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Mientras que el magisterio nacional tiene como bandera la lucha frontal por la defensa de lo público y contra la corrupción, las prestaciones sociales del magisterio funcionan de manera opuesta a estos ideales.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que es considerada una victoria sindical y la “joya de la corona” para el magisterio, fue creado mediante la ley 91 de 1989 como “una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta”. A través de esta cuenta se pagan las prestaciones sociales y se garantiza la prestación de los servicios médico-asistenciales de los docentes.
Para poder comprender la problemática del Fomag que no es nueva, aunque para el presidente Petro sí, es importante resaltar que uno, la ley creó el Fondo sin personería jurídica; dos, debe manejar los recursos mediante una entidad fiduciaria y, tres, todas las decisiones importantes se toman en el consejo directivo conformado por cinco miembros con voto: Ministro de Educación, Ministro de Hacienda, Ministro de Trabajo y dos representantes del magisterio, designados por la organización gremial nacional que agrupe el mayor número de asociados docentes, actualmente Fecode; y un miembro sin voto: el gerente de la entidad fiduciaria. (Lea “La licitación de la salud del magisterio se ajustaba al marco normativo”: Fecode)
Desde su creación, el Fomag ha sido administrado por la Fiduprevisora a través de un contrato de fiducia mercantil en donde el Ministerio de Educación Nacional tiene la posición de fideicomitente. A su vez, La Fiduprevisora contrata la prestación del servicio de salud y seguridad y salud en el trabajo mediante licitaciones pública que divide el país en 10 zonas. ¿Por qué 10 y no 8 o 12 zonas? ¿Por qué no se pueden presentar EPS o prepagadas? ¿Por qué no se pueden presentar a más de una zona las mismas empresas? Hay muchas preguntas que los “técnicos” de la Fiduprevisora no logran responder y que dejan muchas dudas sobre estos procesos de contratación que llevan décadas.
Esta pobre arquitectura, sumada a la ineficiencia de la Fiduprevisora que no ha logrado aprender en 30 años cómo administrar el Fondo, ha traído consigo una precarización de los servicios brindados a los maestros y pone en alto riesgo al propio Fomag. El presidente Petro menciona que descubrió un entramado de corrupción; sin embargo, el asunto del Fomag es más complejo que eso.
Los costos del contrato fiduciario son enormes, más de $73 mil millones al año, y los resultados en la gestión son penosos, por decirlo menos. Primero, la Fiduprevisora no tiene sistemas de información consolidados que permitan tener acceso oportuno a datos claves para tomar decisiones. Mientras los Ministerio de Salud y Trabajo tiene bases de datos que permite saber la prevalencia de enfermedades comunes y laborales, la Fiduprevisora escasamente sabe cuántos afiliados tiene.
Segundo, la prestación de los servicios médicos es precaria y la Fiduprevisora ha reconocido públicamente que no tiene capacidad para exigir mejor atención a los contratistas. La calidad del servicio de salud en general es peor que el del régimen contributivo: el indicador de número de quejas por 10.000 afiliados es el doble para el magisterio, la eficiencia en la entrega de medicamentos pendientes presenta un incumplimiento del 90% y el indicador de oportunidad muestra que, entre la remisión, y la confirmación con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama se incumple en 6 de las 10 zonas del país (informe anual de gestión 2022 FOMAG).
Tercero, el proceso de solicitud y pago de las cesantías es ineficiente. Aunque el tiempo de pago ha mejorado, históricamente fue inoportuno y creo un valor por mora enorme para la nación que se estima en más de 1.3 billones de pesos.
Cuarto, el proceso de solicitud de pensión es calamitoso para algunos maestros. Hay maestros que han tardado años para que su pensión sea aprobada.
Quinto, los docentes no tienen un verdadero sistema de salud y seguridad en el trabajo, a duras penas se les aplica una en cuentas anual que se queda en nada. Los docentes ni siquiera cuentan con afiliación a una ARL y deben contentarse con una suerte de “servicio integral”, que es nada.
Podría seguir enumerando situaciones como las anteriores y la lista sería de nunca acabar, lo cual es paradójico, pues el costo per cápita del magisterio es mucho mayor que del régimen contributivo. La conclusión es obvia: la forma en que funciona actualmente el Fomag es inviable y los docentes se merecen un mejor sistema.
Esta situación no es nueva y el presidente lo sabe, él no se acabó de enterar. Hay varias evidencias de esto. Primero, en el segundo semestre del 2022 y el primero del 2023, los docentes de ASOINCA en férrea oposición a la prórroga de los contratos de salud se tomaron el Ministerio del Interior e intentaron tomarse el Capitolio Nacional. Muchas reuniones se sostuvieron con ellos, situación que molestó a Fecode, pero que fue conocido por el presidente. Segundo, en reunión en el Palacio de Nariño en marzo en la que asistieron las ministras de Educación y Trabajo y Fecode, uno de los temas tratados con el presidente fue precisamente los problemas de administración del Fomag.
Tercero, en la socialización de la primera versión del PND en 2022, conocida por todo el gobierno, incluido el presidente, se indicaba la preocupante situación del Fomag. Esa versión del PND planteó como solución crear una entidad pública dedicada exclusivamente a administrar el Fomag, dotada de una junta directiva, conformada por los mismos miembros que actualmente componen el consejo directivo. El propósito era contar con una institucionalidad especializada y dedicada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del magisterio y que aumentara la oportunidad en la atención de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, esta propuesta no vio la luz por la fuerte oposición al cambio, lo que resulta paradójico.
En estos 30 años, el Fomag podría haber consolidado una red de clínicas y hospitales propios articulados con la red pública y tener una mejor atención que la medicina prepagada. En contraste, recursos de las prestaciones sociales del magisterio y de los servicios de salud y seguridad en el trabajo han enriquecido a unos pocos y dejado a los docentes con una precaria atención, lo cual ha sido denunciado ampliamente por años. Los contratistas de la salud han construido enormes clínicas hospitales privados y un pequeño grupo de abogados se ha quedado con una gran tajada del cobro por mora de las cesantías.
El presidente Petro encontró un entramado de corrupción al interior de la Fiduprevisora, que esperamos termine en investigaciones concretas y responsables. Sin embargo, el Fomag sigue en cuidados intensivos y hay que tomar medidas inmediatas para que la “joya de la corona” no desaparezca.
Fragmento: Al margen de la problemática de la administración del Fomag, el país está en mora de abrir la discusión sobre la salud de los docentes. Hay evidencia que los docentes tienen fuertes prevalencias en enfermedades relacionados con el estrés y la ansiedad. ¿Cómo la carrera docente responde a esta situación?
*Exviceministro de Educación preescolar, básica y media - Profesor asociado de la facultad de educación de la Universidad de los Andes.
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