“La U. Nacional apenas tiene un docente por cada 20 estudiantes”, rectora Montoya

La educación superior colombiana enfrenta grandes retos de cara a las modificaciones que espera hacer el Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los actores cruciales de las próximas discusiones es la Universidad Nacional, la institución pública más grande del país que, solo hasta 2018, eligió por primera vez a una mujer como su rectora. Se trata de Dolly Montoya Castaño, doctora en ciencias naturales en la Universidad Técnica de Alemania, y maestra en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (Lea también: Semana clave para la educación: ¿Qué debería tener la reforma del Gobierno Petro?).

Su alma máter es la Universidad Nacional de Colombia: allí se graduó como química farmacéutica en 1977 y, desde que llegó a la rectoría hace cinco años, ha enfrentado múltiples retos: la pandemia en 2020, dos Paros Nacionales en 2019 y 2021, y los retos que dejó el covid-19 en educación a nivel mundial. Ahora hace parte de un debate álgido y crucial para la educación colombiana: la reforma a la Ley 30 de 1992 que, entre muchas cosas, definen la financiación anual que el Estado designa a las Instituciones de Educación Superior (IES).

El Espectador habló con la rectora Montoya sobre esos temas y, también, sobre los ingredientes necesarios para una educación de calidad para los colombianos, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional ocupa el segundo mejor lugar de todas las instituciones, públicas y privadas, de Colombia, y el puesto 226 a nivel mundial, según el ranking QS (Le puede interesar: El sueño de entrar a una universidad pública: solo pasa el 48% de los inscritos).

La Universidad Nacional ha participado de forma activa e histórica por una reforma en la educación colombiana. ¿Cuál ha sido su posición frente a la posible reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992?

Hace cinco años, la comunidad universitaria se movilizó para exigir condiciones distintas. Ahí acordamos tres etapas de solución al problema de las universidades públicas. La primera, planteaba una ayuda económica para pagar la nómina y otros gastos urgentes porque, de la Ley 30 para acá, no se nos incrementó el presupuesto por encima del índice de Precios al Consumidor (IPC). Luego se negoció y, actualmente, el Gobierno dijo que nos correspondía el IPC más 5 puntos, pero el problema continúa sin solución.

La segunda etapa era la negociación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Por ello, el Sistema Universitario Estatal (SUE) construyó un modelo que es capaz de garantizar crecimiento continuo y sostenibilidad a todas las universidades. Es urgente que esta reforma continúe.

El presupuesto de la UNAL es de $2.4 billones de pesos, de este total el Gobierno nacional nos da 900 mil millones para lo misional. El restante lo generamos con proyectos de investigación, trabajo con alcaldías, gobernaciones y demás. Pero pagar la nómina de nuestra planta docente siempre es una dificultad.

Eso nos lleva a la tercera etapa, que habló del déficit estructural de las instituciones de educación superior públicas. Hace cinco años negociamos una política de Estado para la educación superior, para que no tuviéramos que hacer movilizaciones cada que llegara un nuevo Gobierno.

Hablando de la planta docente de la Universidad Nacional, ¿cómo va el número de docentes en relación con el número de estudiantes? ¿Alcanza para garantizar una educación de calidad?

Cuando empezó la Ley 30, teníamos 26 mil estudiantes y 3 mil profesores. Hoy en día la cifra de estudiantes ha aumentado, con cerca de 60 mil, pero la cantidad de docentes continúa igual.

¿Esta situación con los docentes perjudica a la Universidad Nacional en los rankings mundiales?

Comparado con otras grandes universidades de América Latina, lo más grave es la cantidad de docentes por estudiante. Por ejemplo, las universidades de Brasil tienen un promedio de un profesor por cada 2 estudiantes. Cuando se hizo la Ley 30 teníamos una relación de uno por 10 estudiantes,  ahora tenemos uno por 20, o sea el doble. Eso en los rankings nos perjudica muchísimo.

¿Qué sucede actualmente con el pago de la nómina de los docentes?

Lo que a nosotros nos llega del Estado es para la nómina, sin embargo, aún es necesario cubrir con recursos adicionales para terminar de abarcarla, pagar a los docentes ocasionales y los distintos cargos administrativos de la universidad. Por eso, el Ministerio de Educación ha venido adelantando las reformas a los artículos 86 y 87. Ahora estamos conciliando con esa cartera para poder llegar al Congreso.

Sabemos que no se van a financiar definitivamente las universidades públicas, es histórico el problema y no tenemos los suficientes recursos en Colombia, pero lo que podemos decir es que estamos aquí para continuar brindando educación.

¿Cómo están accediendo los jóvenes a la educación superior en Colombia?

Solamente 4 de 10 van a la educación superior: el 70% se remite a las universidades y el resto para técnicas y tecnologías. A nivel mundial esa pirámide es invertida: 70% acceden a técnicas y tecnologías, y el resto a carreras universitarias sin contar maestrías y doctorados. Parte de las tareas que tenemos que asumir las universidades públicas colombianas es formar más técnicos y tecnólogos, y por eso es clave acompañar más al SENA. En los países desarrollados, los técnicos y los tecnólogos ganan mucho más que los universitarios.

