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El sistema de salud del magisterio comenzará una transición compleja este 1 de mayo, en el que poco más de 800.000 personas tendrán cambios en cómo acceden a los servicios de salud. En este proceso ha habido un grado importante de incertidumbre y dudas sobre la capacidad que tendrá la Fiduprevisora para contratar a las miles de clínicas y hospitales que, espera el magisterio, entren a hacer parte de la nueva red de prestadores. Pero hay una duda que se ha robado la atención: la empresa que hará la auditoría.
“La empresa contratada en el momento es D&G, y han existido muchas quejas respecto de la auditoría realizada por esta y no se conoce que otros proveedores se presentaron y que criterios para que la seleccionada sea la misma (D&G), así mismo, no es urgente contratar el servicio de auditoría, esta da una espera para ampliar esta convocatoria y poder dividir al país en regiones y tener criterios más objetivos”, decían en una carta Christian Rey Camacho y Georgina Arroyo, representantes de Fecode en el Fomag, el pasado 24 de abril. (Puede ver: La ley estatutaria de educación va pasando de agache)
D&G es una empresa de auditoría colombiana con experiencia en el sector salud. Ya ha participado en el pasado de los contratos para auditar el sistema de salud del magisterio. En esta ocasión, la Fiduprevisora (como la entidad que, en representación del Fomag, está contratando todo lo relacionado con el sistema), la recomendó como la oferta más favorable para la “prestación de servicios de auditoría de calidad, cumplimiento y concurrente a los contratos con las entidades que garantizan la prestación de los servicios de salud del modelo de salud integral y la atención médica dedicada de los riesgos laborales”.
Es decir, según el objeto del contrato, D&G tendrá que revisar y asegurarse de que los servicios de salud para los maestros sean buenos y se den como deben, según lo que dice el contrato. Esto es para garantizar que los maestros reciban la atención médica que necesitan y que sea de calidad. Para hacer eso, el contrato estipula un valor de poco más de $72 mil millones de pesos. Como se sugiere en la carta, ha habido críticas en Fecode a cómo la Fiduprevisora eligió a D&G como la empresa auditora del nuevo sistema.
“Ese fue uno de los desencuentros”, reconoce Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode. “Hay una desavenencia con la Fiduprevisora, pero no significa que no se pueda corregir. La discusión es de cuánto es el tiempo del contrato y cómo se hizo la licitación para que fuera más abierta. Esa fue una discusión que pusimos, como muchas. Nosotros podemos tener acuerdos con el modelo, pero nunca perdemos nuestra condición de representantes de los trabajadores, y donde hay desacuerdos, se van a plantear”, agrega Alfonso.
Para la ejecutiva de Fecode, “hay cosas que la Fiduprevisora ha solicitado y que, en el proceso de hoy, son totalmente necesarias. Por ejemplo, que le aprobáramos el pago por evento en el sistema. Eso es necesario porque yo no puedo decir que no pase nada hasta que no contrate con equis hospital. Y para eso se necesita auditoria. No puede hacerse sin auditoria”. Desde el sindicato no cierran las puertas a que estas decisiones puedan cambiar en el futuro. (Puede ver: ABC de los cambios y los retos que tendrán los maestros)
Por ejemplo, y respecto a decisiones que ha tenido que tomar la Fiduprevisora, el Fomag autorizó que para garantizar la continuidad del servicio de salud, se contrate con muchos de los centros de salud que ya contrataban los anteriores operadores que fueron eliminados del modelo. La idea de Fecode es que, en “unos tiempos razonables”, vayan entrando al sistema del magisterio nuevas tandas de clínicas y hospitales.
Este no ha sido el único temor respecto a la Fiduprevisora. La entidad tiene que establecer ahora miles de contratos con clínicas y hospitales en todo el país. Para eso, Fecode y el Gobierno se proponen fortalecer a esta estructura internamente, lo que implicará unos costos y un proceso de transición, en el que la Procuraduría tiene muchas dudas. “Hay enorme improvisación”, ha dicho la procuradora, Margarita Cabello.
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