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En 1980, cuando la crisis centroamericana estaba a punto de estallar en una conflagración casi apocalíptica –con el asesinato del Arzobispo Oscar Romero en el Salvador; con el comienzo de la guerra de los ‘Contras’ apoyado por el gobierno del Presidente Reagan en un intento de derrocar la revolución Sandinista en Nicaragua; con el golpe de Estado del General Efraín Ríos Montt en Guatemala y sus políticas contra-insurgentes que años después la Comisión del Esclarecimiento Histórico llamó “actas del genocidio”- la Asamblea General de las Naciones Unidas fundó la Universidad para la Paz, con sede en San José, Costa Rica.
La fundación de una universidad de paz en el momento de estallar las guerras centroamericanas fue un acto de perspicacia. Reconoció, aún en plena Guerra Fría y en medio del estallido de guerras ‘calientes’ en Centroamérica, que la salida de las crisis no era por la vía militar sino mediante el diálogo y la reconciliación. Subrayó que la construcción de la paz es una política de largo plazo íntimamente ligada con la educación.
Al fundar una universidad multinacional y pluri-cultural, con el apoyo de casi todas las naciones del mundo, la Asamblea General de la ONU estaba declarando que no existe una institución con más capacidad de liderar un proceso de paz y una eventual construcción del post-conflicto, que la Universidad. Sin embargo, iba a tomar una década o más de guerras en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, antes de que las propuestas de paz tomaran fuerza.
El presupuesto para la guerra fue invertido en la Universidad…
La sede de la nueva universidad tuvo un valor simbólicamente importante. Costa Rica fue el primer país del mundo en desmantelar sus Fuerzas Armadas después de una guerra civil en los años 40. Su nueva constitución de 1949 propuso que la protección territorial se produce por las capacidades diplomáticas y que la seguridad no viene con la fuerza de las armas sino con la fortaleza de las instituciones, la riqueza y bienestar de la sociedad y la educación de sus ciudadanos. Después de abolirse el ejército en su Constitución, el presupuesto anteriormente asignado a las Fuerzas Armadas fue designado para la educación.
No fue un accidente que el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, fuera quien liderara los procesos de paz centroamericanos en los años ochentas y noventas. El primer gran avance fue el ‘Acuerdo de Esquipulas II’ denominado “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” del 7 de agosto de 1987. ‘Esquipulas II’ estableció una Comisión Nacional de Reconciliación en cada uno de los países en conflicto en la región y pidió la ayuda de las Naciones Unidas en la terminación de los conflictos.
El Secretario General de la ONU ofreció enviar algunos representantes especiales para facilitar los diálogos nacionales y con los grupos armados, y ofreció la cooperación y asistencia técnica y pedagógica de la Universidad para la Paz.
Las zonas de paz
Fue la Universidad para la Paz la que introdujo el concepto de “zonas de paz” en la región, y en 1990, los presidentes centroamericanos declararon el istmo como una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. Más aún, los presidentes designaron a la Universidad para la Paz como una de las instituciones claves para liderar la reconstrucción y post-conflicto después de la firma de acuerdos finales.
En 1994, dos años después de la firma de los acuerdos en El Salvador, los cinco presidentes pidieron a la Universidad para la Paz que desarrollara e implementara un programa educativo que contribuyera a la construcción de una cultura de Paz y Democracia en Centroamérica. Un programa piloto fue desarrollado en 15 comunidades que habían sido afectadas por las guerras civiles o por la exclusión y la violencia.
En 1996, el año en que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, los presidentes pidieron a la Universidad para la Paz desarrollar un ‘Modelo Integral de Educación para la Paz’ para implementar en todos los países. ‘El Modelo Integral’ está basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los documentos básicos de los Derechos Humanos desarrollados posteriormente. Enfatiza no solamente en los derechos de primera generación, -los cívicos y políticos- que contemplan el derecho a la vida y la dignidad de la personas, sino que también hace énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales,-los llamados derechos de segunda generación-. Dándole igual importancia, el modelo también integra la idea de los derechos de la llamada tercera generación que incluyen el Derecho a la Paz, el Derecho al Desarrollo, y el Derecho a un Medio Ambiente Saludable y Sostenible. Al centro de la propuesta se encuentra una visión holística de paz, que según el mismo modelo, es el resultado de una interacción armónica a varios niveles: la integridad y la auto-realización de la persona, el diálogo y relación entre la persona y la comunidad y, entre el individuo y la naturaleza.
