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Este jueves, el DANE publicó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2020, una radiografía de la situación socioeconómica de 88.310 hogares en dimensiones como vivienda, acceso a servicios públicos, composición del hogar, fuerza de trabajo, acceso a educación y tecnología, trabajo infantil, gastos y condiciones de vida. (Lea “Las proyecciones indican un posible cuarto pico al final de octubre”: Minsalud)
La encuesta es publicada cada año, pero en esta ocasión era especialmente esperada por ser la mirada más fiel a lo que sucedió con los hogares colombianos en la pandemia. Entre las revelaciones (como que los hogares de jefatura femenina aumentaron y que el 98 % de Colombia goza de energía eléctrica) una cifra llamó la atención por dramática: la inasistencia escolar.
El total nacional pasó de 2,7 % en 2019 a 16,4 % en 2020, lo que parece decir que la pandemia y la falta de conectividad generaron una pérdida importante en la educación de los niños y las niñas del país. El análisis por grupos de edad muestra que la mayoría de estudiantes de primaria (95,4 %) asistieron a clases. Asimismo, los estudiantes entre los 11 y 14 años (con un 95,6 %). Pero en el caso de los adolescentes de 15 y 16 años (edad para el nivel de media), el 88,3 % estaba asistiendo, y para los de 17 y 21, solo el 45,7 % estaba asistiendo de manera presencial o virtual a algún centro de educación formal.
Las cifras fueron motivo de indignación (y deberían serlo), sin embargo, ¿qué nos dicen exactamente y cómo remediar la situación?
Primero, la pandemia cambió los criterios sobre qué significa recibir clases y, por ende, la manera de sacar esa cifra. De acuerdo con la metodología que explicó el DANE, el criterio de asistencia escolar fue contar los estudiantes en los colegios que llevaron a cabo diversas estrategias para garantizar un acceso básico: desde clases virtuales, clases asincrónicas (actividades que los estudiantes asignaban vía Whatsapp o correo electrónico) o la entrega de guías impresas para que los estudiantes trabajaran en sus guías, teniendo una comunicación constante con sus docentes.
En ese contexto, un niño se considera “privado en educación” si estaba en un colegio que ofrecía clases virtuales, pero no tenía computador ni internet, o si un colegio ofrecía clases vía Whatsapp, pero el estudiante no tenía celular en su casa, o si estaba en un colegio con acceso a las guías escritas, pero no tuvo comunicación con sus maestros, ni por teléfono ni Whatsapp, ni visitas de docentes.
Para Sandra García, PhD. en política social de la Universidad de Columbia y profesora de la Escuela de Gobierno de los Andes, la cifra podría ser más grave de lo que parece: “El concepto de asistencia escolar cambió drásticamente. Aun teniendo cifras de deserción escolar, no necesariamente refleja exactamente el número de niños que están teniendo contacto con su colegio. A los niños, sobre todo los rurales, les mandaban guías, pero no recibían retroalimentación. Ese está mucho más privado de educación que un niño con clases virtuales en vivo”.
“El indicador crítico es que muchos niños estuvieron matriculados, pero no tuvieron atención escolar. Tampoco sabemos efectivamente cuántos niños no regresaron al colegio, y si regresaron, cuál es su situación de aprendizaje. Aunque hayan tenido atención esporádica, eso no constituye interacciones escolares con sus pares o sus docentes. ¿Los que no regresaron siguen matriculados o desertaron? ¿Alguien ha ido a ver qué pasó con ellos? De los que volvieron, ¿sabemos qué tan grande es el rezago en el aprendizaje? Estamos en septiembre de 2021 y no tenemos ningún análisis sobre esto para implementar políticas de recuperación”, dice Isabel Segovia, exministra de Educación.
La segunda conclusión sobre estas cifras es que se acrecentó considerablemente la brecha entre la educación en la ruralidad y en las ciudades. Según las cifras del DANE, la inasistencia escolar en zonas rurales de Colombia pasó del 4,8 al 30,1 % en 2020, especialmente en Vaupés, Amazonas, Vichada, Chocó y La Guajira.
En Vaupés, el porcentaje de inasistencia escolar pasó de un 9,8 % en 2019 a un 56,6 %. En Amazonas, pasó del 5,6 % en 2019 a un 41 % en 2020. Estas cifras coinciden con el uso de servicios de internet.
