“Los alcances del ‘Ser Pilo Paga’ son excesivamente limitados”

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El término coloquial de ‘pilo’ es parte de la estrategia publicitaria del Ministerio de Educación, que oculta el hecho de que los altos puntajes en dichas pruebas Saber 11 no son necesariamente indicadores válidos de capacidad académica. Estos reflejan en gran medida los esfuerzos de los colegios por preparar, adiestrar, entrenar a los estudiantes para estos exámenes, los cuales a su vez presentan grandes limitaciones técnicas y metodológicas para la evaluación o medición de las competencias académicas requeridas en la educación superior de calidad.

 

Pese a la retórica del SPP, un análisis de la financiación del programa permite concluir que se trata de una estrategia que profundiza la tendencia privatizadora de la Educación Superior, genera un tratamiento diferencial con la universidad pública y sus estudiantes, y se basa en un esquema de costos ineficiente que no compromete aportes para su cofinanciación por parte de las universidades privadas.

 

 

Del total de alumnos beneficiarios del programa, el 85% de los jóvenes “pilos” durante 2015 se matricularon en universidades privadas con acreditación institucional, entre las cuales se distribuyeron buena parte de los $155.000 millones destinados para el programa. Esta cifra aumentará a $374.000 millones el próximo año para atender las dos cohortes en ejecución.

 

Adicional a la matrícula, los jóvenes del programa reciben subsidios que van desde 1 salario mínimo legal vigente (smlv) para quienes viven con sus familias, hasta 1.5 (smlv) para aquellos que deben trasladarse diariamente a municipios cercanos, y 4 para los que se desplazan a otra ciudad, lejos de su familia. El programa también contempla incentivos por matrícula: $400.000, al comenzar el semestre, $400.000 al finalizarlo y $200.000 por promedio académico igual o superior a 3.5.

 

 

Un ejercicio de proyección sobre los costos de las matrículas para los 40.000 beneficiarios del programa, durante el tiempo de ejecución de las cohortes, y sobre la base de un incremento anual del IPC para las públicas -como lo establece la Ley 30 de 1992-, arroja que el costo promedio de la matrícula en estas sería al menos la mitad del proyectado para la universidad privada, cuya tasa de incremento anual supera ampliamente los 10 puntos. Mientras que para las públicas, el costo promedio proyectado para todo el programa es de $5.500.000, para las privadas es de $11.500.000. Es importante resaltar que estos cálculos* se hicieron, sobre un promedio muy inferior a los incrementos en la matrícula registrados en los últimos 10 años en la universidad privada.

 

Con la inversión de SPP se podrían financiar alrededor de 30.000 estudiantes adicionales en las universidades que hacen parte del Sistema Universitario Estatal - SUE -. No obstante, pocas de estas cuentan con acreditación institucional, en parte por la desfinanciación de la que han sido objeto y por la ausencia histórica de una política pública para su fortalecimiento.

 

El valor del programa para 40.000 estudiantes "pilos" para las cuatro cohortes equivale al total de las transferencias que la Nación hace a las universidades públicas en una vigencia: dinero con el que se financia la formación de más de medio millón de estudiantes. Esta cifra supone también una significativa desproporción.

 

 

Para comprender la magnitud de los aportes al programa, es importante analizarlo en relación con el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior oficiales de carácter regional:

 

Las universidades con más estudiantes matriculados de SPP (Salle, Norte, Bolivariana, Andes, Javeriana), de continuar con la tendencia registrada en 2015, recibirán anualmente ingresos superiores al total de las transferencias anuales que la Nación hace a cada una de las siguientes universidades:  Magdalena, Sucre, Amazonía, Surcolombiana, Francisco de Paula Santander, Guajira, Pacífico, Colegio Mayor de Cundinamarca, Tecnológica de Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Llanos, Pamplona, Quindío y Distrital.

 

Un impacto de esta naturaleza merece una juiciosa evaluación, pues este tipo de políticas contribuyen a acentuar el centralismo, así como a “fortalecer a las fuertes y debilitar a las débiles”, que usualmente son las universidades públicas ubicadas en las regiones más desfavorecidas del país. Es esto equidad para el sector educativo, para las regiones y para los más pobres?

 

Para profundizar la brecha, y contrario a lo que se exige a las universidades públicas, las privadas beneficiarias de recursos de SPP y en general de Icetex no están obligadas a cumplir con el pago de seguridad social de docentes adicionales, docentes de hora cátedra y supernumerarios administrativos que sí deben atender las públicas, de acuerdo con las sentencias C-006 de 1996 y C401 de 1998. Este es otro factor que introduce desequilibrios al sistema. El costo del profesorado ha implicado a las universidades erogaciones superiores a un billón doscientos mil pesos en el período comprendido entre 1993 y 2011. Tratándose de recursos públicos, ¿no deberá aplicarse el mismo rasero a las públicas que a las privadas?

