Avanzar en el sector educativo es un proyecto común. Alrededor de 14 millones de personas entre estudiantes, profesores, administrativos, directivos, y muchos más, si contamos los padres de familia de los estudiantes, están relacionados directamente con el proceso en todos los niveles de la educación, desde la inicial hasta la superior. Adicionalmente, el impacto de la educación afecta a toda la sociedad, tanto en su progreso material y espiritual, como en su convivencia.
De allí la importancia de buscar consensos básicos que permitan orientar el sector hacia objetivos comunes, tales como los aprendizajes fundamentales que deben desarrollar los estudiantes, los estándares de calidad de los resultados y algunas reglamentaciones sobre el proceso, su evaluación y la supervisión. Pero, igualmente, es necesario que se preserve la diversidad en el sistema, para garantizar las libertades individuales, ya que esta diversidad es una fuente de innovación y calidad.
Los marcos legales (la Constitución y su desarrollo en las leyes) deben guiar el proceso y. así mismo, garantizar la flexibilidad que permita a las diferentes comunidades decidir sobre la forma como quieren educar a sus familias. Y debemos ser conscientes de que las leyes en sí mismas no transforman la realidad, ya que son las acciones de todos los actores las que logran en la práctica impactar los resultados y, por lo tanto, ellos deben compartirlas y apropiarlas. Para esto es necesario que las normas respeten la diversidad.
En la elaboración de la legislación, la participación de los distintos actores es fundamental. Pretender establecer marcos muy prescriptivos, además de frenar procesos de innovación y calidad, en muchas ocasiones no es operativo. Es el caso de las múltiples cátedras aprobadas en el Congreso que hacen prácticamente imposible diseñar buenos planes de estudio en las instituciones y en su mayor parte no se implementan.
En Colombia, la Constitución del 91 estableció un marco importante para los sectores sociales y en especial a la educación, que, además de resaltar su importancia como derecho fundamental en el caso de los niños y niñas (Art. 44), busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (Art. 67), y promueve la formación del colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. Adicionalmente, establece las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y la autonomía de las universidades y sus directivas para definir sus propios estatutos de acuerdo con la ley (Art. 69) . Y en el artículo 68 define que los particulares pueden fundar establecimientos educativos.
Estos son principios que nos han guiado en las últimas décadas y dieron pie a diversas leyes que han reglamentado los niveles educativos (Educación Inicial, Educación básica, Educación Superior, y Educación Técnica y Tecnológica ). Con base en ellos se han establecido normativas y se han puesto en marcha políticas para hacerlos realidad.
Se desarrolló la descentralización de la educación básica y la media y la consecuente transferencia de recursos de la Nación a las a las entidades territoriales (Ley 60 de 1993, acto legislativo, ley 715 de 2001) . Así mismo, se desarrolló el principio de la autonomía universitaria y se reglamentó la transferencia de recursos a las universidades públicas (Ley 30 del 1992). También se ha fortalecido la evaluación de los estudiantes a todos los niveles por medio de las pruebas estandarizadas, y se desarrollaron mecanismos de aseguramiento de la calidad para las instituciones de educación superior.
La participación de los actores del sector en el proceso se ha instaurado mediante el establecimiento de la elaboración participativa de los planes decenales, y de los foros anuales locales y nacionales. Así mismo, se han profesionalizado los docentes y se han definido estatutos para los profesores públicos (Decreto ley 1278 del 2001) y también se han acordado procedimientos para la evaluación de los docentes de la básica y la media.
También se han implementado proyectos etno-educativos que buscan responder a las necesidades de los grupos étnicos para fortalecer su cultura y vincularlos a los procesos educativos, y desarrollar la capacidad de estas comunidades para orientar su educación.
El sector privado ha contribuido a su desarrollo, tanto en cobertura como en calidad, y hoy su participación en la matrícula de educación inicial es 80%. En la básica y media, 20 %, y en la superior, 45 %, siendo importante el reconocimiento de un sistema mixto en donde el privado cumple una función social. Este reconocimiento ha hecho posible que el estado financie mediante programas de crédito y subsidio a colombianos que optan por la opción del sector privado, fortaleciendo la libre elección por parte de los individuos.
Probablemente nuevas realidades y limitaciones de estas reglamentaciones, hacen que sea relevante su revisión. Es importante considerar las trayectorias educativas completas que permitan a los individuos transitar desde la educación inicial hasta la profesional. De igual manera, precisar los aprendizajes fundamentales que permitan al sector focalizarse en aquellos que nos distancian de los países con mayores niveles de desarrollo como lo demuestran las pruebas Pisa, y en aquellos que nos permiten superar las condiciones particulares de violencia que vive el país. Asimismo, establecer claros incentivos en la distribución de los recursos públicos para las entidades territoriales y a las universidades públicas.
Es indudable que podemos llegar a los consensos básicos, en la medida en que no pretendamos una sobre reglamentación que excluya grupos y que reste flexibilidad al sistema. Mejorarla es responsabilidad de todos, obviamente con el liderazgo tanto del gobierno como de los directivos de las instituciones.
*Exministra de Educación
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