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El Consejo Directivo del Fomag, conformado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Fiduprevisora y los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, llegó a un acuerdo sobre el futuro del modelo de salud de los profesores y profesoras del Estado.
De acuerdo con la ministra de Educación, Aurora Vergara, el modelo “integra la salud y la seguridad en el trabajo”. La apuesta, continuó la ministra, busca “dignificar la labor docente, dignificar su vida y las de sus familias”.
Por su parte, el sindicato afirmó que “Fecode, en este compromiso con la salud y la vida de los maestros, maestras y beneficiarios, hemos aportado en la construcción de este modelo y por esto hoy reiteramos este compromiso desde la Federación con el Magisterio Colombiano”.
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“El nuevo modelo de salud arrancará desde ya para para empezar a trabajar sobre el mejoramiento de las condiciones de salud de los maestros y sus beneficiarios”, agregó la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez.
La negociación entre el gobierno y el sindicato de profesores se venía adelantando desde diciembre de 2023, tras una fase de diagnóstico y mesas técnicas.
Algunos datos para dimensionar lo que estaba en juego: el magisterio tiene 818.960 afiliados, 401.114 son mayores de 50 años (48,9 %) y 113.789 (13,89 %) son mayores de 69 años. Su salud está a cargo de tres grandes actores: el FOMAG, una gran bolsa de recursos que reúne los dineros de pensión, cesantías y cotizaciones de los docentes, pero que no administra esa plata. Para eso, contrata a la Fiduprevisora, una fiducia de la cual el Estado es socio mayoritario y responsable de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores, que son el tercer actor.
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Los operadores son en su mayoría uniones temporales de hospitales y clínicas que se agrupan para participar de la licitación. Para organizar la gestión, el sistema divide al país en 10 regiones, como Huila-Tolima, Cauca-Valle del Cauca o Antioquia-Chocó.
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La propuesta del Ministerio de Salud incluía cambios con respecto al modelo actual. El más importante era la eliminación, en la práctica, de los operadores. Cuando el presidente decidió suspender la licitación de la contratación, tenía antecedentes importantes: se suponía que ese proceso de contratación se hace cada cuatro o cinco años, pero la última vez fue hace seis. Desde entonces, los mismos operadores han seguido trabajando a través de prórrogas en la licitación (Petro ordenó una tercera), que comenzó el 24 de mayo y debía terminar este mes.
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