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No ha existido una protesta entre estudiantes de las universidades públicas colombianas en la que alguien no se asome, en medio de los gases lacrimógenos o la lluvia de piedras, con un cartelito en contra de la privatización de la educación o grite consignas como “La educación no se vende, se defiende”. Pero qué pensarían todos los que han sido presas de esa oscura pesadilla si les dijeran que eso difícilmente va a ocurrir y, por el contrario, es más factible una “publitización” de las universidades privadas.
En marzo de 2015, mientras transcurría una ceremonia de grado en la Universidad de los Andes, el rector Pablo Navas subió al atril y frente a graduandos y familiares dijo una frase que dejó desconcertado a más de uno: “La Universidad de los Andes es la universidad más pública del país”.
Por un lado, Navas se refería a que el mérito es la única condición de entrada a esta universidad, que siempre aparece en los ránquines internacionales como la mejor de Colombia y cuyos estudiantes logran con frecuencia los primeros puestos en las pruebas Ecaes. Por otro, estudiantes y profesores participan en instancias de gobierno sin representar intereses grupales o económicos. También es una universidad que reinvierte en sí misma el 100 % de sus ganancias. No tiene dueños. Existe libertad de cátedra. “Terminamos siendo un vehículo jurídico que apoya al Estado en prestar un servicio público, que es su obligación, a base de captar recursos privados”, concluyó Navas.
En aquella ocasión, cuando Navas pronunció su discurso, los primeros estudiantes de Ser Pilo Paga estaban matriculándose en las universidades colombianas. Una idea que había nacido en la propia universidad y llamado la atención de Gina Parody, entonces ministra de Educación, que la convirtió al instante en su principal bandera política.
Por primera vez en la historia de Colombia, un número considerable de estudiantes provenientes del Sisbén 1, 2 y 3 accedían gratuitamente a cualquier universidad. Incluyendo la universidad más costosa de Colombia. Los Andes, a través de su propio programa de becas, Quiero Estudiar, se había dado cuenta de que abrirles la puerta a los mejores repercutía inmediatamente en su calidad. La tasa de Summa Cum Laude es siete veces mayor que en el resto de la población universitaria y la tasa de deserción mucho menor. “Concluyo que Ser Pilo Paga”, remató Navas en aquel auditorio, “ayuda a romper esa vieja distinción infundada entre universidades públicas y privadas”.
¿Tiene razón el rector Navas? ¿Estamos ante una disolución de las fronteras entre universidades públicas y privadas en Colombia, de la cual nadie nos advirtió? Y si la tiene, ¿significa que Colombia ha comenzado a dar un giro drástico en su política de educación superior a través de programas y no de una ley orgánica? Tres años después de ponerse en marcha Ser Pilo Paga, sólo el 15,6 % de los beneficiarios están matriculados en universidades públicas, el 83,8 % lo están en universidades privadas y el 0,6 % en instituciones de carácter especial. Las universidades privadas que más pilos reciben son: Javeriana (2.541, 8 %), La Salle (1.881, 6 %), los Andes (1.869, 6 %), Pontificia Bolivariana (1.741, 6 %) y Jorge Tadeo Lozano (1395, 5 %). Los Andes es la tercera universidad que más pilos tiene, pero la que más plata recibe: $49.065’428.800, casi el doble que la Bolivariana y La Salle.
Los economistas llaman a este fenómeno pasar de un subsidio a la oferta a un subsidio a la demanda. En vez de enviar el dinero directamente a las universidades públicas para que ellas lo administren, se le otorga al ciudadano para que elija donde lo invierte, con tal de que cumpla el propósito original. Roberto Angulo, investigador y analista económico, advierte que en estos debates hay fanáticos y sesgos ideológicos de ambos lados, “pero creo que si se cumple el objetivo, no se debe satanizar ningún modelo”, señala. Lo que le preocupa es que se escondan “incentivos perversos” que pasen desapercibidos. Y una cosa más: “En las alianzas público-privadas, y en general en cualquier contrato, un principio es la estabilidad del negocio. Tiene que haber un mínimo de estabilidad en el precio del servicio que el Gobierno está contratando”.
En 2015, la Universidad de los Andes, después de armado el modelo de Ser Pilo Paga, incrementó su matrícula en 5,3 %, en 2016 el incremento fue de 6,9 % y este año el aumento llegó al 9,6 %. Cerca del 35 % de sus nuevos estudiantes matriculados hacen parte del programa. Dejando de lado el interminable y casi siempre estéril debate sobre lo público y lo privado, la pregunta es si tiene sentido pagar con dinero público la tarifa más alta del mercado, aun cuando los ránquines y la percepción de los propios bachilleres la señalan como la mejor. Y también si en un programa como Ser Pilo Paga se deben exigir condiciones que estabilicen el negocio con el Estado.
