Los 8 puntos que Ascun pide revisar del proyecto de ley estatutaria de educación

Esta semana se reactivó el debate sobre el proyecto de ley estatutaria de educación con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca regular el derecho fundamental a la educación en el país. Los congresistas de la Comisión Primera del Senado iniciaron el tercer debate de la iniciativa, que deberá ser aprobada en esta comisión y en la Plenaria del Senado, para convertirse en ley.

Sin embargo, como contamos en esta nota a inicios de la semana, el inicio del debate del proyecto se ha retrasado, pues varios senadores de oposición, como Paloma Valencia y David Luna, le han solicitado a los ministerios de Educación y Hacienda, dar a conocer el costo estimado de este proyecto.

Sobre esta solicitud, que ha sido planteada en los dos debates previos que se dieron en la Cámara de Representantes, así como por diversos académicos, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha señalado que, al ser una ley estatutaria, no se requiere un análisis de impacto fiscal.

El argumento de la cartera fue reiterado esta semana, tras las sesiones en la Comisión Primera del Senado: “se considera que este proyecto de ley no requiere por sí mismo un análisis de impacto fiscal, dado que no ordena un gasto adicional ni otorga un beneficio tributario, sino que establece de forma general los elementos esenciales del derecho a la educación sobre los cuales autoriza al Gobierno Nacional para propender hacia su inclusión en el Presupuesto General de la Nación y demás fuentes de recursos de forma progresiva (...)”.

Pero, para senadoras como Valencia, esto no es del todo cierto. Entre otras razones, la senadora del Centro Democrático citó un análisis elaborado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que estima que el costo por año de la iniciativa asciende a los 40.8 billones de pesos. “¿Cómo se va a pagar este proyecto?”, es una de las preguntas que se hacen varios senadores.

Este viernes, 24 de mayo, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), que asocia a 95 Instituciones de Educación Superior (IES) del país, expuso los ocho vacíos que identifica en el proyecto de ley estatutaria de educación que impulsa el gobierno. Uno de ellos, precisamente, es que carece de estudios de impacto fiscal.

Para la Asociación, hay otras 7 preocupaciones que si bien fueron manifestadas en algunas audiencias públicas, “no fueron tomadas en cuenta en el proyecto, lo que indica que el ejercicio de participación ciudadana no fue genuino”.

El segundo vacío, a los ojos de Ascun, tiene que ver con que el artículo 2 del proyecto, define la educación como un bien común, “abriendo paso a posteriores interpretaciones nocivas del papel del Estado y de los gobiernos”, además, de desconocer lo previsto en el artículo 67 de la Constitución.

Un tercer punto que inquieta a la Asociación, es la limitación del alcance del proyecto, pues se reduce a la educación formal, desconociendo otras vías de educación y formación, como la educación por el trabajo. El cuarto asunto está relacionado con el artículo 4º, ya que este “no reconoce explícitamente que nuestro sistema educativo es mixto, no basta con mencionar a las instituciones estatales y no estatales (privadas) como parte de un sistema”.

“Es muy preocupante que se privilegie el acceso a la educación frente a la calidad de la misma”, dicen, como quinto punto, desde Ascun, pues consideran que la calidad está planteado como un principio orientador, pero débilmente dentro del núcleo esencial del derecho.

Un sexto punto que preocupa a la asociación, surge de los artículos 5 y 12, pues aunque estos plantean fortalecer la democracia universitaria, Ascun cree que pueden terminar restringiendo los procesos democráticos y debilitar la autonomía universitaria.

Por último, Ascun cree que se está eliminando el mérito en el sistema educativo y que el establecimiento de la gratuidad total en las instituciones estatales, “sin saber cómo se va a garantizar la sostenibilidad y la calidad en estas, además excluyendo a las instituciones privadas (...)”.

Para Ascun, el proyecto necesita una revisión exhaustiva: “Esta ley debe ser precisa en sus conceptos y no debe abarcar principalmente asuntos que podrían ser regulados por leyes ordinarias, ya que esto podría limitar el desarrollo futuro del sector educativo al volverlo inflexible”.

Ante ese panorama, la Asociación se puso a disposición para seguir apoyando el proceso de esta ley, que consideran importante para el país y el futuro de la educación de los colombianos.

Es importante recordar que al proyecto de ley estatutaria le restan dos debates para convertirse en ley. Sin embargo, por ser estatutaria, debe ser aprobado en ambos antes de que finalice esta legislatura, lo cual ocurrirá el 22 de junio.

