La designación del rector de la Nacional y las discusiones sobre autonomía universitaria

Este viernes, en una sesión presidida por el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, Leopoldo Múnera se posesionó como rector de la Universidad Nacional, menos de 24 horas después de haber sido designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) en una sesión extraordinaria que ha generado controversia.

Múnera logró en menos de un día lo que le fue esquivo a Ismael Peña por más de dos meses: contar con el aval del Ministerio de Educación para que se firmara el acta que oficializa su nombramiento. La designación de Peña, que se dio el 21 de marzo, generó una profunda controversia en la comunidad educativa de la U. Nacional e incluso del país.

Mientras algunos profesores, exrectores y académicos pidieron respaldar la decisión que el CSU de ese entonces había tomado, otro sector conformado por estudiantes y profesores de la institución, así como el propio Gobierno Nacional, manifestaron su rechazo por la designación y la forma en cómo se dio. Esto llevó, por ejemplo, a que la asamblea triestamentaria de la universidad se declarara en un paro indefinido, que ya completó más de dos meses.

También condujo a que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmara el acta que dejaba en firme la designación de Peña, pues en su criterio el documento no era transparente y además no estaban detalladas las intervenciones de cada uno de los consejeros durante la sesión del 21 de marzo. Ante esa negativa, Peña se posesionó en una notaría a inicios de mayo, agudizando la crisis de la universidad.

Al margen de las implicaciones prácticas que desencadenaron estos hechos, la decisión de Vergara de no firmar el acta despertó un debate en torno a la autonomía universitaria: ¿el Gobierno la estaba transgrediendo al negarse aceptar a Peña como rector? ¿La autonomía universitaria les permitía a órganos como el CSU adoptar decisiones aparentemente en contra de lo establecido por sus propias reglas?, fueron solo algunas de las preguntas que surgieron para el momento.

El debate aumentó cuando Juan David Correa, ministro de Educación designado como ministro ad hoc para el caso de la Nacional, le ordenó al CSU, mediante una resolución, nombrar a un rector encargado, mientras las múltiples acciones judiciales avanzaban en el Consejo de Estado. Aunque un juez “tumbó” la resolución días después, para organizaciones como la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) el gobierno estaba vulnerando la autonomía universitaria.

La reciente designación de Múnera como rector por parte del CSU ha abierto un nuevo capítulo en este debate. Algunos exrectores de la Universidad Nacional, como Moisés Wasserman, señalaron que el Gobierno ha sobrepasado una línea que, a sus ojos, representa una violación de la autonomía universitaria e incluso calificaron de “vergonzosa” la actuación del Ministerio de Educación.

Pero para otro sector la designación de Peña fue la que habría vulnerado la autonomía. Esa es la tesis de un sector de la comunidad educativa. El abogado Rodrigo Uprimny, quien demandó la designación de Peña y apoya a Múnera, lo resume de la siguiente manera: “(la designación de Peña) violó los principios de la autonomía universitaria y la autoposesión arbitraria del profesor agravó la situación”.

El origen del concepto de autonomía universitaria, dice Sergio Lancheros, miembro del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior (GIPPES), se remonta al movimiento de reforma universitaria que se dio en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Los estudiantes, en ese entonces, protestaron en contra de “toda forma de autoridad y poderes externos de cualquier índole: político, económico y social, para así primar su producción académica”, cuenta. Este proceso sirvió como referente en varias partes de América Latina.

Para Javier Mejía, investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, el origen se sitúa unos años más adelante, a mitad del siglo XX, en Estados Unidos, cuando el juez Felix Frankfurter señaló que la autonomía universitaria hacía referencia a la libertad intelectual y no a una soberanía política. Esto es importante, dice, porque “lo que se plantea es que la autonomía universitaria no implica que las universidades deban ser gobernadas como democracias, donde los estudiantes o profesores tomen las decisiones por medio de elecciones”.

Lo cierto del caso es que, si bien el concepto recorrió los pasillos de las universidades colombianas durante años, solo hasta la Constitución Política de 1991 se reconoció y garantizó la autonomía universitaria. En el artículo 69 la Constitución reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

Pero en otros artículos, advierte Fabio Pulido, experto en derecho constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, la Constitución también señala que el Estado debe inspeccionar y vigilar la prestación de la educación, incluidas las universidades. A los ojos de Pulido, lo que se señala es que no se “puede interferir legítimamente en las decisiones de gobernanza de las instituciones, pero se dice que una de las funciones del Ministerio de Educación es de inspección y vigilancia”.

Esto, en el caso de las universidades públicas, que se financian en gran parte por los impuestos, ha generado una tensión entre esa autonomía universitaria y el rol de inspección y vigilancia que debe ejercer el Estado, en representación del Ministerio de Educación. El debate, en palabras de Orlando Acosta, profesor de la facultad de medicina de la Nacional y exrepresentante de docentes en el CSU, gira alrededor de “cuál debe ser el balance más adecuado entre estos dos componentes. Es decir, en qué medida la supervisión y regulación externas pueden limitar la autonomía”.

