Este domingo El Espectador publicó un artículo en el que revelaba que, presuntamente, la congresista del Centro Democrático, Jennifer Arias, había hecho plagio en su tesis de maestría. Varios fragmentos, publicados por el portal Plagio S.OS., mostraban que la integrante de la Cámara de Representantes tomó partes de otros documentos sin citarlos. (Lea Planta docente se redujo en el año de la pandemia)
Aunque este diario le había solicitado a Arias y a la Universidad Externado, donde realizó el posgrado, una copia original de su tesis, no había sido posible obtenerla.Tras un mes de solicitudes, correos y derechos de petición, esa institución se negó a compartir el documento con el argumento de que la autora no ha autorizado su publicación. La congresista tampoco había enviado su trabajo de grado, pese a las múltiples peticiones hechas por El Espectador.
Hoy, una vez publicada la investigación, el Externado se pronunció de manera oficial a través de un comunicado de prensa. En él hace varias aclaraciones. “La Universidad”, señala, “fiel a sus tradiciones y a su rigor académico, no cohonestará nunca con ningún fraude y siempre insistirá en la toma de las decisiones más estrictas y contundentes frente a quienes vayan en contra de cualquier principio ético o en contra de la ley. En este sentido, y en virtud de dichos principios, la Universidad garantiza que no tomará decisiones sin contar con todos los elementos de juicio necesarios”.
En el texto explica que el 7 de octubre de 2021 recibió información sobre el posible plagio de Arias, que cursó la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y se graduó en 2016.
“Al recibir la información sobre el posible fraude en la prueba académica, la Universidad inició todas las averiguaciones conducentes a determinar si los hechos referidos en tales denuncias son ciertos. Esas indagaciones están dirigidas tanto a la verificación del contenido del trabajo de grado como a los trámites internos que en su época adelantó la Universidad para aprobarlo y otorgar el título académico”, apunta.
Finalmente, aclara que como universidad respetará las garantías de debido proceso de todas las personas involucradas y “sólo al término de las mismas tomará las decisiones que correspondan, según los hechos que resulten probados”.