El legado para Colombia
Con sus límites y posibilidades, la Universidad para la Paz en Costa Rica ya tiene más de 30 años ayudando a los países centroamericanos y a las regiones en conflicto y post-conflicto en todo el mundo. Nadie duda que una de las claves para la construcción de paz en una época de post-acuerdos en Colombia es la educación para la paz.
Este año, el Presidente Santos firmó un decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015 autorizando a todos los colegios públicos y privados del país incluir de manera obligatoria una Cátedra de La Paz dentro de su plan curricular. Es un buen comienzo pero la pedagogía de la paz no puede reducirse a un curso más en el currículo. Entre muchos otros asuntos, hay que pensar en cómo se va a integrar la nueva cátedra dentro de la educación formal pero también dentro de la informal, ello con el fin de alcanzar más sectores de la sociedad. ¿Cuál va a ser el contenido de ésta educación? ¿Quién va a participar en su constante evaluación, seguimiento y (re)formulación? ¿Cuál será el papel de las universidades colombianas en este proceso?
UNIPAZ: la Universidad de Paz en Barrancabermeja
Colombia tiene un gran sistema de educación superior, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sus mejores universidades compiten con las mejores en América Latina. Las universidades en las regiones han sido un motor para el desarrollo de las mismas –unos más eficaces que otros. Hay programas que han expandido el acceso a estas universidades por parte de los estudiantes con menos recursos. Aquí debemos mencionar una experiencia no suficientemente conocida en el país, la de la Universidad de Paz en Barrancabermeja: UNIPAZ. Se fundó como resultado de las marchas campesinas en el Magdalena Medio en los años ochentas, que demandaron una institución de educación superior para formar profesionales que pudieran liderar el desarrollo de la región y consolidar la idea de la paz, que fue el centro de la política del gobierno nacional, durante el periodo presidencial de Belisario Betancur.
Es una universidad pública apoyada por la gobernación de Santander. El símbolo de esta Universidad es la paloma de la paz, que recuerda todas las que fueron pintadas por las calles de Bogotá y otras ciudades del país durante el proceso de paz liderado por Betancur.
Veinte años después, mientras las palomas de la paz han desaparecido de las calles en el resto del país, éstas siguen en los muros de la estructura campestre de la UNIPAZ.
La universidad tiene un record en formación de profesionales destacados en la región, desde ingenieros que salen a trabajar con la industria petrolera, hasta trabajadores sociales y veterinarios. Ahora, en medio de las discusiones en la región sobre el post-conflicto y la paz, UNIPAZ está desarrollando un nuevo programa de ciencias políticas y paz, que podría servir como base de una nueva carrera ofrecida por la universidad, pero también como un programa transversal para enriquecer la formación de todos los estudiantes, no solamente como profesionales para el desarrollo de la región, sino también para que ayuden en la construcción y consolidación de paz en ella.
Los estudios sobre la violencia
En el ambiente académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años ochentas, ha surgido en Colombia un campo de estudios sobre la violencia, practicado por quienes han sido denominados los “violentólogos”, en un intento de entender la larga historia de violencia que el país ha experimentado durante casi 70 años continuos.
Se han desarrollado bancos de datos de violaciones de derechos humanos con más cobertura y precisión que casi cualquier otro país en guerra o con un conflicto armado interno. Estos estudios y procesos sistemáticos de recolección de datos y testimonios han hecho posible el informe reciente de la Comisión Histórica del Conflicto y Sus Víctimas y también los trabajos del Centro de Memoria Histórica, culminando en su libro relativamente reciente pero ya clásico, ‘Basta ya’.
Estos trabajos ya existentes sobre la violencia van a ser un factor esencial para el trabajo de la Comisión de Verdad que fue acordada hace poco y anunciada en un Comunicado de la mesa de negociación en La Habana.
Las responsabilidades de la Universidad…
Pero si Colombia fue pionera en el estudio de la violencia, ya es el momento que la universidad colombiana asuma el liderazgo en la construcción de paz en el país. Hay que conocer de cerca los modelos pedagógicos internacionales como los que han sido desarrollados en la Universidad para la Paz en Costa Rica y otros adelantados en grandes centros académicos de resolución de conflicto en todo el mundo. Sin embargo, la universidad colombiana tiene una oportunidad única de liderar el proceso de construcción de la paz en el período post-acuerdo. Esto lo puede hacer aprovechando su sabiduría construida en medio de la adversidad y la complejidad del conflicto para la creación y fortalecimiento de pedagogías de verdad y paz acordes con las condiciones y realidades específicas de las regiones colombianas y de las necesidades nacionales.
*Profesor y Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Director del Programa Georgetown-Universidad de los Andes en Resolución de Conflictos y Derechos Humanos, en Bogotá.