Integrantes de 10 universidades públicas denunciaron presunta corrupción
En el Congreso de la República se llevó a cabo una audiencia sobre antidemocracia y corrupción en la educación superior pública. La Universidad de Cartagena, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad del Valle fueron algunas de las mencionadas. ¿Qué se denunció?
Podría haber presunta corrupción en algunas universidades públicas. Así se aseguró este 20 de febrero en el Congreso de la República en la audiencia pública “Antidemocracia y corrupción en las Universidades Públicas”, en el que se mencionó el nombre de instituciones como la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de la Amazonía y la Universidad del Valle.
Los congresistas del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca y Gabriel Becerra, entregaron hoy a delegados de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General un documento con la recopilación de denuncias por presunta corrupción recibidas por la comunidad académica. (Lea también: “Crear una Superintendencia de Educación aumentaría la burocracia”: José Consuegra).
Dado el caso, esto podría conllevar a la apertura de las respectivas investigaciones por probables faltas, irregularidades e incluso comisión de delitos por acción u omisión.
La audiencia, realizada en el Salón Elíptico del Congreso, contó con la presencia de más de 10 universidades públicas del país. Allí dieron su opinión funcionarios públicos y estudiantes de pregrado, quienes se manifestaron, por ejemplo, respecto a la acusación de un presunto carrusel de puntos salariales en la Universidad Francisco de Paula Santander.
También se mencionó la supuesta toma administrativa por parte de clanes políticos en la Universidad de la Amazonía, y la presunta violación de la autonomía en la Universidad del Valle a partir del estatuto general.
“En este momento tenemos un problema grande en nuestra institución, y es que la Universidad, se ha convertido en un fortín político de algunos clanes que existen en nuestro departamento. Pero también queremos evidenciar varios casos de corrupción en algunos contratos que se han firmado en nuestra alma mater y el hecho que a la fecha hayan cerrado 22 programas del alma mater, lo que afecta directamente a las y los estudiantes de la región” declaró una estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de la Amazonía. (Lea también: PND: rectores de las universidades del país apoyan la meta de 500 mil nuevos cupos).
Igualmente, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia denunciaron posibles malos manejos de los recursos públicos y se declararon víctimas de la injerencia de los partidos políticos, en términos de burocracia y en las relaciones académicas que se dan al interior del campus.
Algunos integrantes de la Universidad de Cartagena también manifestaron su preocupación tras declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que este claustro educativo servía como infraestructura financiera del Clan del Golfo.
“Hemos solicitado al Ministerio de Educación que se declare a la comunidad universitaria como sujeto colectivo del conflicto armado, con el fin de esclarecer la verdad de lo que ha pasado en el estamento educativo y brindar garantías de reparación y no repetición”, dijeron los estudiantes de la Universidad de Cartagena.
Podría haber presunta corrupción en algunas universidades públicas. Así se aseguró este 20 de febrero en el Congreso de la República en la audiencia pública “Antidemocracia y corrupción en las Universidades Públicas”, en el que se mencionó el nombre de instituciones como la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de la Amazonía y la Universidad del Valle.
Los congresistas del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca y Gabriel Becerra, entregaron hoy a delegados de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General un documento con la recopilación de denuncias por presunta corrupción recibidas por la comunidad académica. (Lea también: “Crear una Superintendencia de Educación aumentaría la burocracia”: José Consuegra).
Dado el caso, esto podría conllevar a la apertura de las respectivas investigaciones por probables faltas, irregularidades e incluso comisión de delitos por acción u omisión.
La audiencia, realizada en el Salón Elíptico del Congreso, contó con la presencia de más de 10 universidades públicas del país. Allí dieron su opinión funcionarios públicos y estudiantes de pregrado, quienes se manifestaron, por ejemplo, respecto a la acusación de un presunto carrusel de puntos salariales en la Universidad Francisco de Paula Santander.
También se mencionó la supuesta toma administrativa por parte de clanes políticos en la Universidad de la Amazonía, y la presunta violación de la autonomía en la Universidad del Valle a partir del estatuto general.
“En este momento tenemos un problema grande en nuestra institución, y es que la Universidad, se ha convertido en un fortín político de algunos clanes que existen en nuestro departamento. Pero también queremos evidenciar varios casos de corrupción en algunos contratos que se han firmado en nuestra alma mater y el hecho que a la fecha hayan cerrado 22 programas del alma mater, lo que afecta directamente a las y los estudiantes de la región” declaró una estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de la Amazonía. (Lea también: PND: rectores de las universidades del país apoyan la meta de 500 mil nuevos cupos).
Igualmente, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia denunciaron posibles malos manejos de los recursos públicos y se declararon víctimas de la injerencia de los partidos políticos, en términos de burocracia y en las relaciones académicas que se dan al interior del campus.
Algunos integrantes de la Universidad de Cartagena también manifestaron su preocupación tras declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que este claustro educativo servía como infraestructura financiera del Clan del Golfo.
“Hemos solicitado al Ministerio de Educación que se declare a la comunidad universitaria como sujeto colectivo del conflicto armado, con el fin de esclarecer la verdad de lo que ha pasado en el estamento educativo y brindar garantías de reparación y no repetición”, dijeron los estudiantes de la Universidad de Cartagena.