Jardines infantiles privados están al borde de la quiebra

Silvia Cuéllar lamenta asomarse a la ventana y ver a la vecinita, que pasa el día apoyada sobre el cristal, mirando hacia el parque del edificio. Al verla piensa en las niñas y los niños de su jardín infantil Canturriando, fundado hace 23 años, en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Una antigua casa con jardín donde rumian una vaca enana y una llama junto a la huerta. Hace meses que nadie juega allí, aunque deba pagar el arriendo. De los 30 menores inscritos este año, a la fecha solo 12 sostienen contacto con las profesoras. Algunas de esas familias han dejado de pagar y, sin embargo, todos los gastos siguen corriendo. Si bien el alquiler es de menos de $4 millones mensuales, las cuentas no dan. Tras 150 días de cierre, como medida de contención contra el COVID-19, su preescolar está a punto de quebrar.

Este no es el único jardín infantil afectado por la crisis. De la población entre 0 a 6 años que recibe una educación inicial en Colombia, el 83 % es atendida en jardines privados. La mayoría de ellos funcionan en casas de alquiler a la cabeza de una mujer, según la Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial (Andep). De acuerdo con su presidenta, Martha Lucía Valencia, solo en Bogotá, donde se cuentan 2.700 instituciones, “el 20 % de los preescolares ya cerraron por falta de ingresos, clausurando labores pedagógicas”. Lo mismo ha sucedido en otros lugares, el problema es que no hay muchos datos que estén alertando sus quiebras.

Por eso la Asociación Antioqueña de Educación Infantil (AAEI) lanzó una encuesta desde principios de julio, cuyos datos parciales se basan en las respuestas de 89 preescolares de Medellín y el Área Metropolitana. El 71 % de estas instituciones reportaron que sus ingresos disminuyeron entre 50 y 70 %. Aunque todas acogieron el subsidio de nómina y han acordado montos con los arrendadores, como propuso el Gobierno, ambas ayudas acaban este mes, el 45 % de los jardines calculan cerrar para septiembre u octubre. Ese es el destino que considera Ana Marcela Rodríguez.

Ella, como directora del jardín infantil Pequeños Creadores, duda que podrá seguir pagando los $8 millones de arriendo de las dos casas que han alquilado por 33 años en el barrio Laureles, en Medellín. Un total de 800 metros cuadrados por donde se pasean gallinas y conejos junto a los cultivos de cebolla y tomate, y un gimnasio para danzas. Hoy, que continúan virtualmente solo la mitad de los niños, lo que más le preocupa es que al perder la sede pierda también su licencia de funcionamiento como dicta la ley.

Ese es el limbo en el que se encontrarían estos centros infantiles, porque una de las condiciones para prestar servicios educativos en el país es tener una planta física. Al entregarla perderían la larga trayectoria de sus establecimientos. De ahí que “estemos explorando opciones que no impliquen el cierre definitivo. Por ejemplo cerrar las sedes, pero continuar prestando el servicio virtualmente o suspender labores, entregar las sedes y retomar cuando pase la crisis sin perder la licencia”, explica Claudia López, directora de AAEI, que en compañía de otros preescolares planean una conversación con el Ministerio de Educación.

Las alternativas que ofrezca el Gobierno también son expectantes en Cali, donde 120 jardines infantiles copiaron la encuesta de sus colegas en Antioquia. Cerca del 54% de ellos no podrán mantenerse después de octubre en caso de que no arranque la alternancia. Hoy la crisis ha hecho que el 22 % de los centros haya tenido que hacer despidos laborales y de continuar así tendrán que sacar casi 1.350 personas en los próximos meses por falta de ingresos. Ese dolor de cabeza, que comparten los preescolares a nivel nacional, fue calculado al inicio de la pandemia por ANDEP, cuando el Gobierno le solicitó un estimado de cuánto necesitaría el gremio para sobrevivir.

“En este momento calculamos una demanda mensual de $248 mil millones solo para 4 mil jardines infantiles en el país”, cuenta la presidenta de la Asociación, Martha Lucía Valencia. De no contar con un apoyo semejante, gran parte de las educadoras de primera infancia quedarían desempleadas. Un vacío se formaría en la formación inicial y, lo que todas temen, los pequeños pasarían a primaria sin desarrollar habilidades y capacidades estimuladas en un preescolar donde los niños se salen del “yo” y empiezan a tallar sus identidades teniendo como espejo a los otros. Allí, en palabras de la Unicef, se sientan las bases no solo del crecimiento individual, sino para el desarrollo de sociedades cohesionadas.

