Chile acaba de lanzar un nuevo mecanismo para financiar el acceso a la educación superior, basado en Financiación Contingente al Ingreso (FCI). El mecanismo anterior era el Crédito con Aval del Estado, bajo el cual este y las instituciones de educación superior, servían de garantes ante los bancos comerciales de aquellos estudiantes con mérito académico y bajos recursos económicos para el pago de su matrícula, con una tasa de interés fija y subsidiada y además con la opción de pagar la deuda una vez terminaran sus estudios. Solo las instituciones de educación superior acreditadas podían participar y el Gobierno establecía un valor máximo de matrícula tanto para instituciones oficiales como privadas.
Es difícil que un banco privado le preste a un joven para financiar su matrícula en educación superior, pues generalmente no trabaja, no tiene ingresos y a diferencia de un crédito hipotecario, el capital humano (conocimiento adquirido) no se puede embargar. Es por ello que, por ejemplo, en países como Chile el Estado era el garante de los créditos estudiantiles. En Colombia existe el Icetex, una entidad pública que hace las veces de banco o financiador de los estudiantes para acceder a la educación superior.
La Financiación Contingente al Ingreso se ha implementado con muy buenos resultados en países como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Hungría. Funciona así con algunas variantes: el Gobierno destina unos recursos y crea un fondo. Con estos recursos paga la matrícula de pregrado de los estudiantes beneficiados tanto en instituciones oficiales como privadas. Cuando el estudiante se gradúe y comience a devengar ingresos, se le descuenta un porcentaje de su salario para devolver al fondo durante un tiempo determinado. En algunos países, además de la matrícula, se otorga dinero para cubrir el sostenimiento y los materiales durante la época de estudio a estudiantes que lo requieran. En otros casos, se priorizan estudiantes que tengan necesidades económicas y/o tengan buen desempeño académico. Hay países donde solo se financian carreras que tengan altos retornos salariales. En otros, los estudiantes deben retornar periódicamente una suma pequeña de dinero durante su época de estudios para fomentar la cultura del pago. Por mérito académico se pueden hacer condonaciones totales o parciales.
La FCI tiene varias ventajas. Es un sistema solidario, pues en la medida en que los estudiantes se gradúan y comienzan a recibir ingresos, retornan dinero al fondo para que otros puedan estudiar. No hay créditos individuales ni tasas de interés, por tanto, no hay deuda. Los beneficiarios devuelven un porcentaje de sus ingresos durante un tiempo determinado, lo que disminuye la presión al estudiante beneficiario y a su familia.
En el caso de Chile se estableció que la retribución mensual no puede ser superior al 8% de los ingresos y que el tiempo de retribución al fondo sería proporcional al tiempo de estudio. Algunos beneficiarios retornarán menos que lo que recibieron para financiar sus estudios. Es un mecanismo que promueve la equidad, pues se paga dependiendo de los ingresos recibidos, es decir, aquellos que más ingreso devenguen, devuelven al fondo un mayor monto y aquellos que ganan poco contribuyen menos. En momentos en los cuales el beneficiario se quede sin trabajo no tiene que retornar dinero. Es un mecanismo más sostenible para el Estado, en comparación con la gratuidad, especialmente en países donde hay fuertes restricciones de recursos. Además, porque el valor de la retribución mensual que debe hacer el beneficiario se hace por descuento directo de nómina del empleador al fondo del Estado.
La desventaja de la FCI se da en coyunturas de alta deserción académica y/o alta informalidad laboral, pues se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del fondo si muchos beneficiarios no retornan dinero al fondo. Para reducir este riesgo, se debe asegurar un buen balance entre beneficiarios de diversas características académicas y socioeconómicas, instituciones, disciplinas y niveles de formación (carreras técnicas, tecnológicas y profesionales). Además, en algunos países las universidades participantes responden por los estudiantes desertores.
En Colombia, la Ley 1911 de 2018 creó la normativa necesaria para implementar este mecanismo de financiación contingente al ingreso para el acceso a la educación superior y el decreto 1009 de 2022 lo reglamentó. El Icetex sería el administrador de este fondo. Desafortunadamente, el actual gobierno prefirió apostarle a una política de gratuidad para acceder a instituciones de educación superior oficiales, aun cuando no es claro de donde saldrán los recursos para respaldar a largo plazo esta política.
Implementar un mecanismo de FCI similar al que acaba de lanzar el gobierno de Chile permitiría diversificar las fuentes de financiamiento para la educación superior, aliviando la presión fiscal sobre el Estado y asegurando la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Además, ofrecería una alternativa más justa y eficiente, donde los pagos se ajustan a la realidad económica de los egresados, fomentando el acceso sin generar endeudamiento ni pagos excesivos, y sin subsidiar a personas que pueden pagar parte o todos sus estudios. De esta manera, Colombia podría garantizar que quienes acceden a la educación superior tengan la libertad de elegir sus carreras sin miedo a una deuda impagable, al tiempo que el sistema educativo mantiene su expansión sin comprometer su calidad ni depender exclusivamente de recursos públicos inciertos.
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Universidad Javeriana.
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