Por otra parte, el 56,5 % de los hogares colombianos contaban en 2020 con acceso a internet a través de conexión fija o móvil (4,6 % más que en 2019); en las cabeceras esta proporción fue del 66,6 % y en los centros poblados y rural disperso fue del 23,9 %.
En Vaupés, el 3,1 % de los hogares contaban con este acceso, así como el 7,0 % en Vichada, mientras que Bogotá el 78,0 % de los hogares afirmaron tener acceso a internet, así como el 76,1 % en el Valle del Cauca. En cuanto a la tenencia de computador, el 39,3 % de los hogares del país afirmaron contar con computador de escritorio, portátil o tableta, proporción que se incrementa al 48,2 % en las cabeceras, pero que se reduce al 10,4 % en los centros poblados y rural disperso.
En Bogotá y Valle se registraron los porcentajes más altos de hogares conectados, mientras el que tiene menor conectividad es Vaupés (3,1 %), seguido de Vichada (7,0 %), Chocó (13,2 %), Amazonas (15,6 %) y Guainía (18,9 %).
“Definitivamente la falta de acceso a la tecnología fue determinante para zonas rurales y el sector oficial. También hay otros factores que tienen que ver con la inasistencia como la salud. Nos hemos dado cuenta de que muchos dejan de ir por enfermedades diarreicas, consumo de sustancias y enfermedades relacionadas con la calidad del aire. La conectividad no debe ser el único factor, pero no estamos seguros”, dice Daniel Tobón, investigador de Escalando (una organización encargada de analizar la promoción del bienestar y la salud en los colegios del país), estas cifras son un llamado para repensar el sector educativo. Y agrega: “Vinieron desastres naturales, un paro nacional, una pandemia y otro paro nacional, y seguimos sin instituciones preparadas. Tenemos cero información de cómo los colegios se están convirtiendo en espacios seguros que podrán sobrevivir a otra cuarentena”.
Aunque la posibilidad de la conexión a internet aumentó no significa que se hayan impartido clases de calidad. En un estudio realizado en 2020 por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), para conocer el impacto con el cierre de colegios, el 22 % de estudiantes (en Bogotá) manifestaron dificultades de acceso a las clases en vivo, un 27 % presentaron dificultades para acceder a las actividades en internet y muchos estudiantes no tenían un lugar o un dispositivo exclusivo para su estudio, sino que compartían una habitación o un móvil con sus hermanos.
Según un artículo de Impacto Tic, “este tipo de limitaciones afectaron la manera como se desarrollaron las dinámicas. El CNC resaltó que las actividades en Whatsapp fueron más frecuentes para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, mientras que las actividades con guías y material impreso predominaron en estudiantes de estratos 1 y 2, y que las brechas más grandes se presentan en la disponibilidad de computador o de tableta: 70 % de estratos 1 y 2, vs. 87 % estrato 3, y 100 % estratos 4 al 6. De igual manera, el 28 % de los estudiantes en estratos 1 y 2 dedicaron tres horas o menos al día al estudio, frente al 7 % de los estudiantes en estratos 4, 5 y 6”.
Por último, algunos investigadores han sugerido que aunque no hay una relación clara en la encuesta, no tener en cuenta que la inasistencia escolar en zonas rurales también obedece al conflicto armado, sería tapar el Sol con un dedo. En mayo de 2020, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) reveló que 128 niños, niñas y adolescentes habían sido reclutados o vinculados a grupos armados. Es decir, que este delito aumentó en un 113 % respecto a 2019, impulsados por la falta de clases presenciales y la poca conectividad en zonas rurales.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el 80 % de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas son menores entre los 8 y 18 años. El 33 % de estas víctimas fueron menores de 14 años y un 59 % fueron niños (49 casos). Además, según la información presentada por el organismo, 20 pertenecen a comunidades indígenas y dos a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, este año se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada.
“Desde antes de la pandemia veníamos con brechas en el logro educativo entre la pandemia especialmente en bachillerato, y se seguirán ampliando. Esto se amplificará más adelante y el capital humano de toda una generación se afectará. Detrás de esta tragedia está el cierre de colegios por más de un año”, concluye García.