Ley estatutaria: la propuesta del Gobierno para regular el derecho a la educación
La ministra de Educación, Aurora Vergara, presentó los primeros textos de dos proyectos de ley. Uno busca regular el derecho fundamental a la educación y el otro reformar la Ley 30 de 1992. ¿En qué consiste esta regulación? ¿Qué cambiaría?
Este jueves, 20 de julio, la ministra de Educación, Aurora Vergara, desde San Andrés presentó las dos grandes apuestas que tiene el Gobierno de Gustavo Petro en educación. La primera es un proyecto de ley que busca reformar la Ley 30 de 1992, la norma más importante en educación. La segunda es un proyecto de ley que sorprendió a todo el sector: una ley estatutaria con la que pretende regular el derecho fundamental a la educación. (Lea: Gobierno Petro revela su apuesta para reformar la educación: estos son los puntos clave)
De la primera iniciativa todavía no se conoce un documento detallado. Lo que ha publicado hasta el momento el ministerio son los puntos clave que deberá tener esa reforma, entre los que sobresalen la educación superior como derecho fundamental y bien común; el fortalecimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES); o la revalorización de la formación técnica y tecnológica.
El proyecto de la Ley estatutaria sí fue publicado. En él, el Mineducación indica que busca “garantizar el derecho fundamental a la educación, regularlo y establecer las condiciones necesarias para su protección”.
A los ojos de Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, hay un cambio gigantesco, porque la educación pasaría de un servicio público a un derecho fundamental. “Sería algo que el Estado debe garantizar y proteger. Hay un punto de partida muy importante”, añade.
Este tipo de leyes “especiales” son las encargadas de regular los derechos fundamentales de las personas y deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de votos de los Senadores y Representantes a la Cámara. Como lo ha explicado en varias de sus columnas de El Espectador el abogado Rodrigo Uprimny, tienen un trámite más riguroso que las ordinarias. (Puede leer: El sueño de entrar a una universidad pública: solo pasa el 48% de los inscritos)
Esta no será la primera vez que en Colombia se presenta una ley estatutaria para “garantizar” un derecho. En 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Salud, liderado por Alejandro Gaviria, presentó al Congreso un proyecto para declarar la salud como un derecho a través de una ley estatutaria. Tras la su aprobación en Senado y Cámara, Santos la aprobó en febrero de 2015. Entre sus objetivos están promover mecanismos de protección a los pacientes y regular el ejercicio de los profesionales de la salud.
¿En qué consiste la Ley estatutaria de educación?
De acuerdo con el Gobierno, este proyecto de ley, el cual cuenta con 21 artículos, cubrirá todos los niveles de educación y todos los establecimientos educativos e instituciones de educación. En educación inicial, por ejemplo, el Estado deberá financiar, ofrecer y garantizar de forma progresiva el acceso a prejardín, jardín y transición. Para la educación básica, que comprende nueve grados, se consolidará la jornada única y el desarrollo integral por medio de las artes, la cultura, el deporte y la tecnología.
Uno de los grandes cambios será en la educación media, que comprende los grados 10° y 11°, pues como estrategia de articular la educación media con la superior, el Gobierno no descarta la idea de incluir el grado 12°. Y para la educación superior, se garantizarán los programas del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitarios.
Además, este proyecto de ley contará con cuatro elementos esenciales: disponibilidad y asequibilidad; accesibilidad; aceptabilidad; y adaptabilidad. En el punto de disponibilidad y asequibilidad, explica el documento, busca que se garantice un adecuado cubrimiento del servicio educativo, el cual brinde las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia. También establece que se cuente con infraestructura física y tecnológica adecuada.
Para la accesibilidad, el Gobierno plantea que la educación llegue a todas las personas de forma progresiva sin ningún tipo de discriminación y que se garantice “en una localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología”.
En cuanto a la aceptabilidad, el Estado deberá garantizar que los programas y los métodos pedagógicos sean los adecuados y de buena calidad; que los docentes cuenten con idoneidad ética y pedagógica y promover su capacitación; desarrollar la función de inspección y vigilancia de la educación; y prohibir los castigos físicos, tratos humillantes o degradantes. (Le puede interesar: Semana clave para la educación: ¿Qué debería tener la reforma del Gobierno Petro?)
