Ley estatutaria de educación: se rompe el acuerdo entre Gobierno y oposición
Se radicaron dos ponencias positivas con diferencias sustanciales. Una apoyada por la oposición y otra por el Gobierno.
Este jueves se presentaron las dos ponencias positivas del proyecto de ley estatutaria de educación que irán a cuarto debate en la plenaria del Senado de la República, el último que tendría que superar para convertirse en ley. Aunque senadores de Gobierno y oposición intentaron llegar a un acuerdo para enviar un solo proyecto, no fue posible.
Tras las discusiones que generó la enmienda que acordaron el Gobierno y la oposición antes de su aprobación en tercer debate y el paro que convocó Fecode, el sindicato más grande de maestros, en rechazo a esta, el acuerdo entre ambas partes se rompió y las bancadas presentaron proposiciones diferentes.
En el caso de la ponencia de Gobierno, se cambió la redacción del artículo 39, sobre los procesos de evaluación de los docentes, uno de los puntos que generó malestar en Fecode. Allí se elimina el parágrafo 2, que establecía que las pruebas de Estado, como la Saber 11, se tendrían en cuenta a la hora de evaluar a los maestros, y se establece que la evaluación se hará por medio de concursos y establece que la finalidad de estos procesos es “el mejoramiento” de la labor docente y no retirar a los maestros de sus cargos.
En el caso de la ponencia radicada por la oposición, y que firman senadores como Paloma Valencia y David Luna, también se elimina el parágrafo que establecía como criterio de evaluación las pruebas de Estado y añadieron al artículo que los procesos de evaluación deberán “garantizar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y a la efectiva adquisición de conocimientos, teniendo en cuenta sus contextos”. En este punto, hay coincidencias con la ponencia del Gobierno.
En cuanto al artículo 7, que habla sobre la financiación del sistema educativo, la ponencia del Gobierno retoma la redacción del proyecto que llegó a la Comisión I de Senado, en el que se establece que “el Estado priorizará el fortalecimiento de los establecimientos educativos oficiales e instituciones de educación superior públicas”. Esto se había eliminado en la enmienda acordada con la oposición.
Por su parte, la ponencia alternativa de la oposición mantuvo el parágrafo acordado en el tercer debate, en el que se establece que “el Estado podrá garantizar la asequibilidad (disponibilidad) de la educación a través de entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares, cuando las circunstancias así lo requieran, siempre que cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales”. Este apartado generó malestar en Fecode por la inclusión de entidades privadas como parte de la priorización para destinar recursos del Estado.
En otro de los puntos que se encontraba en discusión, el artículo 18 propone que la educación terciaria (educación superior, formación para el trabajo, entre otras) hace parte del sistema educativo y, por lo tanto, se considera parte del derecho fundamental a la educación. Este artículo fue eliminado por la ponencia de Gobierno, mientras que la ponencia de la oposición lo mantuvo.
Finalmente, el artículo 15, que había generado discordia porque en la enmienda acordada con la oposición en tercer debate se eliminaba la distinción entre prejardín, jardín y transición, unificándolos como educación inicial, en la ponencia del Gobierno esta distinción vuelve a ser explícita, como lo pedía Fecode. En la ponencia de la oposición, se mantiene el artículo como fue aprobado en su tercer debate, refiriéndose a la educación inicial como derecho fundamental, pero sin ser explícito en los tres grados que la compondrían.
La ponencia del Gobierno fue firmada por las senadoras María José Pizarro, Aida Quilcué, Ariel Ávila, Julian Gallo Cubillos y Alberto Benavides Mora. Por su parte, la de la oposición fue firmada por Paloma Valencia, David Luna, Germán Blanco Álvarez, Alfredo Deluque Zuleta y Juan Carlos García.
El nombre del senador Fabio Amín aparecen en ambas ponencias, pero no puso su firma en ninguna de ellas.
Las reacciones a las ponencias de la ley estatutaria de educación
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, subió un vídeo a sus redes sociales explicando que, “luego de horas y horas de diálogo y de acuerdos parciales, no se logró un acuerdo final”. Según Ávila, durante el proceso de negociación “hubo muy buena disposición” por parte de las dos bancadas, ambas cedieron en algunos puntos, pero no se logró llegar a un acuerdo final en los puntos que se exponen en este artículo.
Aunque Ávila sostiene que no se llegó a un acuerdo final, sino parcial en la eliminación de las pruebas de Estado como criterio para evaluar a los docentes, finalmente la ponencia de la oposición sí eliminó ese parágrafo.
Mientras tanto, El Espectador conoció con fuentes del Ministerio de Educación que la ministra Aurora Vergara no tenía conocimiento de la radicación de las dos ponencias, hasta que se conoció la noticia por medios de comunicación.
