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Luego de que el pasado jueves se rompiera el acuerdo que había logrado el Gobierno con los partidos de oposición para sacar adelante el proyecto de Ley Estatutaria de Educación, este domingo, 16 de junio, se conoció una carta firmada por más de 200 líderes del sector, en la que le piden a la ministra Aurora Vergara y al Congreso respetar el pacto.
La carta está firmada, entre otras personas, por Alejandro Gaviria, exministro de Educación; Luz Karime Abadía, exviceministra de Educación Superior; María Victoria Angulo, exministra de Educación Nacional; Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá; Brigitte Baptiste, rectora Universidad EAN; y Julieth Rincón, presidenta Federación Nacional de Representantes Estudiantiles.
“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación actual de la educación superior en nuestro país”, dicen en los primeros párrafos, haciendo referencia al rompimiento del acuerdo que se había logrado días atrás.
“Con motivado interés ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana”, señalan en otro apartado.
Según los firmantes, el acuerdo al que habían llegado en el Congreso, “incluía garantías necesarias: el respeto absoluto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto equilibrado, como pilar determinante para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, así como el derecho de las personas a adelantar diferentes trayectorias educativas a lo largo de la vida”.
También aseguran que, para ellos, la nueva ponencia que presentó el Gobierno representa varios riesgos. Uno tiene que ver con el “desconocimiento” la autonomía universitaria, “mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares”.
Otro de los puntos que les parecen problemáticos es “la falta de reconocimiento al sistema mixto, conformado por instituciones de educación oficiales y no oficiales, reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido determinante en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior”.
Así mismo, creen que la nueva ponencia invisibiliza la educación terciaria. Esa educación, añaden, es “eje articulador de diferentes vías de cualificación para los ciudadanos” y garantiza “la pluralidad y la equidad en el acceso”.
¿Es viable fiscalmente?
Para quienes firmaron la carta hay otro punto que no se puede perder de vista: la viabilidad fiscal de la ley estatutaria. “Se señala una falta de garantías de financiación adecuada y sostenible para su implementación, lo que podría llevar a su fracaso práctico por falta de recursos”, aseguran.
Según los datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, la expansión de cobertura estatal para el año 2025, desde la educación inicial hasta la superior “requeriría una inversión adicional de aproximadamente $41 billones anuales. Este cálculo incluye únicamente cobertura para edades de 0 a 21 años y subestima costos asociados a mejoras de calidad, infraestructura nueva, dotaciones y formaciones adicionales para docentes (...) Estos montos representan una fracción del coste total que implicaría la implementación completa de la ley y equivalen al doble de la reforma tributaria aprobada en 2022″.
Esta es la carta completa y las personas que la firman:
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