A través de un comunicado, el ICFES se pronunció sobre las denuncias que hizo el sindicato de la entidad, y que este medio dio a conocer en esta nota, por las irregularidades en la contratación. Los casos están relacionados con la contratación directa de empresas involucradas en supuestos casos de corrupción y un posible tráfico de influencias en la entidad dirigida por Elizabeth Blandón, directora del ICFES desde agosto de 2023.
Según la entidad, los contratos que se han hecho hasta el momento, “fueron resultado de procesos transparentes y objetivos, los cuales contaron con su respectivo estudio de mercado por parte del ICFES, y en cumplimiento de todos los requisitos y normativos aplicables”, mencionan en el comunicado.
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El instituto dice que ha seguido la normatividad y requisitos legales, y que no han sido notificados por ningún organismo de control. “Estamos como siempre, dispuestos a entregar la información oficial y verídica de nuestra transparencia y ejecución de lo actuado, reconociendo que es un derecho de la ciudadanía y la opinión pública”, agregan.
Las denuncias han surgido por varios contratos que se han celebrado recientemente. Uno de estos fue que el hicieron en marzo de este año con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL) por $3.600 millones para “fábrica de software y fábrica de pruebas para los proyectos de transformación digital del Icfes”. Este fue entregado directamente por convenio interadministrativo ya que EMTEL es una entidad mixta con 99 % de participación de la Alcaldía de Popayán.
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EMTEL ha estado involucrada en escándalos de corrupción e incluso Jorge Hernández Gómez, su exgerente, fue capturado por la Fiscalía en 2022 por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio firmado entre la empresa y la Alcaldía de Buenaventura para llevar internet, por medio de SIM cards, a varios colegios de la zona rural. La Fiscalía encontró que en ese momento, en medio de la pandemia, las escuelas estaban cerradas y no había nadie usando el internet contratado.
Estas presuntas irregularidades se suman a los cuestionamientos de la directora del ICFES. Una de las razones por las que hay inconformidad con ella, es que al menos dos de los funcionarios y contratistas que nombró en direcciones, subdirecciones y oficinas asesoras, tendrían vínculos con el exsenador liberal y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, recientemente acusado de fraude por haber falsificado su título de abogado.
Ante este panorama, el ICFES solicitó a los entes de control y demás autoridades competentes que les brinden acompañamiento e intervención con celeridad, para darle tranquilidad a la ciudadanía.