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En una asamblea departamental del 24 de enero de este año, el gobernador de Vaupés, Eliécer Pérez Galvis, o Churuco, como le dicen, tomó el micrófono y dijo: “Yo, en campaña, lo decía: si llego a ser gobernador voy a buscar que esto (la educación contratada) lo maneje la curia, como lo manejaban hace 25 años”.
A oídos indígenas la declaración llegó como una promesa de campaña. Los rumores, sin embargo, terminaron por confirmarse. El 25 de febrero de este año, la Gobernación del Vaupés y el Vicariato Apostólico de Mitú —que pertenece a la Iglesia católica— celebraron un contrato por $3.602 millones para “garantizar la administración de la educación con modalidad de canasta compartida” en las zonas de Tiquie Piedra Ñi, Tapurucuara, Yapú, Buenos Aires y Taraira.
Estas zonas se encuentran en el río Apaporis, conocido por tener poca influencia de la cultura occidental, ser de difícil acceso dados los múltiples chorros y cachiveras que cortan el paso en los ríos —como el famoso chorro de Jirijirimo— y por ser mayoritariamente indígenas. de los pueblos makuna, yakuna, tanimuka, matapí, tatuyo, tuyuca, letuama, cabiyari, barasano, yujup-macú, yauna y bora miraña.
En el Vaupés, el 90 % de la población es indígena, perteneciente a 27 pueblos distintos, que hablan 23 lenguas. Por eso, y porque llegar al colegio puede tardar entre uno o dos días en canoa o a pie, unos 4.517 niños están por fuera del sistema educativo, según los cálculos de la Secretaría de Educación del Vaupés.
De acuerdo con el vicario de Mitú, Medardo de Jesús Henao del Río, la decisión no es política. “No hubo una asesoría pedagógica y en enero algunos líderes dijeron que querían que los acompañáramos nosotros. Dentro de nuestra propuesta hay sociólogos, etnólogos y psicólogos para acompañar los planes de vida de cada comunidad de la Amazonia”. Impartir educación en esta zonas es difícil, no solo por el acceso sino porque la infraestructura de los colegios está en muy mal estado e incluso ni estudiantes ni rectores tienen cómo llegar hasta allá”.
El contrato firmado y la propuesta educativa del Vicariato reconocen textualmente la “necesidad de preservar los usos y costumbres indígenas” para 2.499 estudiantes de primaria y bachillerato. “También hay que reconocer que hay comunidades que profesan la fe católica, otras son evangélicas, así que se impartirá la clase de religión de acuerdo con esos usos y costumbres. Le aseguro que no va a ser como hace 25 años, eso no es lo que nos dijo el papa Francisco con el Sínodo de la Amazonia”, agrega el obispo.
En las actas de los comités de la Secretaría se aducen las razones por las cuales decidieron firmar con la curia y no con los indígenas. Este año hubo tres propuestas para impartir etnoeducación en esa zona: la del Vicariato, la de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del área de influencia directa de la microcentral hidroeléctrica de Mitú (Aaticam) —que manejaron ese mismo contrato hasta el año pasado— y la del Consejo Mayor de Gobierno Propio del Gran Resguardo Indígena de Vaupés. Para las dos últimas, la Secretaría dice que no contaban con el aval de las comunidades y que no se especificaban los modelos educativos propios para las cerca de quince instituciones que están repartidas a lo largo del río Apaporis.
“Ya es la cuarta organización indígena que ha administrado esos contratos y le deben dinero a maestros. Una organización debe $460 millones, Aaticam debe más de $300 millones en sueldos, y en muchos casos los niños se quedan sin clases porque los profesores se van por falta de pago”, dice monseñor Henao.
De acuerdo con Aaticam, que los hayan sacado del contrato corresponde a otros intereses. Por eso, presentaron una tutela el 7 de febrero, antes de la firma del contrato con el Vicariato, para evitar que la educación fuera administrada por la curia en esos cinco pueblos, con cinco modelos etnoeducativos distintos.
Según ellos, la Gobernación citó a asambleas a las que no fueron invitados para definir quién impartiría la educación propia. Adicional a esto, en un documento de cuarenta páginas, la Secretaría declara a la asociación como poco idónea para contratar con el Estado, porque adeudan parte del dinero recibido en contratos anteriores a algunos docentes y porque, supuestamente, entregaron tarde su propuesta educativa.
Diego Londoño, representante legal de Aaticam, acepta que a los docentes se les adeudan $300 millones del contrato del año pasado, “los mismos que no nos ha girado la Gobernación por no pasar informes de gestión. Pero a veces no es tan sencillo: muchos docentes se van sin entregar esos papeles. Solo hacer una reunión zonal sobre educación puede costar entre $10 y $14 millones”.