¿Cuál será el rol del Gobierno en esta ley? En el documento, en el artículo 11, queda establecido que el Estado deberá elaborar políticas públicas que garanticen el acceso y permanencia en todos los niveles de educación y que, para ello, deberá emplear diversas estrategias que permitan que todas las personas tengan igual de oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida. Además, tendrá que adoptar diferentes instrumentos que ayuden a financiar este derecho y que cubran las necesidades de la población.
Otro de los deberes del Estado es inspeccionar y vigilar que este derecho no se viole y que en su cumplimiento participen todos los actores del sistema de educación. También se encargará de hacer un seguimiento a la evolución de las condiciones de este servicio y los avances del mismo.
Asimismo, el Estado tendrá que propiciar las condiciones para que en el sistema educativo se incluyan los estudiantes con discapacidad, garantizando el acompañamiento en la trayectoria educativa; a aquellos alumnos que se han incorporado al sistema de manera tardía; y a otros grupos poblacionales vulnerables.
Otras medidas que contempla la ley
- Educación para adultos: Con el objetivo de erradicar el analfabetismo, las instituciones de educación tendrán que contar con herramientas y estrategias para que puedan estudiar aquellas personas que no pudieron cursar los niveles durante las edades fijadas. Estas medidas también estarán fijadas para aquellas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias.
- Educación para personas privadas de la libertad: El Estado tendrá que garantizar el derecho a la educación a todas las personas privadas de la libertad.
- Educación para grupos étnicos: Los grupos étnicos podrán participar en el diseño de sistemas educativos propios de acuerdo a sus necesidades, historias y lenguas, con el objetivo de que administren y regulen sus instituciones y programas. Se hará por medio de una consulta previa.
A pesar de que, según dice Torres, es un comienzo importante, el siguiente paso deberá centrarse en plantear reformas específicas. “Como la ley 115, que es la de educación general; o la ley 30, la cual es fundamental en la educación superior”. (Podría leer: “Continuarán los programas tecnológicos”: SENA sobre alerta de la Procuraduría)
El siguiente paso, explica Vergara, es la participación de todos los actores del sector para que continúen promoviendo espacios de diálogo y se logre una concertación sobre estas dos iniciativas. En este link podrá poner sugerencias o recomendaciones a este borrador.
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Este jueves, 20 de julio, la ministra de Educación, Aurora Vergara, desde San Andrés presentó las dos grandes apuestas que tiene el Gobierno de Gustavo Petro en educación. La primera es un proyecto de ley que busca reformar la Ley 30 de 1992, la norma más importante en educación. La segunda es un proyecto de ley que sorprendió a todo el sector: una ley estatutaria con la que pretende regular el derecho fundamental a la educación. (Lea: Gobierno Petro revela su apuesta para reformar la educación: estos son los puntos clave)
De la primera iniciativa todavía no se conoce un documento detallado. Lo que ha publicado hasta el momento el ministerio son los puntos clave que deberá tener esa reforma, entre los que sobresalen la educación superior como derecho fundamental y bien común; el fortalecimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES); o la revalorización de la formación técnica y tecnológica.
El proyecto de la Ley estatutaria sí fue publicado. En él, el Mineducación indica que busca “garantizar el derecho fundamental a la educación, regularlo y establecer las condiciones necesarias para su protección”.
A los ojos de Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, hay un cambio gigantesco, porque la educación pasaría de un servicio público a un derecho fundamental. “Sería algo que el Estado debe garantizar y proteger. Hay un punto de partida muy importante”, añade.
Este tipo de leyes “especiales” son las encargadas de regular los derechos fundamentales de las personas y deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de votos de los Senadores y Representantes a la Cámara. Como lo ha explicado en varias de sus columnas de El Espectador el abogado Rodrigo Uprimny, tienen un trámite más riguroso que las ordinarias. (Puede leer: El sueño de entrar a una universidad pública: solo pasa el 48% de los inscritos)
Esta no será la primera vez que en Colombia se presenta una ley estatutaria para “garantizar” un derecho. En 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Salud, liderado por Alejandro Gaviria, presentó al Congreso un proyecto para declarar la salud como un derecho a través de una ley estatutaria. Tras la su aprobación en Senado y Cámara, Santos la aprobó en febrero de 2015. Entre sus objetivos están promover mecanismos de protección a los pacientes y regular el ejercicio de los profesionales de la salud.
