Las deudas que aún quedan de los acuerdos estudiantiles de 2018

En octubre de 2018, estudiantes de universidades públicas y privadas, rectores, docentes y directivos salieron a las calles para exigirle al Gobierno Nacional más presupuesto para financiar las 32 Instituciones de Educación Superior (IES). Tras nueve marchas, un paro indefinido de actividades académicas y 16 sesiones de negociación, el 14 de diciembre se concretó un acuerdo con el Gobierno: el presidente Iván Duque se comprometió a destinar más de $4,5 billones adicionales para la educación superior pública durante los próximos cuatro años. Un acuerdo que finaliza en 2022. ¿Qué se ha cumplido y qué no de ese acuerdo?

Para hacer un seguimiento a los puntos pactados, el Ministerio de Educación, representantes estudiantiles, el Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores y otros integrantes de la comunidad universitaria establecieron la “Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública”. Luego de 157 espacios de trabajo se realizó en diciembre de 2021 la última sesión. Sin embargo, para Cristian Serna, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), la manera en que se desarrolló no fue la adecuada. “Los materiales de información lo compartían dos días antes de la reunión y no podíamos estudiarlos. Llegábamos a escuchar al Gobierno y a hacer comentarios que quedaban en actas”. (Lea: Colegios privados de Cali iniciaron las clases presenciales)

La financiación a las universidades públicas: se avanzó, pero es insuficiente

Tal vez el principal punto de los acuerdos era el del incremento en el presupuesto que el Estado le asigna al sector. “Entre 2019 y 2021 se destinaron cerca de $3,49 billones adicionales. Además, los recursos para el cumplimiento de las partidas acordadas para 2022 están aseguradas en el Presupuesto General de la Nación, con lo que se aseguran cerca de $4,6 billones transferidos a las IES públicas durante el período de este gobierno”, sostiene el Ministerio de Educación. Ese dinero ha sido destinado a diferentes fines, como el fortalecimiento de la base presupuestal o la financiación de proyectos de investigación.

El balance en este punto, dice Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, es favorable. “El balance es que el Gobierno ha cumplido en materia financiera lo que ha acordado. Se han girado los recursos para el funcionamiento de las universidades, se ha cumplido con los recursos para los proyectos de investigación, se ha cumplido con los recursos que se han destinado para la formación doctoral”, puntualiza. Pero, añade, el problema es que los acuerdos finalizan en 2022 y la desfinanciación de las IES va a persistir si no se implementa una política de Estado. (Lea: Mineducación visitará la U. Sergio Arboleda por denuncia de irregularidades)

Por eso, desde el SUE, proponen un proyecto de ley que reconozca los gastos anuales de las IES, en el que se contemplen recursos de inversión para implementar en los planes de desarrollo. “Lo vamos a radicar en marzo cuando salga elegido el nuevo Congreso. Nuestro propósito es que la universidad pública sea sostenible, y para eso es necesario la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992″, apunta Torres. En estos artículos se estableció que los reajustes anuales del presupuesto de las instituciones no podrían ser inferiores al aumento del índice de precios al consumidor (IPC).

Desde la Acrees también contemplan una reforma urgente a la ley. La Asociación sostiene que “el problema es que el Gobierno les gira a las universidades un dinero que solo cubre los gastos básicos de funcionamiento. Hasta la fecha, ni siquiera se ha inaugurado la mesa que se prometió para empezar a dar la discusión sobre modificar esta ley”, dice Serna. “El presupuesto no es suficiente, pues las instituciones han crecido cinco puntos por encima del IPC, lo que representa un desfinanciamiento superior a $3,5 billones”, añade. En 2004, por ejemplo, había 365.085 estudiantes inscritos en los programas de pregrado. La cifra incrementó a 576.393 para 2017.