 

 

Para 2016 las transferencias de la Nación destinadas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se habrán incrementado al menos en un 40% por efectos de SPP. Este incremento inclina aún más la balanza hacia la privatización de la educación superior en Colombia. El país avanza hacia un esquema de inversión proporcional del Estado en las universidades públicas y en las privadas. Las primeras, vía Icetex, y las segundas, vía transferencias de la Nación. En el centro, los hogares más pobres (estratos 1, 2 y 3) son los que sostienen en gran medida el costo de estudiar en Colombia. SPP al menos, libera a los beneficiarios exitosos de esta onerosa obligación.

 

Dados los millonarios recursos que reciben las universidades privadas acreditadas, surge la pregunta sobre la contrapartida que el Estado colombiano exige a cambio. En el caso de SPP, Icetex paga la tarifa plena de la matrícula, y reconoce anualmente incrementos muy superiores al IPC. Las universidades, por su parte, “aportan” acompañamiento, tutorías y programas de bienestar a los "pilos"; no obstante, SPP no exige en contrapartida tarifas diferenciales que permitan hacer más efectiva la inversión, tanto en costos como en beneficiarios. Tenía razón el rector de una de las universidades líderes, cuando comentó: “Difícil encontrar mecanismos tan claros y efectivos que tengan una rentabilidad social y financiera tan alta y evidente”. 

 

 

De acuerdo con cifras del ICFES (2009), el 35% de los bachilleres pertenecen al estrato 1, el 38% al estrato 2 y el 20% al estrato 3.  En términos reales estamos hablando de una cifra cercana a los 482.000 jóvenes graduados por año pertenecientes a estos estratos. En este universo, qué representan 10.000 becas al año que tanto ha divulgado el MEN?

 

Sin duda, para la trayectoria de vida de algunos de los jóvenes beneficiarios, el programa transformará sus vidas. Pero desde el punto de vista de la política pública, los alcances de SPP son excesivamente limitados y su sostenibilidad cuestionable por las razones expuestas. Hace falta que el MEN desarrolle estrategias ambiciosas que garanticen el derecho a la educación a todos los colombianos, un bien costoso que solamente el Estado puede subsidiar. Esto lo han entendido los países con alto grado desarrollo de su sistema educativo que apuestan a fortalecer la universidad pública, la oferta regional y el subsidio a los jóvenes en condiciones socio-económicas precarias.

 

 

** Una versión de este artículo fue publicada en el portal del Observatorio de la Universidad Colombiana.

 

 

 

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El término coloquial de ‘pilo’ es parte de la estrategia publicitaria del Ministerio de Educación, que oculta el hecho de que los altos puntajes en dichas pruebas Saber 11 no son necesariamente indicadores válidos de capacidad académica. Estos reflejan en gran medida los esfuerzos de los colegios por preparar, adiestrar, entrenar a los estudiantes para estos exámenes, los cuales a su vez presentan grandes limitaciones técnicas y metodológicas para la evaluación o medición de las competencias académicas requeridas en la educación superior de calidad.

 

Pese a la retórica del SPP, un análisis de la financiación del programa permite concluir que se trata de una estrategia que profundiza la tendencia privatizadora de la Educación Superior, genera un tratamiento diferencial con la universidad pública y sus estudiantes, y se basa en un esquema de costos ineficiente que no compromete aportes para su cofinanciación por parte de las universidades privadas.

 

 

Del total de alumnos beneficiarios del programa, el 85% de los jóvenes “pilos” durante 2015 se matricularon en universidades privadas con acreditación institucional, entre las cuales se distribuyeron buena parte de los $155.000 millones destinados para el programa. Esta cifra aumentará a $374.000 millones el próximo año para atender las dos cohortes en ejecución.

 

Adicional a la matrícula, los jóvenes del programa reciben subsidios que van desde 1 salario mínimo legal vigente (smlv) para quienes viven con sus familias, hasta 1.5 (smlv) para aquellos que deben trasladarse diariamente a municipios cercanos, y 4 para los que se desplazan a otra ciudad, lejos de su familia. El programa también contempla incentivos por matrícula: $400.000, al comenzar el semestre, $400.000 al finalizarlo y $200.000 por promedio académico igual o superior a 3.5.

 

 

Un ejercicio de proyección sobre los costos de las matrículas para los 40.000 beneficiarios del programa, durante el tiempo de ejecución de las cohortes, y sobre la base de un incremento anual del IPC para las públicas -como lo establece la Ley 30 de 1992-, arroja que el costo promedio de la matrícula en estas sería al menos la mitad del proyectado para la universidad privada, cuya tasa de incremento anual supera ampliamente los 10 puntos. Mientras que para las públicas, el costo promedio proyectado para todo el programa es de $5.500.000, para las privadas es de $11.500.000. Es importante resaltar que estos cálculos* se hicieron, sobre un promedio muy inferior a los incrementos en la matrícula registrados en los últimos 10 años en la universidad privada.