¿En qué consiste la Ley estatutaria de educación?
De acuerdo con el Gobierno, este proyecto de ley, el cual cuenta con 21 artículos, cubrirá todos los niveles de educación y todos los establecimientos educativos e instituciones de educación. En educación inicial, por ejemplo, el Estado deberá financiar, ofrecer y garantizar de forma progresiva el acceso a prejardín, jardín y transición. Para la educación básica, que comprende nueve grados, se consolidará la jornada única y el desarrollo integral por medio de las artes, la cultura, el deporte y la tecnología.
Uno de los grandes cambios será en la educación media, que comprende los grados 10° y 11°, pues como estrategia de articular la educación media con la superior, el Gobierno no descarta la idea de incluir el grado 12°. Y para la educación superior, se garantizarán los programas del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitarios.
Además, este proyecto de ley contará con cuatro elementos esenciales: disponibilidad y asequibilidad; accesibilidad; aceptabilidad; y adaptabilidad. En el punto de disponibilidad y asequibilidad, explica el documento, busca que se garantice un adecuado cubrimiento del servicio educativo, el cual brinde las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia. También establece que se cuente con infraestructura física y tecnológica adecuada.
Para la accesibilidad, el Gobierno plantea que la educación llegue a todas las personas de forma progresiva sin ningún tipo de discriminación y que se garantice “en una localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología”.
En cuanto a la aceptabilidad, el Estado deberá garantizar que los programas y los métodos pedagógicos sean los adecuados y de buena calidad; que los docentes cuenten con idoneidad ética y pedagógica y promover su capacitación; desarrollar la función de inspección y vigilancia de la educación; y prohibir los castigos físicos, tratos humillantes o degradantes. (Le puede interesar: Semana clave para la educación: ¿Qué debería tener la reforma del Gobierno Petro?)
¿Cuál será el rol del Gobierno en esta ley? En el documento, en el artículo 11, queda establecido que el Estado deberá elaborar políticas públicas que garanticen el acceso y permanencia en todos los niveles de educación y que, para ello, deberá emplear diversas estrategias que permitan que todas las personas tengan igual de oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida. Además, tendrá que adoptar diferentes instrumentos que ayuden a financiar este derecho y que cubran las necesidades de la población.
Otro de los deberes del Estado es inspeccionar y vigilar que este derecho no se viole y que en su cumplimiento participen todos los actores del sistema de educación. También se encargará de hacer un seguimiento a la evolución de las condiciones de este servicio y los avances del mismo.
Asimismo, el Estado tendrá que propiciar las condiciones para que en el sistema educativo se incluyan los estudiantes con discapacidad, garantizando el acompañamiento en la trayectoria educativa; a aquellos alumnos que se han incorporado al sistema de manera tardía; y a otros grupos poblacionales vulnerables.
Otras medidas que contempla la ley
- Educación para adultos: Con el objetivo de erradicar el analfabetismo, las instituciones de educación tendrán que contar con herramientas y estrategias para que puedan estudiar aquellas personas que no pudieron cursar los niveles durante las edades fijadas. Estas medidas también estarán fijadas para aquellas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias.
- Educación para personas privadas de la libertad: El Estado tendrá que garantizar el derecho a la educación a todas las personas privadas de la libertad.
- Educación para grupos étnicos: Los grupos étnicos podrán participar en el diseño de sistemas educativos propios de acuerdo a sus necesidades, historias y lenguas, con el objetivo de que administren y regulen sus instituciones y programas. Se hará por medio de una consulta previa.
A pesar de que, según dice Torres, es un comienzo importante, el siguiente paso deberá centrarse en plantear reformas específicas. “Como la ley 115, que es la de educación general; o la ley 30, la cual es fundamental en la educación superior”. (Podría leer: “Continuarán los programas tecnológicos”: SENA sobre alerta de la Procuraduría)
El siguiente paso, explica Vergara, es la participación de todos los actores del sector para que continúen promoviendo espacios de diálogo y se logre una concertación sobre estas dos iniciativas. En este link podrá poner sugerencias o recomendaciones a este borrador.
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