Icetex, derechos humanos y Becas Bicentenario: los eslabones débiles

De los 18 puntos principales pactados, la mayoría se han cumplido parcial o en su totalidad. Sin embargo, advierten los estudiantes, hay tres puntos en los que no se ha tenido avance. Uno de ellos es la garantía de los derechos humanos de los estudiantes durante las marchas. “Los estudiantes han dicho que no se han investigado las lesiones que sufrieron muchos de ellos durante las marchas, como la pérdida de los ojos, por ejemplo”, asegura Torres, del SUE. De hecho, en el paro de 2018, incrementaron las amenazas, los panfletos de grupos paramilitares, la persecución y las sanciones a los profesores y estudiantes participantes en las manifestaciones. (Lea: Víctimas del conflicto podrán acceder a créditos condonables para estudiar)

En este punto, los diferentes movimientos estudiantiles han pedido la disolución del Esmad y la aprobación de un proyecto de ley, realizado por el Comité Nacional del Paro, en el que se establezcan cuáles serán las garantías durante las protestas. “Aún no se ha hecho el seguimiento adecuado ni se han atendido todos los casos particulares en los que se han vulnerado los derechos humanos, incluso los casos se redujeron de 400 a menos de 50, alegando que no se han presentado las denuncias de manera física”, cuenta Serna.

La reforma al Icetex es otro de los puntos que ha incumplido el Gobierno. Las negociaciones comenzaron en 2019 y, aunque se venía desarrollando de manera satisfactoria, en 2020, con la virtualidad, surgieron dudas entre los representantes, como que incrementó el número de universidades privadas que iban a discutir la reforma. “A raíz de esas diferencias, la mayoría de los sectores estudiantiles, usuarios e indígenas nos levantamos de la mesa. Nos retiramos cuando una exfuncionaria de la entidad nos informó que el Gobierno estaba elaborando un proyecto de ley que solo traería una reforma cosmética”, dice Daniel Torres, exrepresentante de los usuarios del Icetex.

El texto final, presentado por el Ministerio de Educación y el Icetex, se divide en cuatro ejes: alivios, incentivos, gestión y gobernanza, y programa de apoyo. En el tema de los alivios, señala el texto, que “incluye enfoques diferenciales en tasas de interés, condonación de capital y subsidios para los créditos”. Manuel Acevedo, director de la entidad, asegura que “los intereses, a partir de febrero de 2022, tendrán nuevas tasas. Los usuarios de los créditos tendrán tasas que no superarán el IPC + 7,5 puntos”. En cuanto a la gobernanza, añade, buscan modificar la junta directiva para permitir la participación de usuarios y empleadores.

A pesar de las inquietudes y quejas de los deudores y estudiantes, la reforma ya se radicó. “Esa reforma es nefasta, incluso tenía repetidas varias cosas que ya estaban sancionadas en otra ley que se cayó. Este punto representa un incumplimiento a lo acordado en 2018, pues en el proceso de elaboración del proyecto no participaron ni los deudores, ni los movimientos estudiantiles, ni los profesores”, explica Serna. Así como sucedió con la reforma al Icetex, el desembolso del dinero de las Becas Bicentenario, para realizar doctorados y que son entregados por el Ministerio de Ciencia, también ha sido un punto incumplido por el Gobierno.

Estas becas antes eran otorgadas por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y, por medio de créditos condonables, apoyaban con manutención, matrícula, pasantía y financiación del proyecto de investigación para los doctorados de los beneficiarios. La última vez que se hizo una convocatoria fue en 2016. Dos años después, en 2018, y como producto de las marchas, se renovaron. “Tuvo sus dos cortes en 2019 y buscó apoyar a cerca de 500 estudiantes”, cuenta Lorena Medina, una de las beneficiarias con estas becas y líder en el proceso de su cumplimiento.

Pero cambios en las condiciones por parte de MinCiencias o demoras en el desembolso del dinero generaron que 534 estudiantes doctorales del país no hayan recibido su beca en casi dos años. “Algunos se endeudaron para poder pagar sus estudios, porque muchas universidades no guardan el cupo. Otros se vieron obligados a desertar por los altos costos de la matrícula. Esperamos que el Ministerio de Ciencias cumpla con las promesas de condonación y retroactivo”, añade Medina. La cartera, por su parte, ha señalado que los recursos de estas becas “provienen del Sistema General de Regalías (SGR) y los procesos propios del sistema no pueden ser modificados por el Ministerio”.

Aunque se ha avanzado en fortalecer la educación superior pública, las organizaciones estudiantiles, las universidades públicas y los líderes estudiantiles insisten en que se debe implementar una política de Estado que perdure y no que concluya con el gobierno de turno.