 

Con la inversión de SPP se podrían financiar alrededor de 30.000 estudiantes adicionales en las universidades que hacen parte del Sistema Universitario Estatal - SUE -. No obstante, pocas de estas cuentan con acreditación institucional, en parte por la desfinanciación de la que han sido objeto y por la ausencia histórica de una política pública para su fortalecimiento.

 

El valor del programa para 40.000 estudiantes "pilos" para las cuatro cohortes equivale al total de las transferencias que la Nación hace a las universidades públicas en una vigencia: dinero con el que se financia la formación de más de medio millón de estudiantes. Esta cifra supone también una significativa desproporción.

 

 

Para comprender la magnitud de los aportes al programa, es importante analizarlo en relación con el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior oficiales de carácter regional:

 

Las universidades con más estudiantes matriculados de SPP (Salle, Norte, Bolivariana, Andes, Javeriana), de continuar con la tendencia registrada en 2015, recibirán anualmente ingresos superiores al total de las transferencias anuales que la Nación hace a cada una de las siguientes universidades:  Magdalena, Sucre, Amazonía, Surcolombiana, Francisco de Paula Santander, Guajira, Pacífico, Colegio Mayor de Cundinamarca, Tecnológica de Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Llanos, Pamplona, Quindío y Distrital.

 

Un impacto de esta naturaleza merece una juiciosa evaluación, pues este tipo de políticas contribuyen a acentuar el centralismo, así como a “fortalecer a las fuertes y debilitar a las débiles”, que usualmente son las universidades públicas ubicadas en las regiones más desfavorecidas del país. Es esto equidad para el sector educativo, para las regiones y para los más pobres?

 

Para profundizar la brecha, y contrario a lo que se exige a las universidades públicas, las privadas beneficiarias de recursos de SPP y en general de Icetex no están obligadas a cumplir con el pago de seguridad social de docentes adicionales, docentes de hora cátedra y supernumerarios administrativos que sí deben atender las públicas, de acuerdo con las sentencias C-006 de 1996 y C401 de 1998. Este es otro factor que introduce desequilibrios al sistema. El costo del profesorado ha implicado a las universidades erogaciones superiores a un billón doscientos mil pesos en el período comprendido entre 1993 y 2011. Tratándose de recursos públicos, ¿no deberá aplicarse el mismo rasero a las públicas que a las privadas?

 

 

Para 2016 las transferencias de la Nación destinadas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se habrán incrementado al menos en un 40% por efectos de SPP. Este incremento inclina aún más la balanza hacia la privatización de la educación superior en Colombia. El país avanza hacia un esquema de inversión proporcional del Estado en las universidades públicas y en las privadas. Las primeras, vía Icetex, y las segundas, vía transferencias de la Nación. En el centro, los hogares más pobres (estratos 1, 2 y 3) son los que sostienen en gran medida el costo de estudiar en Colombia. SPP al menos, libera a los beneficiarios exitosos de esta onerosa obligación.

 

Dados los millonarios recursos que reciben las universidades privadas acreditadas, surge la pregunta sobre la contrapartida que el Estado colombiano exige a cambio. En el caso de SPP, Icetex paga la tarifa plena de la matrícula, y reconoce anualmente incrementos muy superiores al IPC. Las universidades, por su parte, “aportan” acompañamiento, tutorías y programas de bienestar a los "pilos"; no obstante, SPP no exige en contrapartida tarifas diferenciales que permitan hacer más efectiva la inversión, tanto en costos como en beneficiarios. Tenía razón el rector de una de las universidades líderes, cuando comentó: “Difícil encontrar mecanismos tan claros y efectivos que tengan una rentabilidad social y financiera tan alta y evidente”. 

 

 

De acuerdo con cifras del ICFES (2009), el 35% de los bachilleres pertenecen al estrato 1, el 38% al estrato 2 y el 20% al estrato 3.  En términos reales estamos hablando de una cifra cercana a los 482.000 jóvenes graduados por año pertenecientes a estos estratos. En este universo, qué representan 10.000 becas al año que tanto ha divulgado el MEN?

 

Sin duda, para la trayectoria de vida de algunos de los jóvenes beneficiarios, el programa transformará sus vidas. Pero desde el punto de vista de la política pública, los alcances de SPP son excesivamente limitados y su sostenibilidad cuestionable por las razones expuestas. Hace falta que el MEN desarrolle estrategias ambiciosas que garanticen el derecho a la educación a todos los colombianos, un bien costoso que solamente el Estado puede subsidiar. Esto lo han entendido los países con alto grado desarrollo de su sistema educativo que apuestan a fortalecer la universidad pública, la oferta regional y el subsidio a los jóvenes en condiciones socio-económicas precarias.

 

 

** Una versión de este artículo fue publicada en el portal del Observatorio de la Universidad Colombiana.