Silvia Cuéllar lamenta asomarse a la ventana y ver a la vecinita, que pasa el día apoyada sobre el cristal, mirando hacia el parque del edificio. Al verla piensa en las niñas y los niños de su jardín infantil Canturriando, fundado hace 23 años, en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Una antigua casa con jardín donde rumian una vaca enana y una llama junto a la huerta. Hace meses que nadie juega allí, aunque deba pagar el arriendo. De los 30 menores inscritos este año, a la fecha solo 12 sostienen contacto con las profesoras. Algunas de esas familias han dejado de pagar y, sin embargo, todos los gastos siguen corriendo. Si bien el alquiler es de menos de $4 millones mensuales, las cuentas no dan. Tras 150 días de cierre, como medida de contención contra el COVID-19, su preescolar está a punto de quebrar.

Este no es el único jardín infantil afectado por la crisis. De la población entre 0 a 6 años que recibe una educación inicial en Colombia, el 83 % es atendida en jardines privados. La mayoría de ellos funcionan en casas de alquiler a la cabeza de una mujer, según la Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial (Andep). De acuerdo con su presidenta, Martha Lucía Valencia, solo en Bogotá, donde se cuentan 2.700 instituciones, “el 20 % de los preescolares ya cerraron por falta de ingresos, clausurando labores pedagógicas”. Lo mismo ha sucedido en otros lugares, el problema es que no hay muchos datos que estén alertando sus quiebras.

Por eso la Asociación Antioqueña de Educación Infantil (AAEI) lanzó una encuesta desde principios de julio, cuyos datos parciales se basan en las respuestas de 89 preescolares de Medellín y el Área Metropolitana. El 71 % de estas instituciones reportaron que sus ingresos disminuyeron entre 50 y 70 %. Aunque todas acogieron el subsidio de nómina y han acordado montos con los arrendadores, como propuso el Gobierno, ambas ayudas acaban este mes, el 45 % de los jardines calculan cerrar para septiembre u octubre. Ese es el destino que considera Ana Marcela Rodríguez.

Ella, como directora del jardín infantil Pequeños Creadores, duda que podrá seguir pagando los $8 millones de arriendo de las dos casas que han alquilado por 33 años en el barrio Laureles, en Medellín. Un total de 800 metros cuadrados por donde se pasean gallinas y conejos junto a los cultivos de cebolla y tomate, y un gimnasio para danzas. Hoy, que continúan virtualmente solo la mitad de los niños, lo que más le preocupa es que al perder la sede pierda también su licencia de funcionamiento como dicta la ley.

Ese es el limbo en el que se encontrarían estos centros infantiles, porque una de las condiciones para prestar servicios educativos en el país es tener una planta física. Al entregarla perderían la larga trayectoria de sus establecimientos. De ahí que “estemos explorando opciones que no impliquen el cierre definitivo. Por ejemplo cerrar las sedes, pero continuar prestando el servicio virtualmente o suspender labores, entregar las sedes y retomar cuando pase la crisis sin perder la licencia”, explica Claudia López, directora de AAEI, que en compañía de otros preescolares planean una conversación con el Ministerio de Educación.

Las alternativas que ofrezca el Gobierno también son expectantes en Cali, donde 120 jardines infantiles copiaron la encuesta de sus colegas en Antioquia. Cerca del 54% de ellos no podrán mantenerse después de octubre en caso de que no arranque la alternancia. Hoy la crisis ha hecho que el 22 % de los centros haya tenido que hacer despidos laborales y de continuar así tendrán que sacar casi 1.350 personas en los próximos meses por falta de ingresos. Ese dolor de cabeza, que comparten los preescolares a nivel nacional, fue calculado al inicio de la pandemia por ANDEP, cuando el Gobierno le solicitó un estimado de cuánto necesitaría el gremio para sobrevivir.

“En este momento calculamos una demanda mensual de $248 mil millones solo para 4 mil jardines infantiles en el país”, cuenta la presidenta de la Asociación, Martha Lucía Valencia. De no contar con un apoyo semejante, gran parte de las educadoras de primera infancia quedarían desempleadas. Un vacío se formaría en la formación inicial y, lo que todas temen, los pequeños pasarían a primaria sin desarrollar habilidades y capacidades estimuladas en un preescolar donde los niños se salen del “yo” y empiezan a tallar sus identidades teniendo como espejo a los otros. Allí, en palabras de la Unicef, se sientan las bases no solo del crecimiento individual, sino para el desarrollo de sociedades cohesionadas.