En octubre de 2018, estudiantes de universidades públicas y privadas, rectores, docentes y directivos salieron a las calles para exigirle al Gobierno Nacional más presupuesto para financiar las 32 Instituciones de Educación Superior (IES). Tras nueve marchas, un paro indefinido de actividades académicas y 16 sesiones de negociación, el 14 de diciembre se concretó un acuerdo con el Gobierno: el presidente Iván Duque se comprometió a destinar más de $4,5 billones adicionales para la educación superior pública durante los próximos cuatro años. Un acuerdo que finaliza en 2022. ¿Qué se ha cumplido y qué no de ese acuerdo?

Para hacer un seguimiento a los puntos pactados, el Ministerio de Educación, representantes estudiantiles, el Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores y otros integrantes de la comunidad universitaria establecieron la “Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública”. Luego de 157 espacios de trabajo se realizó en diciembre de 2021 la última sesión. Sin embargo, para Cristian Serna, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), la manera en que se desarrolló no fue la adecuada. “Los materiales de información lo compartían dos días antes de la reunión y no podíamos estudiarlos. Llegábamos a escuchar al Gobierno y a hacer comentarios que quedaban en actas”. (Lea: Colegios privados de Cali iniciaron las clases presenciales)

La financiación a las universidades públicas: se avanzó, pero es insuficiente

Tal vez el principal punto de los acuerdos era el del incremento en el presupuesto que el Estado le asigna al sector. “Entre 2019 y 2021 se destinaron cerca de $3,49 billones adicionales. Además, los recursos para el cumplimiento de las partidas acordadas para 2022 están aseguradas en el Presupuesto General de la Nación, con lo que se aseguran cerca de $4,6 billones transferidos a las IES públicas durante el período de este gobierno”, sostiene el Ministerio de Educación. Ese dinero ha sido destinado a diferentes fines, como el fortalecimiento de la base presupuestal o la financiación de proyectos de investigación.

El balance en este punto, dice Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, es favorable. “El balance es que el Gobierno ha cumplido en materia financiera lo que ha acordado. Se han girado los recursos para el funcionamiento de las universidades, se ha cumplido con los recursos para los proyectos de investigación, se ha cumplido con los recursos que se han destinado para la formación doctoral”, puntualiza. Pero, añade, el problema es que los acuerdos finalizan en 2022 y la desfinanciación de las IES va a persistir si no se implementa una política de Estado. (Lea: Mineducación visitará la U. Sergio Arboleda por denuncia de irregularidades)

Por eso, desde el SUE, proponen un proyecto de ley que reconozca los gastos anuales de las IES, en el que se contemplen recursos de inversión para implementar en los planes de desarrollo. “Lo vamos a radicar en marzo cuando salga elegido el nuevo Congreso. Nuestro propósito es que la universidad pública sea sostenible, y para eso es necesario la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992″, apunta Torres. En estos artículos se estableció que los reajustes anuales del presupuesto de las instituciones no podrían ser inferiores al aumento del índice de precios al consumidor (IPC).

Desde la Acrees también contemplan una reforma urgente a la ley. La Asociación sostiene que “el problema es que el Gobierno les gira a las universidades un dinero que solo cubre los gastos básicos de funcionamiento. Hasta la fecha, ni siquiera se ha inaugurado la mesa que se prometió para empezar a dar la discusión sobre modificar esta ley”, dice Serna. “El presupuesto no es suficiente, pues las instituciones han crecido cinco puntos por encima del IPC, lo que representa un desfinanciamiento superior a $3,5 billones”, añade. En 2004, por ejemplo, había 365.085 estudiantes inscritos en los programas de pregrado. La cifra incrementó a 576.393 para 2017.