El contrato dice que en ningún momento se les vulnerará el derecho a la educación propia a los indígenas, porque se contratará “personal oficial necesario” para aplicar el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), pero los indígenas no están muy seguros. “Había profesores contratados por la Secretaría que eran indígenas, pero de otras regiones y con perspectivas afines a vidas citadinas. No tienen ni siquiera los mismos idiomas”, explica Norma Zamora, consultora de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado la construcción de los planes educativos en Vaupés, sobre todo en el río Pirá.
El Ministerio de Educación (MEN) tampoco se pronunció sobre este caso; sin embargo, en un correo enviado por Pedro Suárez, representante legal de Aaticam, preguntando si el Vicariato podía ser contratado para impartir educación indígena, el Ministerio respondió: “El espíritu de la norma de contratación de la administración de la atención educativa es el de permitir a los pueblos indígenas la implementación de sus modelos de educación propia”. Y agrega: “El desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas no es aplicable a los pueblos indígenas”.
¿Negando el derecho a la educación propia?
Hay más acciones legales que reflejan una situación similar. Los Jaguares del Yuruparí, agrupados en la Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales del Río Pirá Paraná (Acaipi), tienen contratos de educación vigentes con la Gobernación y también presentaron una acción de tutela en 2018 contra la Secretaría de Educación.
Para los pueblos tatuyo, barasano, eduria, carapana, macuna, itano y bará, la educación “sucede en la vida misma, trabajando, escuchando, participando, practicando, en el mambeadero, en la ceremonia de Yuruparí. La educación es adquirir conocimientos de todas las cosas y seres del mundo, del origen por medio de una oratoria. Se adquieren también los conocimientos mediante la observación directa de lo que va pasando en cada una de las épocasCada época tiene diferentes conocimientos, de ellas se aprende bajo la orientación del médico tradicional”. Es decir que lo que se aprende no se limita al salón de clases o al internado, pasa por la chagra y la maloca.
Según la tutela, presentada en 2018 ante el Juzgado Municipal de Mitú, su modelo educativo “Una educación para la vida” se viene construyendo desde 1996 y desde 2001 ha estado implementando en forma. Dicen que “los recursos que nos asignan son escasos, la administración departamental aplica las normas sin tener en cuenta que las condiciones especiales de nuestro modelo educativo”, y agregan que la Secretaría no respeta el calendario ecológico cultural “por razones administrativas”.
“Nuestro calendario es distinto. Entre marzo y abril, los niños y las comunidades se preparan para los bailes. Se sientan a mambear con los abuelos, van a la chagra, aprenden los cantos. Eso solo se aprende haciendo, no en la escuela. Muchos se pierden de esta enseñanza por tener que cumplir el calendario escolar occidental”, expresa Diego Londoño, representante de Aaticam.
Esto significa que el año escolar indígena se extiende hasta diciembre y enero, cuando la mayoría de oficinas del Estado y la cultura mayoritaria descansan, y cuando la Gobernación y la Secretaría deben presentar sus informes de ejecución presupuestal (que no estarían terminados, porque, claro, el año escolar no habría terminado). Al momento de la publicación de este artículo no fue posible comunicarse con Henry Luna, secretario de Educación del Vaupés, u otro representante.
Los indígenas de Acaipi, del río Pirá Paraná, denuncian en la tutela que esta situación no ha cambiado en los últimos doce años, desde que acceden a recursos públicos para impartir su propio modelo educativo, y en este caso, también se les acusa de adeudar sueldos a docentes. “Los pagos de los meses de noviembre y diciembre del Convenio del año 2019 no se han efectuado por parte de la Gobernación, a pesar de que Acaipi entregó oportunamente la documentación exigida, lo que ha generado malestares y presiones internas de los maestros y colaboradores del proceso hacia las autoridades indígenas”, explicó Fabio Valencia, representante legal del Consejo Indígena del Río Pirá Paraná.
La tutela les fue concedida ese mismo año por una jueza en Mitú y adelantan procesos de consulta previa para determinar cómo se manejará la educación propia en ese río. Pero para el caso del río Apaporis es distinto. Cabe aclarar que el Vicariato de Mitú, que se instaló en Vaupés desde los años 50 (y cuya presencia misionera se remonta al siglo XIX), tiene el aval firmado por las cinco zonas en donde impartirá clases y varias solicitudes de repartura de colegios cerrados durante años por falta de estudiantes o profesores. Por ahora, la educación primaria y secundaria en el río Apaporis está en manos de la Iglesia católica.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.