Este jueves, en medio de una jornada tensionante y atípica, el Consejo Superior Universitario (CSU), que es el organismo máximo de dirección y gobierno del plantel, llevó a cabo la votación para designar al nuevo rector de la Universidad Nacional. José Ismael Peña, quien se venía desempeñando como vicerrector de la sede Bogotá de la institución, fue designado para ocupar este cargo entre 2024 y 2027.
Esta noticia no fue bien tomada en la comunidad educativa, que tenía la esperanza de que se respetara la decisión reflejada en los resultados de la consulta, la cual fue ganada por Leopoldo Múnera, docente en Ciencia Política de la Universidad Nacional. De hecho, el movimiento estudiantil de Bogotá se declaró en paro indefinido, mientras que los estudiantes de las otras sedes tienen previsto una serie de plantones.
No es la primera vez que el CSU no acata los resultados de la consulta a la comunidad académica, como recuerda Mónica Godoy, antropóloga y maestra en estudios de género de la Nacional, cuando Dolly Montoya, quien se venía desempeñando como rectora del plantel, fue reelegida, en la consulta el voto en blanco la había sobrepasado. “Esto también pasó en el 2000. La consulta la ganó Víctor Moncayo, con una gran ventaja, y el Gobierno de Álvaro Uribe puso a Marco Palacios, que era un profesor que había estado involucrado en una represión de estudiantes en su rectoría en 1984, donde hubo varios muertos”, recuerda.
Con esta decisión, sin embargo, cuenta Laura Quevedo, estudiante de la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo y exrepresentante estudiantil ante el CSU, se activó la indignación de la comunidad académica y se “exige respeto por la consulta universitaria. Sobre todo por los procesos que se van a presentar en la universidad y que no han sido muy garantes”. Uno de ellos es la reforma a los posgrados.
También, señala, se revive la idea de que se lleve a cabo una transformación del modelo actual en el que se designa al rector y se piense en uno que incluya a la comunidad universitaria, no solamente al estudiantado, sino a todo el entorno universitario. “Al fin y al cabo somos nosotros los que vivimos la universidad todos los días, y que no se permita una participación vinculante es no dar un escenario de garantías”, añade.
Pero para entender mejor en qué se centra el debate sobre el modelo de designación del rector, es importante primero conocer cómo se elige a la persona que ocupará la rectoría de la Universidad Nacional. Después de que son avalados los candidatos al cargo, se lleva a cabo una consulta a la comunidad académica, aunque estos resultados no son vinculantes, sino que es un índice de opinión, sí sirven para depurar los aspirantes. Los cinco primeros en la votación son los que continúan en la contienda.
Luego, los integrantes del CSU son los encargados de escoger entre esos cinco aspirantes quién es el próximo rector. Hoy este grupo está conformado por la ministra de Educación, Aurora Vergara; dos miembros de la universidad designados por el Presidente (ambos estudiantes de la institución); una persona designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) (Humberto Rosanía); un exrector de la institución (Ignacio Mantilla); un integrante designado por el Consejo Académico (Verónica Botero, decana de la facultad de Minas); un representante elegido por los profesores (Diego Torres, de la facultad de Ciencias) y otro elegido por los estudiantes (Sara Jiménez). También está la actual rectora, Dolly Montoya, que tiene voz, pero no voto.
El problema de este consejo, explica Santiago Roldán, politólogo y especialista de políticas públicas de la Nacional, es que “el mecanismo de cómo se elige es una muestra de que en las universidades no reina la democracia universitaria”. Esto, dice, se debe a que de los nueve integrantes del consejo, solo dos son escogidos de manera democrática, que son el representante de docentes y el de estudiantes.
Para esta oportunidad, asegura Jennifer Pedraza, congresista y exrepresantante de estudiantes ante el consejo del plantel, la forma de votación que se empleó fue una basada en la teoría de juegos. “Eso se da a entender en las publicaciones de Sara Jiménez, la representante a los estudiantes”, dice y añade que pasó lo mismo cuando ella estuvo en el CSU durante la designación de Dolly Montoya como rectora.
