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Mediante la resolución 017823 del lunes (2 de octubre), la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, ordenó abrir una investigación administrativa preliminar a la Universidad Autónoma del Caribe, su representante legal, rector, ex rectores, así como a otros funcionarios administrativos de esta institución educativa. (Puede leer: Las cifras que muestran el complejo panorama de la educación rural en Colombia)
En la resolución, la ministra designó a Harold Mauricio Cardenas como el funcionario que estará adelantando el proceso administrativo sancionatorio contra esta universidad. Además, aclara el documento, la institución educativa no podrá interponer ningún recurso en contra de la decisión adoptada por la cartera.
La apertura de la investigación administrativa preliminar está motivada por una serie de informes realizados por una inspectora in situ que fue designada por el Ministerio de Educación hace algunos años. En tres de ellos, radicados entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, “se pudo determinar que al interior de la Universidad Autónoma del Caribe las dependencias de control interno de esta evidenciaron presuntas irregularidades”. (Le puede interesar: Abren convocatoria para que comunidades indígenas estudien pregrados y posgrados)
Las irregularidades, precisa la cartera, estaban relacionadas con la gestión y adquisición de bienes y contratación de servicios de la institución. Así mismo, agregan, “se estableció el presunto incumplimiento frente al seguimiento y correcta supervisión bajo las formalidades establecidas en la norma interna de la institución para los contratos suscritos durante las vigencias 2021 y 2022″.
El ministerio también señaló que en una visita realizada en junio de 2022 por un equipo de inspectores in situ, pudieron observar presuntas irregularidades en algunos de los 44 contratos que revisaron. Esta situación, dice la cartera, “pudo haber afectado la correcta conservación de las rentas de la institución”. (También puede leer: Estas universidades tienen convenio con el SENA y dan descuentos en matrículas)
Algunas de las irregularidades que identificaron fueron la posible contratación de personas naturales para que prestaran servicios cuando ya contaban con el personal suficiente para la realización de esas tareas. Adicionalmente, un contrato suscrito entre la universidad y la empresa TRI3 Solutions, habría vulnerado la normatividad interna de la institución. La razón es que el representante legal de dicha empresa tiene un “presunto vínculo filiar” con el Vicerrector Administrativo y Financiero de la universidad.
Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento emitido por las directivas de la Universidad Autónoma del Caribe.