Este jueves, antes de que se hiciera público que Ismael Peña se posesionó en una notaría como rector de la Universidad Nacional, desde la Secretaría de la Universidad se había solicitado a la Procuraduría que interviniera en el proceso para llevar a cabo la posesión del rector. El documento fue firmado por Amanda Lucía Mora Martínez, en calidad de secretaria técnica del Consejo Superior Universitario.
Luego de que se conociera la escritura de notaría con la que se posesionó Peña, se presentaron disturbios en las porterías de la Calle 26 y de la Calle 45, por lo que la Vicerrectoría de la sede de Bogotá ordenó desalojar el campus y declaró alerta roja en la institución de educación superior.
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Peña, rector designado por este cuerpo colegiado para el periodo 2024-2027, debía haber iniciado en su cargo este 2 de mayo, en medio de un paro indefinido de sectores de los estamentos estudiantiles, profesorales y de egresados que no avalan su designación, pues no ganó en la consulta a la comunidad.
Se había planeado un acto de posesión en la Sede Tumaco, que no sucedió, pues el acta del cuerpo colegial no contó con la firma de la ministra de Educación, Aurora Vergara, ni con las firmas de las dos delegadas de presidencia. Vergara se había negado a firmar el acta que muestra cómo se llevó a cabo el proceso de elección de Peña en el Consejo Superior Universitario, pues, a su parecer, no era transparente. Mientras ella pedía que se dieran detalles de las intervenciones de los integrantes del CSU, este órgano las prefirió mantener en el anonimato.
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La petición de la Secretaría a la Procuraduría se dio en medio de la publicación de un documento ejecutivo en el que se reveló parcialmente el proceso de designación surtido en sesión extraordinaria el pasado 21 de marzo, en el que se seleccionó a Ismael Peña como próximo rector de la institución, y la filtración de la escritura pública en donde Peña se posesionaba como rector de la Universidad Nacional en la Notaría 14 de Bogotá, tras no contar con la firma de la ministra de Educación en el acta de posesión.
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El documento señalaba que esta intervención debía ser inmediata, pues la institución “no puede quedar sin dirección, ni representación legal, pues esta situación acarrearía graves consecuencias en la prestación del servicio de educación superior”.
Aquí está el documento completo de la solicitud:
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