Por eso, afirma Lancheros, más que “autonomía universitaria”, debería pensarse en algo que llama “principio de autodeterminación” para garantizar la independencia de las universidades en términos académicos, políticos, económicos y jurídico administrativos. En esa línea, cree el académico, habría tres dimensiones clave.

En primer lugar, la autonomía académica, que pretende garantizar una independencia para decidir sobre sus propios programas de estudio, investigación y extensión. En segundo lugar, la autonomía financiera, que debería permitirle a las instituciones hacer un libre uso de sus bienes y rentas del patrimonio. Y como tercera dimensión, la autonomía política y administrativa, sobre la que se debate.

Para el viceministro Álvarez, en este último punto es necesario adoptar nuevas regulaciones que actualicen el concepto de autonomía o principio de autodeterminación universitaria, que ha evolucionado con el tiempo. El funcionario se refiere a la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992 que, entre otras, aborda la gobernanza de las universidades.

Las recientes crisis de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, dice, “han llamado la atención de la cartera sobre la importancia de la reforma estructural del sistema”. Incluso, adelanta, también, “de las facultades que la ley le otorga al Ministerio para velar por la eficiente prestación del servicio y la garantía del derecho en condiciones de calidad y pertinencia”.

Aun con la necesidad de una reforma, Álvarez señala que no considera que este Gobierno haya vulnerado la autonomía universitaria, pues asegura que las actuaciones han estado enmarcadas en el cumplimiento de la “suprema función de Inspección y vigilancia en la que los gobiernos deben actuar”. Así lo hizo, según el funcionario, el gobierno de Iván Duque cuando solicitó suspender los procesos electorales en cuatro instituciones de educación superior por presuntas irregularidades.

En esto coincide el ahora rector Múnera: “No veo las razones para afirmar que se violó la autonomía universitaria. Realmente el apoyo que dio el Gobierno fue un apoyo al voto mayoritario de la comunidad universitaria y en la consulta, y eso normalmente no lo mencionan”, le respondió a El Espectador.

El debate, después de los hechos de las últimas horas, está lejos de zanjarse. Mientras para unos la autonomía universitaria se ha repuesto con la posesión de Múnera, para otros ha sido una violación de esa autonomía sin precedentes en la historia del país. Aunque se espera que en las próximas semanas el Consejo de Estado empiece a fallar las múltiples demandas en contra de la designación de Peña (y las que ahora se han presentado alrededor de la de Múnera), el debate sobre la autonomía universitaria seguirá encendido en los próximos años.

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Este viernes, en una sesión presidida por el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, Leopoldo Múnera se posesionó como rector de la Universidad Nacional, menos de 24 horas después de haber sido designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) en una sesión extraordinaria que ha generado controversia.

Múnera logró en menos de un día lo que le fue esquivo a Ismael Peña por más de dos meses: contar con el aval del Ministerio de Educación para que se firmara el acta que oficializa su nombramiento. La designación de Peña, que se dio el 21 de marzo, generó una profunda controversia en la comunidad educativa de la U. Nacional e incluso del país.

Mientras algunos profesores, exrectores y académicos pidieron respaldar la decisión que el CSU de ese entonces había tomado, otro sector conformado por estudiantes y profesores de la institución, así como el propio Gobierno Nacional, manifestaron su rechazo por la designación y la forma en cómo se dio. Esto llevó, por ejemplo, a que la asamblea triestamentaria de la universidad se declarara en un paro indefinido, que ya completó más de dos meses.

También condujo a que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no firmara el acta que dejaba en firme la designación de Peña, pues en su criterio el documento no era transparente y además no estaban detalladas las intervenciones de cada uno de los consejeros durante la sesión del 21 de marzo. Ante esa negativa, Peña se posesionó en una notaría a inicios de mayo, agudizando la crisis de la universidad.

Al margen de las implicaciones prácticas que desencadenaron estos hechos, la decisión de Vergara de no firmar el acta despertó un debate en torno a la autonomía universitaria: ¿el Gobierno la estaba transgrediendo al negarse aceptar a Peña como rector? ¿La autonomía universitaria les permitía a órganos como el CSU adoptar decisiones aparentemente en contra de lo establecido por sus propias reglas?, fueron solo algunas de las preguntas que surgieron para el momento.

El debate aumentó cuando Juan David Correa, ministro de Educación designado como ministro ad hoc para el caso de la Nacional, le ordenó al CSU, mediante una resolución, nombrar a un rector encargado, mientras las múltiples acciones judiciales avanzaban en el Consejo de Estado. Aunque un juez “tumbó” la resolución días después, para organizaciones como la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) el gobierno estaba vulnerando la autonomía universitaria.

La reciente designación de Múnera como rector por parte del CSU ha abierto un nuevo capítulo en este debate. Algunos exrectores de la Universidad Nacional, como Moisés Wasserman, señalaron que el Gobierno ha sobrepasado una línea que, a sus ojos, representa una violación de la autonomía universitaria e incluso calificaron de “vergonzosa” la actuación del Ministerio de Educación.