¿Cuáles son los retos en cuestión de infraestructura para los 500 mil nuevos cupos en educación superior que este Gobierno quiere garantizar durante sus cuatro años de mandato?

Todos los colombianos merecen una educación de calidad. Lo primero que la Universidad Nacional necesita para garantizar esta meta son más docentes por nuestros 60 mil estudiantes y los adicionales para aumentar cobertura en las regiones.

En cuanto a la prevención de violencias basadas en género, ¿cómo está compuesta la ruta de atención de la UNAL?

En la universidad tenemos un protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género que se expidió en el año 2017 y se implementó en 2018. Ese instrumento tiene 5 etapas que se desarrollan según las necesidades de la persona que denuncia. En primer lugar, se encuentra el conocimiento del caso. En el segundo punto está la orientación y atención en salud física y emocional. El tercer y cuarto punto contemplan la posibilidad de abrir un procedimiento alternativo pedagógico cuando lo víctima lo disponga, y darle paso a un proceso disciplinario. Por último, se le hace un seguimiento a lo sucedido desde las áreas de acompañamiento integral de Bienestar en la sede respectiva.

A toda la comunidad universitaria le corresponde conocer esta ruta para activarla e informar de manera prioritaria a las áreas de acompañamiento integral de Bienestar. Así, tendremos una adecuada atención a las víctimas y remisión del caso a instancias disciplinarias o penales según sea el caso.

El actual Gobierno está planteando un enfoque más rural para las instituciones de educación superior. ¿Considera que es el camino adecuado?

A mí me parece muy importante el enfoque regional, que es donde nunca ha llegado la educación, Es fundamental fortalecer la oferta en todos los niveles en las regiones, en la medida en que generemos condiciones. En las zonas donde ya existen las capacidades, debemos profundizar la formación de magísteres y doctores que puedan mantener la calidad en los territorios. Debemos preguntarnos también ¿dónde está la materia prima para formar doctores cuando no tenemos ni siquiera calidad en la educación básica y media? Es necesario construir sinergias para que la calidad de la educación superior también impacte la básica y la media.

Una solución que nosotros planteamos para articular más la ciudad con las regiones son las universidades intersedes, aquellas que forman a sus estudiantes por igual. Si tenemos un programa de desarrollo de territorio y todas las voces y actores se ponen de acuerdo para ir en la misma dirección, se puede lograr el objetivo. Más allá de construir más edificios en regiones apartadas, debemos tener calidad de programas académicos, profesores, administrativos y estudiantes. No tenemos que crecer como los países desarrollados, sino como Colombia necesita.

¿Cuál es la estrategia que tienen para territorios alejados de las capitales?

Tenemos un 20% de programas especiales que nos permiten llegar a lugares donde antes no llegaba la universidad. También contamos con cuatro sedes de frontera (San Andrés, Leticia, Arauca y Tumaco), donde empezamos con programas de investigación y formación. Sus estudiantes tienen la oportunidad de terminar cualquiera de las 68 carreras que ofertamos en las Sedes Andinas, en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz y, por lo general, cuando terminan sus carreras retornan a sus sitios de origen para aumentar el desarrollo local.

¿Cuentan con un ejemplo de programas exitosos para las necesidades de territorios más apartados?

En la Costa Atlántica tuvimos un proyecto que comenzó hace 20 años. Cuando llegamos, les preguntamos qué necesitaban y la tarea de la Universidad Nacional fue ayudarles a mejorar el cultivo del ñame, que ellos llevaban haciendo durante años, pero a su manera. Para eso, se invirtieron 7 millones de euros con la ayuda de Países Bajos. Con el programa que instalamos allá, hicimos empresas de bases tecnológicas que ahora dirigen mujeres cabeza de familia, y la producción de ñame subió a 300 toneladas al año.

Ya llevamos dos generaciones de profesionales graduados y ahora tienen empresa exportadora. Las comunidades saben más que nosotros, porque toda la vida han producido ñame. Lo que intentamos fue mejorar lo que ellos ya sabían hacer. Eso nos enseña que, si queremos el progreso del país, debemos adaptarnos a las condiciones y las necesidades que tienen las regiones, que no son las mismas que las de las capitales.

¿Cómo analiza las decisiones que se han tomado frente a programas como Generación E y cuál debería ser el enfoque cuando hablamos de otorgar créditos para el acceso a la educación superior?

En el caso de Generación E, lo irregular de ese programa fue que el Estado le dio a las universidades públicas $1 millón por estudiante, mientras que a las privadas no le pusieron límite de matrículas. No puede inventarse un programa para quitarle recursos a la educación pública, y ese fue el problema de Generación E. La bolsa pública es sagrada, más cuando, en el caso de la UNAL, el 85 % de nuestros estudiantes son de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Es fundamental financiar la oferta de la universidad pública.