Icetex, derechos humanos y Becas Bicentenario: los eslabones débiles

De los 18 puntos principales pactados, la mayoría se han cumplido parcial o en su totalidad. Sin embargo, advierten los estudiantes, hay tres puntos en los que no se ha tenido avance. Uno de ellos es la garantía de los derechos humanos de los estudiantes durante las marchas. “Los estudiantes han dicho que no se han investigado las lesiones que sufrieron muchos de ellos durante las marchas, como la pérdida de los ojos, por ejemplo”, asegura Torres, del SUE. De hecho, en el paro de 2018, incrementaron las amenazas, los panfletos de grupos paramilitares, la persecución y las sanciones a los profesores y estudiantes participantes en las manifestaciones. (Lea: Víctimas del conflicto podrán acceder a créditos condonables para estudiar)

En este punto, los diferentes movimientos estudiantiles han pedido la disolución del Esmad y la aprobación de un proyecto de ley, realizado por el Comité Nacional del Paro, en el que se establezcan cuáles serán las garantías durante las protestas. “Aún no se ha hecho el seguimiento adecuado ni se han atendido todos los casos particulares en los que se han vulnerado los derechos humanos, incluso los casos se redujeron de 400 a menos de 50, alegando que no se han presentado las denuncias de manera física”, cuenta Serna.

La reforma al Icetex es otro de los puntos que ha incumplido el Gobierno. Las negociaciones comenzaron en 2019 y, aunque se venía desarrollando de manera satisfactoria, en 2020, con la virtualidad, surgieron dudas entre los representantes, como que incrementó el número de universidades privadas que iban a discutir la reforma. “A raíz de esas diferencias, la mayoría de los sectores estudiantiles, usuarios e indígenas nos levantamos de la mesa. Nos retiramos cuando una exfuncionaria de la entidad nos informó que el Gobierno estaba elaborando un proyecto de ley que solo traería una reforma cosmética”, dice Daniel Torres, exrepresentante de los usuarios del Icetex.

El texto final, presentado por el Ministerio de Educación y el Icetex, se divide en cuatro ejes: alivios, incentivos, gestión y gobernanza, y programa de apoyo. En el tema de los alivios, señala el texto, que “incluye enfoques diferenciales en tasas de interés, condonación de capital y subsidios para los créditos”. Manuel Acevedo, director de la entidad, asegura que “los intereses, a partir de febrero de 2022, tendrán nuevas tasas. Los usuarios de los créditos tendrán tasas que no superarán el IPC + 7,5 puntos”. En cuanto a la gobernanza, añade, buscan modificar la junta directiva para permitir la participación de usuarios y empleadores.

A pesar de las inquietudes y quejas de los deudores y estudiantes, la reforma ya se radicó. “Esa reforma es nefasta, incluso tenía repetidas varias cosas que ya estaban sancionadas en otra ley que se cayó. Este punto representa un incumplimiento a lo acordado en 2018, pues en el proceso de elaboración del proyecto no participaron ni los deudores, ni los movimientos estudiantiles, ni los profesores”, explica Serna. Así como sucedió con la reforma al Icetex, el desembolso del dinero de las Becas Bicentenario, para realizar doctorados y que son entregados por el Ministerio de Ciencia, también ha sido un punto incumplido por el Gobierno.

Estas becas antes eran otorgadas por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y, por medio de créditos condonables, apoyaban con manutención, matrícula, pasantía y financiación del proyecto de investigación para los doctorados de los beneficiarios. La última vez que se hizo una convocatoria fue en 2016. Dos años después, en 2018, y como producto de las marchas, se renovaron. “Tuvo sus dos cortes en 2019 y buscó apoyar a cerca de 500 estudiantes”, cuenta Lorena Medina, una de las beneficiarias con estas becas y líder en el proceso de su cumplimiento.

Pero cambios en las condiciones por parte de MinCiencias o demoras en el desembolso del dinero generaron que 534 estudiantes doctorales del país no hayan recibido su beca en casi dos años. “Algunos se endeudaron para poder pagar sus estudios, porque muchas universidades no guardan el cupo. Otros se vieron obligados a desertar por los altos costos de la matrícula. Esperamos que el Ministerio de Ciencias cumpla con las promesas de condonación y retroactivo”, añade Medina. La cartera, por su parte, ha señalado que los recursos de estas becas “provienen del Sistema General de Regalías (SGR) y los procesos propios del sistema no pueden ser modificados por el Ministerio”.

Aunque se ha avanzado en fortalecer la educación superior pública, las organizaciones estudiantiles, las universidades públicas y los líderes estudiantiles insisten en que se debe implementar una política de Estado que perdure y no que concluya con el gobierno de turno.