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Esta semana se reactivó el debate sobre el proyecto de ley estatutaria de educación con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca regular el derecho fundamental a la educación en el país. Los congresistas de la Comisión Primera del Senado iniciaron el tercer debate de la iniciativa, que deberá ser aprobada en esta comisión y en la Plenaria del Senado, para convertirse en ley.

Sin embargo, como contamos en esta nota a inicios de la semana, el inicio del debate del proyecto se ha retrasado, pues varios senadores de oposición, como Paloma Valencia y David Luna, le han solicitado a los ministerios de Educación y Hacienda, dar a conocer el costo estimado de este proyecto.

Sobre esta solicitud, que ha sido planteada en los dos debates previos que se dieron en la Cámara de Representantes, así como por diversos académicos, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha señalado que, al ser una ley estatutaria, no se requiere un análisis de impacto fiscal.

El argumento de la cartera fue reiterado esta semana, tras las sesiones en la Comisión Primera del Senado: “se considera que este proyecto de ley no requiere por sí mismo un análisis de impacto fiscal, dado que no ordena un gasto adicional ni otorga un beneficio tributario, sino que establece de forma general los elementos esenciales del derecho a la educación sobre los cuales autoriza al Gobierno Nacional para propender hacia su inclusión en el Presupuesto General de la Nación y demás fuentes de recursos de forma progresiva (...)”.

Pero, para senadoras como Valencia, esto no es del todo cierto. Entre otras razones, la senadora del Centro Democrático citó un análisis elaborado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que estima que el costo por año de la iniciativa asciende a los 40.8 billones de pesos. “¿Cómo se va a pagar este proyecto?”, es una de las preguntas que se hacen varios senadores.

Este viernes, 24 de mayo, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), que asocia a 95 Instituciones de Educación Superior (IES) del país, expuso los ocho vacíos que identifica en el proyecto de ley estatutaria de educación que impulsa el gobierno. Uno de ellos, precisamente, es que carece de estudios de impacto fiscal.

Para la Asociación, hay otras 7 preocupaciones que si bien fueron manifestadas en algunas audiencias públicas, “no fueron tomadas en cuenta en el proyecto, lo que indica que el ejercicio de participación ciudadana no fue genuino”.

El segundo vacío, a los ojos de Ascun, tiene que ver con que el artículo 2 del proyecto, define la educación como un bien común, “abriendo paso a posteriores interpretaciones nocivas del papel del Estado y de los gobiernos”, además, de desconocer lo previsto en el artículo 67 de la Constitución.

Un tercer punto que inquieta a la Asociación, es la limitación del alcance del proyecto, pues se reduce a la educación formal, desconociendo otras vías de educación y formación, como la educación por el trabajo. El cuarto asunto está relacionado con el artículo 4º, ya que este “no reconoce explícitamente que nuestro sistema educativo es mixto, no basta con mencionar a las instituciones estatales y no estatales (privadas) como parte de un sistema”.

“Es muy preocupante que se privilegie el acceso a la educación frente a la calidad de la misma”, dicen, como quinto punto, desde Ascun, pues consideran que la calidad está planteado como un principio orientador, pero débilmente dentro del núcleo esencial del derecho.

Un sexto punto que preocupa a la asociación, surge de los artículos 5 y 12, pues aunque estos plantean fortalecer la democracia universitaria, Ascun cree que pueden terminar restringiendo los procesos democráticos y debilitar la autonomía universitaria.

Por último, Ascun cree que se está eliminando el mérito en el sistema educativo y que el establecimiento de la gratuidad total en las instituciones estatales, “sin saber cómo se va a garantizar la sostenibilidad y la calidad en estas, además excluyendo a las instituciones privadas (...)”.

Para Ascun, el proyecto necesita una revisión exhaustiva: “Esta ley debe ser precisa en sus conceptos y no debe abarcar principalmente asuntos que podrían ser regulados por leyes ordinarias, ya que esto podría limitar el desarrollo futuro del sector educativo al volverlo inflexible”.

Ante ese panorama, la Asociación se puso a disposición para seguir apoyando el proceso de esta ley, que consideran importante para el país y el futuro de la educación de los colombianos.

Es importante recordar que al proyecto de ley estatutaria le restan dos debates para convertirse en ley. Sin embargo, por ser estatutaria, debe ser aprobado en ambos antes de que finalice esta legislatura, lo cual ocurrirá el 22 de junio.

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