Las propuestas de los congresistas para atender la crisis financiera de la UdeA

Un grupo de 25 congresistas antioqueños presentaron una serie de iniciativas para atender la crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA). Las propuestas fueron presentadas en la mesa técnica en la que participa el Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para atender temas relacionados con la crisis.

Si bien la situación de la UdeA tendría diferentes causas, como la reducción de estudiantes matriculados en posgrados y pregrados; la apertura de nuevas sedes y el déficit financiero del Hospital Alma Máter, cuyo mayor accionista es la UdeA, los congresistas recalcaron que la situación financiera de las universidades públicas se resolverá de fondo cuando se modifique el actual modelo establecido en la Ley 30 de 1992.

(Lea: Crisis financiera de la UdeA: Gobernación de Antioquia condiciona su apoyo)

Sin embargo, también resaltaron que la actual situación requiere de acciones urgentes para no afectar su funcionamiento en el corto y mediano plazo. En ese sentido, propusieron un grupo de diez propuestas.

A la Alcaldía de Medellín le solicitaron un aporte de inversión anual de al menos 20.000 millones de pesos, así como la exención del impuesto predial de la Universidad. De acuerdo con los congresistas, la UdeA paga alrededor de $1.300 millones cada trimestre en impuesto predial, mientras que las sedes ubicadas en otros municipios han sido exoneradas de este pago.

También propusieron una tarifa diferencial para el pago de servicios públicos, pues cada año, aseguran, invierten $18.000 millones por estos conceptos. “Instamos a EPM a establecer una tarifa preferencial para la Universidad, acompañado de un plan de optimización del gasto de los servicios públicos por parte de la comunidad universitaria”.

(Lea: Nuevo sistema de salud de Fecode: sindicato de maestros de Sucre convocan paro)

Por otro lado, a la Gobernación de Antioquia le proponen, entre otras cosas, devolverle a la UdeA el Impuesto Especial por Obra, que corresponde al 5 % del valor total de cada contrato de obra que se le atribuya al departamento. “Instamos a la Gobernación a evaluar la devolución o exención de este impuesto que aliviaría la carga impositiva de la Universidad. Se estima un valor anual de $1.000 millones”.

Al gobierno nacional le piden reconocer los recursos que invierte la universidad en los municipios PDET de Antioquia. Según los congresistas, la universidad invierte 64.000 millones de pesos al año en los programas de educación superior en seis municipios PDET. “Le pedimos a la Nación que considere reconocer esta inversión como parte de su apuesta en la construcción de paz en los territorios que más lo necesitan”.

También propone que el Ministerio de Educación medie con el Ministerio de Hacienda para que la Universidad acceda a créditos blandos con las entidades financieras del Estado, con tasas y plazos favorables, incluyendo periodos de gracia.

Otra fuente de financiación que proponen es el mecanismo de Obras por Impuestos en los municipios más afectados por el conflicto armado, que por el momento solo se puede utilizar en ejecución de obras o en proyectos para la educación escolar. “Proponemos que el Ministerio de Educación y la Agencia de Renovación del Territorio realicen una modificación al Manuel Operativo de Obras por Impuestos para que las universidades públicas de educación superior también puedan apalancar sus apuestas en estos territorios a través de este mecanismo”.

Un grupo de 25 congresistas antioqueños presentaron una serie de iniciativas para atender la crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA). Las propuestas fueron presentadas en la mesa técnica en la que participa el Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para atender temas relacionados con la crisis.

Si bien la situación de la UdeA tendría diferentes causas, como la reducción de estudiantes matriculados en posgrados y pregrados; la apertura de nuevas sedes y el déficit financiero del Hospital Alma Máter, cuyo mayor accionista es la UdeA, los congresistas recalcaron que la situación financiera de las universidades públicas se resolverá de fondo cuando se modifique el actual modelo establecido en la Ley 30 de 1992.

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Sin embargo, también resaltaron que la actual situación requiere de acciones urgentes para no afectar su funcionamiento en el corto y mediano plazo. En ese sentido, propusieron un grupo de diez propuestas.

A la Alcaldía de Medellín le solicitaron un aporte de inversión anual de al menos 20.000 millones de pesos, así como la exención del impuesto predial de la Universidad. De acuerdo con los congresistas, la UdeA paga alrededor de $1.300 millones cada trimestre en impuesto predial, mientras que las sedes ubicadas en otros municipios han sido exoneradas de este pago.

También propusieron una tarifa diferencial para el pago de servicios públicos, pues cada año, aseguran, invierten $18.000 millones por estos conceptos. “Instamos a EPM a establecer una tarifa preferencial para la Universidad, acompañado de un plan de optimización del gasto de los servicios públicos por parte de la comunidad universitaria”.

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Por otro lado, a la Gobernación de Antioquia le proponen, entre otras cosas, devolverle a la UdeA el Impuesto Especial por Obra, que corresponde al 5 % del valor total de cada contrato de obra que se le atribuya al departamento. “Instamos a la Gobernación a evaluar la devolución o exención de este impuesto que aliviaría la carga impositiva de la Universidad. Se estima un valor anual de $1.000 millones”.

Al gobierno nacional le piden reconocer los recursos que invierte la universidad en los municipios PDET de Antioquia. Según los congresistas, la universidad invierte 64.000 millones de pesos al año en los programas de educación superior en seis municipios PDET. “Le pedimos a la Nación que considere reconocer esta inversión como parte de su apuesta en la construcción de paz en los territorios que más lo necesitan”.

También propone que el Ministerio de Educación medie con el Ministerio de Hacienda para que la Universidad acceda a créditos blandos con las entidades financieras del Estado, con tasas y plazos favorables, incluyendo periodos de gracia.

Otra fuente de financiación que proponen es el mecanismo de Obras por Impuestos en los municipios más afectados por el conflicto armado, que por el momento solo se puede utilizar en ejecución de obras o en proyectos para la educación escolar. “Proponemos que el Ministerio de Educación y la Agencia de Renovación del Territorio realicen una modificación al Manuel Operativo de Obras por Impuestos para que las universidades públicas de educación superior también puedan apalancar sus apuestas en estos territorios a través de este mecanismo”.