Pero para otro sector la designación de Peña fue la que habría vulnerado la autonomía. Esa es la tesis de un sector de la comunidad educativa. El abogado Rodrigo Uprimny, quien demandó la designación de Peña y apoya a Múnera, lo resume de la siguiente manera: “(la designación de Peña) violó los principios de la autonomía universitaria y la autoposesión arbitraria del profesor agravó la situación”.

El origen del concepto de autonomía universitaria, dice Sergio Lancheros, miembro del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior (GIPPES), se remonta al movimiento de reforma universitaria que se dio en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Los estudiantes, en ese entonces, protestaron en contra de “toda forma de autoridad y poderes externos de cualquier índole: político, económico y social, para así primar su producción académica”, cuenta. Este proceso sirvió como referente en varias partes de América Latina.

Para Javier Mejía, investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, el origen se sitúa unos años más adelante, a mitad del siglo XX, en Estados Unidos, cuando el juez Felix Frankfurter señaló que la autonomía universitaria hacía referencia a la libertad intelectual y no a una soberanía política. Esto es importante, dice, porque “lo que se plantea es que la autonomía universitaria no implica que las universidades deban ser gobernadas como democracias, donde los estudiantes o profesores tomen las decisiones por medio de elecciones”.

Lo cierto del caso es que, si bien el concepto recorrió los pasillos de las universidades colombianas durante años, solo hasta la Constitución Política de 1991 se reconoció y garantizó la autonomía universitaria. En el artículo 69 la Constitución reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

Pero en otros artículos, advierte Fabio Pulido, experto en derecho constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, la Constitución también señala que el Estado debe inspeccionar y vigilar la prestación de la educación, incluidas las universidades. A los ojos de Pulido, lo que se señala es que no se “puede interferir legítimamente en las decisiones de gobernanza de las instituciones, pero se dice que una de las funciones del Ministerio de Educación es de inspección y vigilancia”.

Esto, en el caso de las universidades públicas, que se financian en gran parte por los impuestos, ha generado una tensión entre esa autonomía universitaria y el rol de inspección y vigilancia que debe ejercer el Estado, en representación del Ministerio de Educación. El debate, en palabras de Orlando Acosta, profesor de la facultad de medicina de la Nacional y exrepresentante de docentes en el CSU, gira alrededor de “cuál debe ser el balance más adecuado entre estos dos componentes. Es decir, en qué medida la supervisión y regulación externas pueden limitar la autonomía”.

Por eso, afirma Lancheros, más que “autonomía universitaria”, debería pensarse en algo que llama “principio de autodeterminación” para garantizar la independencia de las universidades en términos académicos, políticos, económicos y jurídico administrativos. En esa línea, cree el académico, habría tres dimensiones clave.

En primer lugar, la autonomía académica, que pretende garantizar una independencia para decidir sobre sus propios programas de estudio, investigación y extensión. En segundo lugar, la autonomía financiera, que debería permitirle a las instituciones hacer un libre uso de sus bienes y rentas del patrimonio. Y como tercera dimensión, la autonomía política y administrativa, sobre la que se debate.

Para el viceministro Álvarez, en este último punto es necesario adoptar nuevas regulaciones que actualicen el concepto de autonomía o principio de autodeterminación universitaria, que ha evolucionado con el tiempo. El funcionario se refiere a la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992 que, entre otras, aborda la gobernanza de las universidades.

Las recientes crisis de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, dice, “han llamado la atención de la cartera sobre la importancia de la reforma estructural del sistema”. Incluso, adelanta, también, “de las facultades que la ley le otorga al Ministerio para velar por la eficiente prestación del servicio y la garantía del derecho en condiciones de calidad y pertinencia”.

Aun con la necesidad de una reforma, Álvarez señala que no considera que este Gobierno haya vulnerado la autonomía universitaria, pues asegura que las actuaciones han estado enmarcadas en el cumplimiento de la “suprema función de Inspección y vigilancia en la que los gobiernos deben actuar”. Así lo hizo, según el funcionario, el gobierno de Iván Duque cuando solicitó suspender los procesos electorales en cuatro instituciones de educación superior por presuntas irregularidades.

En esto coincide el ahora rector Múnera: “No veo las razones para afirmar que se violó la autonomía universitaria. Realmente el apoyo que dio el Gobierno fue un apoyo al voto mayoritario de la comunidad universitaria y en la consulta, y eso normalmente no lo mencionan”, le respondió a El Espectador.

El debate, después de los hechos de las últimas horas, está lejos de zanjarse. Mientras para unos la autonomía universitaria se ha repuesto con la posesión de Múnera, para otros ha sido una violación de esa autonomía sin precedentes en la historia del país. Aunque se espera que en las próximas semanas el Consejo de Estado empiece a fallar las múltiples demandas en contra de la designación de Peña (y las que ahora se han presentado alrededor de la de Múnera), el debate sobre la autonomía universitaria seguirá encendido en los próximos años.

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