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Este martes, 21 de mayo, se reactivó el debate sobre el proyecto de ley estatutaria de educación con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca regular el derecho fundamental a la educación en el país. La cita se dio en la Comisión Primera del Senado, donde la iniciativa gubernamental enfrentará el tercero de cuatro debates que debe superar para convertirse en ley.
Sin embargo, el proyecto de ley, que logró convocar mayorías en sus dos pasos por la Cámara de Representantes, sufrió un primer revés en la Comisión Primera del Senado, en donde se radicaron tres ponencias, todas positivas: la oficial, apoyada por los senadores María José Pizarro, Ariel Ávila, Aida Quilcue, Julián Gallo y Fabio Amín, y dos más, una de ellas impulsada por la senadora Paloma Valencia, y la otra apoyada por los senadores David Luna, Alfredo Deluque, Germán Blanco y Juan Carlos García.
Pero, antes de que pudieran ponerse a consideración, la senadora Valencia, expuso los motivos que la llevaron a promover una proposición de aplazamiento: “este Congreso no puede seguir aprobando proyectos, ni el gobierno presentándolos, sin saber cuánto valen”.
¿Cuánto valdría garantizar el derecho a la educación?
Es importante recordar que desde que el proyecto de ley inició su trámite en la Cámara de Representantes, varios congresistas y académicos como Andrés Mora (director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional), Luz Karime Abadía (decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana) y Hernando Bayona (exviceministro de educación preescolar, media y básica del gobierno Petro), han señalado que uno de los vacíos más importantes que tiene esta iniciativa es justamente no saber cuál será su costo.
Sobre este punto, en reiteradas ocasiones, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha respondido que al ser una ley estatutaria no se debe detallar el tema presupuestal. Pero para algunos congresistas, incluidos varios de la Comisión Primera del Senado, esto no es del todo cierto.
De hecho, durante el debate de este martes, la senadora Valencia se refirió a los comentarios que el viceministro general de Hacienda y Crédito Público, Diego Alejandro Guevara, le hizo llegar a la Comisión y que abordan, precisamente, el costo de esta iniciativa.
De acuerdo con la senadora, “nos encontramos con el concepto de Minhacienda donde nos dicen que no se sabe cuánto va a costar esto”.
A grandes rasgos, en el documento, el viceministro Guevara señala que no se tienen comentarios de tipo presupuestal y que, “en todo caso, el gobierno nacional, en un periodo no mayor a dos (2) años, establecerá un plan que contendrá como mínimo la información clara y precisa de la situación actual de la educación, los plazos, las fuentes de financiación, recursos, metas y acciones a ejecutar para garantizar progresivamente el derecho a la educación”.
Justo después, Guevara anota que “esta cartera (Minhacienda) no cuenta a priori con información que permita establecer el posible impacto fiscal de dar cumplimiento a un plan con las características propuestas”.
“El gobierno no sabe cuánto vale este proyecto y dice que no lo puede estimar”, acotó Valencia, quien recordó unos cálculos elaborados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE). Según Valencia, el LEE estima que el costo por año de la iniciativa asciende a los 40.8 billones de pesos al año. “Eso no es una cifra cualquiera, son tres reformas tributarias de las que sacó el presidente Petro. ¿Cómo se va a pagar este proyecto? Me siento incapaz de votar un proyecto que no sabemos cuánto vale ni con qué se va a pagar”, expuso Valencia, quien aseguró que citarán al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para saber si hay dinero para el proyecto.
Durante el debate, el viceministro de Hacienda intervino para señalar, en una línea similar a la expresada por la ministra Vergara, que “una vez establecida la ley y la implementación progresiva habrá unos gastos que irán de manera consistente con el crecimiento del Sistema General de Participaciones (SGP) que va a estar consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
A pesar de esto, Valencia y otros senadores, como David Luna, solicitaron que el ministerio de Hacienda entregue información más detallada sobre el costo que tendrá el proyecto.
Si bien la proposición de aplazamiento de Valencia fue negada, la sesión fue levantada y se volvió a citar para el jueves (23 de mayo) a las 9:00 a.m. Aunque el panorama no parece alentador para la iniciativa del gobierno, que debe ser aprobada antes del 20 de junio (aunque se pueden convocar sesiones extras), varios senadores coincidieron en que al tenerse tres ponencias positivas, se podría trabajar en concertar una sola ponencia que recoja los distintos ajustes que se solicitan.
En cualquier caso, al proyecto del gobierno de Gustavo Petro le queda poco más de un mes para que sea aprobado por la Comisión Primera y la Plenaria del Senado.
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