Este martes, 28 de mayo, la senadora Paloma Valencia presentó en la Comisión Primera del Senado una ponencia al proyecto de ley estatutaria de educación, la principal apuesta en este asunto del Gobierno de Petro, con la que buscaba cambiar 70 aspectos de la ley.
La senadora hizo énfasis en el impacto fiscal que tendrá la iniciativa, que busca regular la educación como derecho fundamental en todos los niveles. Durante su intervención, Valencia citó un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), en el que muestran que el proyecto del gobierno costaría al menos $40.8 billones al año, adicionales para financiar la ampliación de cobertura en educación inicial, básica, media y superior propuesta.
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“¿De dónde saldrá esa plata? Porque usted (ministra) no puede decir que son derechos fundamentales, pero están sujetos a que un día se puedan cumplir. Yo si quisiera saber lo que es real y lo que es paja del proyecto”, mencionó la senadora.
Sobre este tema, la ministra de Educación, Aurora Vergara, en varias oportunidades ha dicho que las leyes estatutarias no deben detallar el tema presupuestal, porque su esencia es garantizar derechos fundamentales y, además, tienen una jerarquía sobre otro tipo de leyes. Desde el ministerio que lidera, insisten que la “jurisprudencia colombiana ha sido enfática en señalar que para poder financiar los derechos, los Gobiernos tienen la responsabilidad de destinar hasta el máximo de los recursos disponibles de manera progresiva y no regresiva”.
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Otros aspectos cuestionados por la senadora Valencia, es que “no se menciona ni se fortalece el sistema mixto de educación, el sector privado”. Por esto, entre los aspectos que quería modificar estaba que la ley ordenara repartir los recursos no solo en las instituciones públicas, sino también para fortalecer las privadas.
También proponía evaluar a los profesores por el resultado de los estudiantes en las pruebas de competencias, que la formación en artes y saberes no sustituya la formación de otras áreas como la matemática y la lectoescritura, y también eliminar el artículo que exige tener un posgrado en pedagogía para ser docente.
La proposición fue negada por la comisión, pues de los 16 votos que obtuvo, 13 fueron negativos y solo tres positivos (los de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Carlos Fernando Motoa).
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