El rector Navas tiene varios argumentos para rebatir. Primero, y el más básico, es que la alta calidad tiene un precio superior. Si no fuera así, no serían la mejor universidad. Dos, si se tratara de negocio, para los Andes no lo sería. “Nos cuesta atender más a estos estudiantes que a los del norte de Bogotá. Tuvimos que triplicar las sesiones gratuitas de inglés, crear subsidios de alimentación y apoyo”, dice. Una tarea que han asumido con convicción, porque creen que esos estudiantes pilos tienen derecho a competir “con la cancha nivelada” contra todos los demás. A esto le suma que la rentabilidad para el estudiante, pero también para el Estado, es mayor mientras mejor es la universidad.
Pero este debate no se limita a Ser Pilo Paga. En enero de este año, el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, escribió en su cuenta de Twitter: “Esto es para quedar estupefacto. Anuncio publicitario desde la cuenta oficial de Colciencias. ¿Recursos con destino exclusivo a U. privada?”. Se refería a una convocatoria de becas para maestrías y doctorados que la Gobernación del Cesar ofrecía a los estudiantes del departamento. Lo que sacó de casillas a Mantilla fue enterarse de que con dineros provenientes de regalías para ciencia y tecnología se había firmado un contrato que privilegiaba una sola universidad: a los Andes. De nuevo la misma pregunta: ¿está de acuerdo el país en usar recursos públicos para pagar la tarifa más alta, esta vez a nivel de maestrías y doctorados?
Seis de 31 programas de formación financiados con dineros de regalías a través de Colciencias están suscritos con los Andes. Esta es la cuarta universidad que más estudiantes recibe para maestría (36), después de la Tecnológica de Bolívar (101), la del Norte (86) y de Córdoba (58). Además es la primera, junto con la U. del Norte y la Pedagógica, en recibir estudiantes para doctorado (cada una con 19).
Antes de Mantilla, muchos investigadores ya habían llamado la atención sobre las condiciones en las que se estaba firmando este tipo de convenios de ciencia y tecnología. Específicamente criticaron que universidades como los Andes destinaran hasta un 30 % del presupuesto asignado a costos de administración, mientras en otras, como la Universidad Industrial de Santander, ese porcentaje no superaba el 10 %. El 30 %, han argumentado los encargados de la universidad, corresponde a un porcentaje acorde con estándares internacionales.
La suspicacia podría llevar a pensar que este escenario, al que se podría añadir toda una lista de programas estatales, es el plan de una mente calculadora orquestado para inclinar la balanza de la educación superior colombiana a favor de algunas instituciones. Pero no parece ser esa la realidad. Podría ser todo lo contrario: el resultado del desorden, la falta de un debate abierto y transparente.
Desde 1992, cuando se formuló la Ley 30 de educación, hasta hoy, todos los intentos por hacer reformas de fondo al sistema educativo han fracasado. Esto ha obligado sucesivamente a los ministros de Educación de turno a gobernar a punta de “programas”. Y en ese escenario se fueron creando unas nuevas condiciones de juego en las que las mejores universidades, no sólo los Andes, comenzaron a sacar ventaja de sus fortalezas, su calidad, su eficiencia y su buena imagen, mientras otras, muchas públicas, quedaron atrapadas en modelos ineficaces, burocracia, paros sistemáticos que afectan su imagen e, incluso, como lo señaló el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, deudas asfixiantes por el incremento incontrolado de la base salarial de sus profesores. Una situación de la que no siempre se puede culpar al Gobierno, sino a las propias universidades.
Un ex alto funcionario del Ministerio de Educación, que pidió reserva de su nombre por la posición que ocupa hoy, pone el dedo en la llaga: “Es tal la ineficiencia de la mayoría de universidades públicas que al financiar el sistema de educación a punta de programas basados en competencia sólo las buenas tienen la capacidad de acceder a esos recursos. Si uno no mejora todo el sistema, lo que hace es que muchas universidades no puedan acceder, por pobreza o por ineficiencia. A punta de incentivos fortaleces a los que ya son capaces y los que vienen atrás se siguen rezagando. La libre competencia funciona cuando todos pueden competir”.
En este escenario de fuertes y débiles, ¿está Uniandes aprovechando su posición dominante? El rector Navas responde: “Pensaría que si hay un atributo maravilloso en cualquier sector es que el mejor tenga una posición dominante, en el buen sentido de la palabra. Si no la tiene es que no valoran que sea el mejor. El estudiante prefiere venir aquí. Y en cuanto a los proyectos de investigación, si dárselo al mejor usted lo califica de dominante, yo digo que me parece del carajo ser dominante. Sería grave ser dominante si el concepto es otro”.