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Este jueves se presentaron las dos ponencias positivas del proyecto de ley estatutaria de educación que irán a cuarto debate en la plenaria del Senado de la República, el último que tendría que superar para convertirse en ley. Aunque senadores de Gobierno y oposición intentaron llegar a un acuerdo para enviar un solo proyecto, no fue posible.
Tras las discusiones que generó la enmienda que acordaron el Gobierno y la oposición antes de su aprobación en tercer debate y el paro que convocó Fecode, el sindicato más grande de maestros, en rechazo a esta, el acuerdo entre ambas partes se rompió y las bancadas presentaron proposiciones diferentes.
En el caso de la ponencia de Gobierno, se cambió la redacción del artículo 39, sobre los procesos de evaluación de los docentes, uno de los puntos que generó malestar en Fecode. Allí se elimina el parágrafo 2, que establecía que las pruebas de Estado, como la Saber 11, se tendrían en cuenta a la hora de evaluar a los maestros, y se establece que la evaluación se hará por medio de concursos y establece que la finalidad de estos procesos es “el mejoramiento” de la labor docente y no retirar a los maestros de sus cargos.
En el caso de la ponencia radicada por la oposición, y que firman senadores como Paloma Valencia y David Luna, también se elimina el parágrafo que establecía como criterio de evaluación las pruebas de Estado y añadieron al artículo que los procesos de evaluación deberán “garantizar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y a la efectiva adquisición de conocimientos, teniendo en cuenta sus contextos”. En este punto, hay coincidencias con la ponencia del Gobierno.
En cuanto al artículo 7, que habla sobre la financiación del sistema educativo, la ponencia del Gobierno retoma la redacción del proyecto que llegó a la Comisión I de Senado, en el que se establece que “el Estado priorizará el fortalecimiento de los establecimientos educativos oficiales e instituciones de educación superior públicas”. Esto se había eliminado en la enmienda acordada con la oposición.
Por su parte, la ponencia alternativa de la oposición mantuvo el parágrafo acordado en el tercer debate, en el que se establece que “el Estado podrá garantizar la asequibilidad (disponibilidad) de la educación a través de entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares, cuando las circunstancias así lo requieran, siempre que cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales”. Este apartado generó malestar en Fecode por la inclusión de entidades privadas como parte de la priorización para destinar recursos del Estado.
En otro de los puntos que se encontraba en discusión, el artículo 18 propone que la educación terciaria (educación superior, formación para el trabajo, entre otras) hace parte del sistema educativo y, por lo tanto, se considera parte del derecho fundamental a la educación. Este artículo fue eliminado por la ponencia de Gobierno, mientras que la ponencia de la oposición lo mantuvo.
Finalmente, el artículo 15, que había generado discordia porque en la enmienda acordada con la oposición en tercer debate se eliminaba la distinción entre prejardín, jardín y transición, unificándolos como educación inicial, en la ponencia del Gobierno esta distinción vuelve a ser explícita, como lo pedía Fecode. En la ponencia de la oposición, se mantiene el artículo como fue aprobado en su tercer debate, refiriéndose a la educación inicial como derecho fundamental, pero sin ser explícito en los tres grados que la compondrían.
La ponencia del Gobierno fue firmada por las senadoras María José Pizarro, Aida Quilcué, Ariel Ávila, Julian Gallo Cubillos y Alberto Benavides Mora. Por su parte, la de la oposición fue firmada por Paloma Valencia, David Luna, Germán Blanco Álvarez, Alfredo Deluque Zuleta y Juan Carlos García.
El nombre del senador Fabio Amín aparecen en ambas ponencias, pero no puso su firma en ninguna de ellas.
Las reacciones a las ponencias de la ley estatutaria de educación
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, subió un vídeo a sus redes sociales explicando que, “luego de horas y horas de diálogo y de acuerdos parciales, no se logró un acuerdo final”. Según Ávila, durante el proceso de negociación “hubo muy buena disposición” por parte de las dos bancadas, ambas cedieron en algunos puntos, pero no se logró llegar a un acuerdo final en los puntos que se exponen en este artículo.
Aunque Ávila sostiene que no se llegó a un acuerdo final, sino parcial en la eliminación de las pruebas de Estado como criterio para evaluar a los docentes, finalmente la ponencia de la oposición sí eliminó ese parágrafo.
Mientras tanto, El Espectador conoció con fuentes del Ministerio de Educación que la ministra Aurora Vergara no tenía conocimiento de la radicación de las dos ponencias, hasta que se conoció la noticia por medios de comunicación.
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