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La lideresa que lucha porque el Chocó no se “ahogue” en el mercurio

Siri Córdoba es lideresa ambiental y juvenil de departamento. Desde 2013 hace parte de Cocomacia, el consejo comunitario más grande de Colombia, con el que han logrado impulsar la sentencia que declaró al río Atrato sujeto de derechos. Por su labor, se ganó una beca para conformar Mujeres por la Justicia Climática, una iniciativa de la fundación Barranquilla +20 que busca la inclusión de género en las políticas de cambio climático y en su implementación en Colombia.

29 de marzo de 2022 - 09:27 p. m.
Siri Córdoba es lideresa ambiental y hace parte del consejo comunitario Cocomacia, que impulsó la sentencia que declaró al río Atrato como sujeto de derechos.
Siri Córdoba es lideresa ambiental y hace parte del consejo comunitario Cocomacia, que impulsó la sentencia que declaró al río Atrato como sujeto de derechos.
Foto: Gustavo Torrijos
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Los bosques de manglares, los humedales, los ríos, la selva y las más de dos mil especies de fauna y flora endémicas hacen del Chocó una de las regiones más biodiversas del mundo, un tesoro que se está apagando por la contaminación y deforestación que ha dejado la minería. En los últimos años, el azul del Océano Pacífico, donde las ballenas jorobadas se detienen cada agosto para tener a sus ballenatos, y que contrasta con el verde de las montañas, se ha visto opacado por las dragas y las retroexcavadoras que cada vez se adentran en la selva con mayor intensidad. El río Atrato, que alberga en su cuenca a 15 municipios de Chocó y Antioquia, ha sido el principal afectado.

Uno de esos municipios que acoge la cuenca del río es Puné, en el Medio Atrato. Allí viven cerca de 8.000 personas que conviven con los estragos de la contaminación, principalmente por mercurio, que se añade al oro durante su trituración, molienda y lavado. “Ver la imagen de este pueblo donde nací y me críe me llena de sentimientos porque nuestras prácticas, como la agricultura o la pesca, han cambiado por la contaminación del río”, cuenta con la voz entrecortada Siri Córdoba, lideresa ambiental del departamento. Para continuar con su relato, toma un sorbo de Viche, una de las bebidas artesanales típicas del Pacífico. “La gente prefiere dedicarse a la minería y no a las prácticas tradicionales. Eso me duele mucho”, dice.

Siri, quien es estudiante de octavo semestre de Agronomía en la UNAD, explica que las mujeres son quienes más han sufrido por la contaminación del río, pues fueron las primeras en desarrollar enfermedades, infecciones e, incluso, cambios en sus periodos menstruales. En esta zona, que es el hogar de pueblos étnicos, indígenas y negros, la minería artesanal es una de las actividades productivas tradicionales reconocidas por la Ley 70 de 1993, una actividad desarrollada principalmente por las mujeres que se encargaban de extraer oro. Pero, dice Siri, cuando empezaron a llegar las grandes retroexcavadoras, las mujeres quedaron expuestas a estos focos de contaminación generados por las maquinarias. (Lea: Durante la pandemia se duplicó el número de niños en Colombia que perdieron el año)

Para evitar que su comunidad se siga ahogando en la contaminación por mercurio, Siri ha buscado diversas estrategias y, de la mano de otros jóvenes de la región, concientiza y sensibiliza a las personas sobre la importancia que tiene el río Atrato en su territorio. Lo ha hecho desde 2013 en Cocomacia, el consejo comunitario más grande de Colombia y del que hacen parte ocho municipios del departamento. Desde su fundación, en 1982, el consejo comunitario ha elaborado planes para recuperar la biodiversidad de esta zona, detener la degradación de los bosques, fortalecer el buen vivir de las comunidades de sus 124 consejos locales e impulsar elementos de la cultura que han permitido la conservación de los ecosistemas.

El proyecto de conservación más destacado de la comunidad fue la sentencia T-622, que tiene como objetivo la protección de la cuenca y los afluentes del río Atrato. Todo empezó el 27 de enero de 2015, cuando el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, en representación de varios consejos comunitarios, instauró una tutela para detener la minería en este afluente. De acuerdo con la demanda, se encontraron niveles altos de mercurio en la sangre de 160 personas que viven en la cuenca del río Atrato. “El estudio determinó que el nivel de mercurio es de 60 puntos por millón, cuando el promedio mínimo mundial considerado aceptable es de 0,5 puntos por millón”, señala el documento.

Un año después, en noviembre de 2016 la Corte Constitucional reconoció como sujeto de derechos a este río, que atraviesa más del 60 % del departamento. “De la sentencia se crean los guardianes del río Atrato, conformado en su mayoría por mujeres. Son las que hoy en día llevan la voz del río y las que exponen toda la problemática. Son las que han luchado por el Atrato, porque las comunidades no somos nada sin este maravilloso río”, cuenta Siri, quien enfatiza que a pesar de que fue una sentencia histórica, hoy la protección del río parece que se quedó solo en el papel. A los problemas de contaminación por el mercurio se suma también la tala y quema de la vegetación boscosa para sembrar cultivos ilícitos. (Lea: Detectives ambientales: científicos y jóvenes chocoanos tras el ADN del golfo de Tribugá)

En medio de su liderazgo pudo ir a la cuenca del río Arquía, una zona que siempre fue un fortín de las extintas FARC y en donde más se ha vivido la violencia en el medio Atrato Antioqueño. “Allá entramos a los campamentos de las personas que ya se habían acogido al proceso de paz”, cuenta Siri. Por eso, dice, “entrar allá y trabajar con ellos es una experiencia que nos impactó a todos los de la comisión. Escuchar lo que ellos han vivido y conocer su historia de vida es impresionante”. En ese proceso conoció a Jimmer, uno de los jóvenes que se reincorporó y hace parte de Cocomacia. “Es emocionante saber que estoy motivando a otros jóvenes y que los ayudo a interesarse por nuestro territorio”, cuenta.

Por su liderazgo ambiental y juvenil, Siri entró a conformar el proyecto de Mujeres por la Justicia Climática, una iniciativa de la fundación Barranquilla +20, que busca la inclusión de género en las políticas de cambio climático y en su implementación en Colombia. “La idea es tener una red consolidada de mujeres para la justicia climática y establecer un documento con recomendaciones para el país”, señaló Xiomara Acevedo, directora de la fundación durante la presentación del plan. Esta iniciativa fue elegida en abril de 2021 entre más de 500 organizaciones para contar con el apoyo económico de la Fundación Bill & Melinda Gates, que les entregó 50 mil dólares para su ejecución.

Como Siri, fueron escogidas otras 15 mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, principalmente, menores de 30 años de 16 departamentos que están aportando acciones para combatir al cambio climático desde sus territorios. Esta experiencia, dice Siri, le ha servido para crecer como una líder ambiental, “a veces uno siente las ganas de hacer algo por su territorio, pero no tiene una base para impulsar esas estrategias. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque me ha ayudado mucho a crecer como líder, como joven y como defensora del medio ambiente”. Antes de viajar nuevamente a su territorio, Siri y las otras 15 lideresas ambientales hicieron un ritual con una “Mariposa Solar y un Mandala feminista”, en el que reiteraron que la acción climática necesita de la fuerza de la mujer. (Lea: ¿Qué es el fracking y cuáles son las inquietudes sobre su impacto ambiental?)

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