el dinero que le destina año a año el Gobierno a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES).
Este proyecto, llamado ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’, según explicó Rojas Medellín, “es el primer paso hacia la reforma integral de la ley 30, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo”.
Entre las principales apuestas de este proyecto, como lo contamos en esta nota, está la modificación del esquema de financiación para las IES públicas. Por eso, desde la cartera proponen que en los próximos 15 años se alcance una inversión del 1% del PIB en la educación superior del país.
Además, establece que los presupuestos de las universidades públicas se compondrán de transferencias del presupuesto nacional, aportes de entes territoriales y recursos propios y que los aportes se ajustarán anualmente con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y no con base en el IPC, como sucede en la actualidad.
Pero, en caso de que el ICES sea inferior al IPC, los aportes se ajustarán con base en el IPC. De hecho, en el parágrafo tres se estipula que se asignarán recursos adicionales para aumentar el acceso y la permanencia de estudiantes en educación superior pública. También se plantea, en el parágrafo cuatro, que se asignarán recursos para fortalecer las plantas profesorales y administrativas.
Para Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), la radicación de este proyecto de ley es positiva porque, a sus ojos, es una reivindicación al trabajo de más de 20 años del sistema universitario estatal. En su opinión, este nuevo modelo va a “garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas de aquí en adelante. Sobre todo en este momento, cuando estamos viendo ya las consecuencias de ese desfinanciamiento estructural histórico”. Un ejemplo es el caso de la Universidad de Antioquia, donde está planteando reducir la planta de docentes de cátedra e incluso vender parte de sus bienes para aumentar su disponibilidad de recursos económicos.
El documento presentado está basado en el Proyecto de Ley 84 de 2022, que fue radicado el 27 de julio de 2022 en la Cámara de Representantes por los senadores Aida Avella, Jahel Quiroga, Ariel Ávila y Gabriel Becerra; y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Esta propuesta se hundió en esa legislatura.
Según cuenta Pedraza, para elaborar este proyecto se plantearon unas audiencias públicas en varias universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones. “En ellas hubo participación de estudiantes, representantes estudiantiles, profesorales, trabajadores del SUE y, por supuesto, el gobierno, en cabeza del ministerio de Hacienda y el de Educación”, explica.
Sin embargo, anota que en este nuevo documento eliminaron algunos apartados del texto original, que, en su opinión, son esenciales para la reforma. “Tenía frases muy importantes que hacían referencia a que cualquier responsabilidad que el ejecutivo o el Congreso ponga sobre las universidades públicas vaya acompañada de recursos”, dice y explica que un ejemplo de esto es la meta de los 500.000 nuevos cupos en educación superior, pues establece el objetivo, pero no deja claro qué dinero se destinará para este.
Otro de los apartados que Pedraza buscará incluir de nuevo en el documento tiene que ver con la distribución de los recursos enfocada para el cierre de brechas. Este punto, aclara, es sin recortarle recursos a las universidades que hoy reciben más dinero.
Andrés Mora, vicerrector general de la Universidad Nacional, también señala que se le puede hacer algunos ajustes al documento final y apunta a que desde la institución ven con buenos ojos esta reforma, porque responde a una demanda histórica del movimiento estudiantil y profesoral.
Entre los ajustes que plantea está el de ser más explícito en la meta de que la educación superior pública debería contar con recursos equivalentes, como mínimo, al 1% del PIB. “En general, creemos que es muy importante que algunos de los elementos que están incluidos como parágrafos sean definitivamente artículos, o sea, unos ajustes menores para que tengan mucha más fuerza”, añade.
La expectativa en este proyecto de ley, dice Mora, quien fue director de Fomento del Ministerio de Educación, es alta, pues más de 60 congresistas firmaron el documento final, entre ellos varios de oposición y de la bancada de Gobierno. “Hay muchos elementos que nos permiten pensar que alrededor de este tema hay un consenso”, añade.
El ministro Rojas, por su parte, asegura que en esta oportunidad hay un consenso más amplio. Mientras el proyecto de ley avanza, anota, para evitar que el desfinanciamiento sea más crítico en las universidades públicas, el Gobierno dispuso recursos del Presupuesto General de la Nación, que vienen aumentando por encima del IPC, en este momento nueve puntos por encima.
“Hacemos un llamado también a los entes territoriales, a las distintas instancias en las regiones, para que no les corten los giros a las universidades públicas, ni les corten tampoco las contrataciones”, añade Rojas.
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