Este 13 de junio, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), de la que hacen parte 95 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas del país -entre ellas la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia-, se pronunció sobre la ley estatutaria de educación que impulsa el Gobierno Petro en el Congreso, y a la que solo le hace falta un cuarto debate para entrar en vigor.
Recordemos que, también este 13 de junio, se presentaron las dos ponencias positivas del proyecto de ley, pero, tras las discusiones que generó la enmienda que acordaron el Gobierno y la oposición antes de su aprobación en tercer debate y el paro que convocó Fecode, el sindicato más grande de maestros, en rechazo a esta, el acuerdo entre ambas partes se rompió y las bancadas presentaron proposiciones diferentes.
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Ante ese panorama, la ASCUN comenzó su comunicado reconociendo el esfuerzo de consenso entre actores que tuvo como resultado la enmienda 274 de 2024, aprobada por unanimidad en la sesión de la Comisión primera del Senado el pasado de 5 de junio. Sin embargo, lamentan que, luego de ese importante logro, se cayera en la “polarización y generación de bandos”, junto a la creación de desconfianza tras “acuerdos suscritos que luego no fueron cumplidos (...). Por tanto, así esta enmienda no se mantenga exactamente igual en el debate, consideramos que los asuntos concertados deben ser retomados y analizados desde las bases constitucionales y desde las implicaciones que tendrá la aprobación de esta ley”, afirman.
Por tanto, la ASCUN elevó cuatro preguntas al Senado de la República, que debatirá en plenaria el cuarto debate de la ley estatutaria durante el próximo lunes 17 de junio. En primer lugar, señalan el debate alrededor del sistema de educación mixto, integrado por instituciones educativas públicas y privadas. “¿Cuál será el mecanismo para garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes que hoy acceden a las instituciones privadas sin ánimo de lucro y que lo han podido hacer gracias a los créditos o apoyos económicos por parte del Estado?”, se lee en el documento.
Asimismo, se preguntaron por el motivo que no ha permitido un acuerdo que reconozca el derecho a otras formas de educación diferentes a las tradicionales de la educación superior, y que están relacionadas con esquemas orientados a la vida laboral.
También hicieron un llamado sobre la autonomía universitaria, que cuestiona la interpretación “controversial” -en palabras de la Ascun- que “exige procesos de democracia directa y prohíbe la representativa”. Y, por último, mencionaron una problemática en el hecho de que, en un esfuerzo por que la ley tenga múltiples alcances, se le han incluido temas que “deberían ser de ley ordinaria. Entonces, ¿hasta qué punto este enfoque tan específico limita el desarrollo posterior del sector y podrá ser un obstáculo en la revisión constitucional final del Proyecto de Ley y que se genere así un desgaste innecesario?”, concluye el comunicado.
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