Este método de votación, que se presume fue la que emplearon, es una aplicación práctica de la teoría de juegos. Para entenderlo mejor piense que tres personas (P1, P2 y P3) van a votar por cuatro candidatos (Ca, Cb, Cc y Cd) y deben elegir a la persona con más votos, pero, además, tienen que votar dos veces. De entrada los electores saben que los votos van a ser: P1 por Ca, P2 por Cb y P3 por Cc y, como tienen que votar dos veces, en su primera elección lo más probable es que voten también por el D. Al final, Ca, Cb y Cc tendrán un voto, mientras que Cd obtendrá tres, siendo el ganador de la contienda.
En ese sentido, plantea Roldán, “las personas pueden llegar a generar estrategias y por eso no es un mecanismo transparente, porque castiga a los favoritos y premia a quienes no tienen votos “en contra””. Esta metodología es válida usarla porque en la Ley 30 no existe un mecanismo específico para la designación de rector, sino que le da vía libre al CSU para que lo estipule. La votación puede ser directa, compuesta o ponderada.
Pedraza cuenta que esta semana, antes de que se reuniera el CSU para votar, tuvo una breve conversación con la ministra de Educación, Aurora Vergara, para que no permitiera esa metodología en la que se pueden votar por dos o más candidatos. “Ella preside el CSU y puede tomar ese tipo de decisiones. Le dije que si lo avalaba simplemente Múnera no iba a ser el rector”, señala. Pero, al final, ese fue el método que terminó empleándose.
La polémica, entonces, en opinión de Quevedo y Godoy, va más allá de quién quedara, sino fue la forma cómo se llevó a cabo el proceso. Primero, asegura Quevedo, no se respetó la consulta y fue “darle la espalda a la comunidad universitaria, sobre todo ahora que se elevó la participación casi en un 20%”.
Lo segundo, a los ojos de Godoy, es que este mecanismo dejó por fuera a las personas que tienen mayor apoyo por parte de la comunidad universitaria y permite que los mismos se queden en el poder de la institución.
“Ahí estaba Ignacio Mantilla, que es el representante de los exrectores y la persona que impulsó la candidatura de Dolly Montoya a la rectoría y su reelección. A este grupo también pertenece José Ismael Peña. Esto quiere decir que van a completar 18 años en el cargo tomando el poder de la universidad atentando contra cualquier ejercicio democrático”, dice Godoy.
Otro de los puntos que consideran debatibles es que la reunión del CSU fue completamente secreta y hermética. Según cuenta Pedraza, nadie sabía a la hora en la que se iban a reunir los integrantes, ni dónde, ni cómo iba a ser el mecanismo de elección. Una situación que, asegura, nunca se había presentado y a la cual se opone.
Durante el Gobierno de Iván Duque, Pedraza era representante de los estudiantes ante el CSU y, según cuenta durante la votación para designar al rector, trataron de impedirle que fuera publicando en sus redes sociales cómo se iba desarrollando la reunión. En su opinión, como la Universidad Nacional es la universidad estatal del país y se financia con recursos de los impuestos de los ciudadanos, lo mínimo es que se comunique qué está pasando al interior de este tipo de votaciones y que los votos, al final, sean públicos.
¿Cambiar o no el modelo?
Quevedo insiste en que sí se deben transformar algunas de las metodologías que se tienen en la universidad, principalmente, para que se le permita a la comunidad universitaria estar más vinculada en el proceso y pueda participar activamente y de forma más informada. Cuenta que estas falencias no se dan únicamente en la designación de rectoría, pues señala que son “arbitrarios” los nombramientos que entregan en este cargo, como las vicerrectorías y las direcciones.
“Para el semestre pasado había denuncias desde los sindicatos de que ciertos nombramientos tenían incluso denuncias por acoso laboral”, asegura Quevedo.
En este punto, Ronald Vargas, exrepresentante estudiantil ante el CSU, también coincide en la necesidad de reformar el modelo, ya que debe ser la comunidad educativa en desarrollo de su autonomía, quien elija sus autoridades administrativas, pues “lo de ayer fue un golpe a la democracia universitaria. Aunque los resultados se dieron dentro del marco legal, pasaron por encima de un reclamo histórico del movimiento estudiantil y profesoral”.
Una de las estrategias que plantea Pedraza es que se reforme la Ley 30 para definir explícitamente que las consultas dejen de ser consultas y sean votaciones directas de elección de rectoría. Lo cierto, por el momento, es que la comunidad educativa no está de acuerdo con los resultados y que incluso ya se habla de una constituyente universitaria, que básicamente busca construir un congreso universitario donde diferentes estamentos decidan cuáles son los estatutos de la universidad y genere un ambiente más democrático.
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