Los líos de tres profesores señalados de acoso en la U. Nacional

El 5 de marzo de este año –unos días antes del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora–, un grupo de feministas grafitearon las oficinas de tres docentes del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. “Abusador”, “acosador”, “cómplice”, escribieron.

No alcanzaron a durar un día rayadas, sin embargo, las denuncias calaron en algunas mujeres, y lo que comenzó como un escrache se convirtió en un informe de 49 páginas publicado el 8 de julio por la Comisión Feminista y de Asuntos de Género de Antropología “Las que luchan”, Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, un grupo de estudiantes y egresadas de esa facultad, en donde se recogen 30 testimonios de mujeres y uno de un hombre que denuncian situaciones de acoso sexual y maltrato dentro del campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y que involucran a tres profesores activos en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional: Gerardo Ardila, Virgilio Becerra y Augusto Gómez.

Los 31 testimonios son relatos autobiográficos de presuntas experiencias de violencia sexual que vivieron las estudiantes cuando cursaban antropología en la Universidad Nacional (uno en una universidad privada). Todas pertenecen a distintas generaciones (entre los noventa y 2019), lo que indica que no se conocen entre sí, y aunque los relatos no están firmados, “Las que luchan” aclaran que tienen nombres y cédulas de las denunciantes en reserva. Son 29 posibles víctimas, y cuatro posibles testigos directos de estas agresiones.

Gerardo Ardila: 15 posibles víctimas, dos posibles testigos. Está vinculado al Departamento de Antropología desde enero de 1986 y fue secretario distrital de Planeación de la administración de Gustavo Petro (2012).

Según el informe, Ardila ha sido acusado de acosar sexualmente a las estudiantes de primeros semestres. Varias dicen haber sido tocadas en la cintura, manos y hombros reiteradamente, así como de haber sido invitadas solas a su oficina. También denuncian tratos degradantes, incluso un testimonio habla del caso de una estudiante a quien llamaba “vaca” en clase (refiriéndose al tamaño de sus senos). Estos son algunos de ellos: “Atrasé una materia (teoría social) con tal de no tener que verla con el profesor Ardila. Cuando esto sucedió yo tenía 15 años”, dice un testimonio. “Al final de la película, cuando nos íbamos a despedir, él intentó besarme en la boca, yo lo rechacé y tomé un taxi rápidamente. No me acuerdo si dijimos algo en ese momento tan incómodo. Yo no le volví a hablar y lo evité al máximo”, dice otro de una mujer a quien le sucedió esto cuando tenía 22 años. “Me propuso que nos fuéramos a tomar un café, luego íbamos a su casa y yo arreglaba la nota de los ensayos. Le dije: “¿con ir a su casa, tengo un 5.0? Me dice, “Sí”. “¿Es decir, si me acuesto con usted tengo un 5.0?”, le pregunto, nuevamente me responde con un sí. “Entonces si me revuelco con un viejo asqueroso como usted, no me preocupo de los ensayos…. no Gerardo, mejor póngame dos ceros”, relata una mujer, a quien esto le sucedió en 2003.

Augusto Gómez: ocho posibles víctimas, un posible testigo. Enseña en la Unal desde 1993 y ganó el Premio Nacional de Antropología de 1998 por un libro sobre colonización y epidemias en la Amazonia colombiana.

Según el análisis de la Comisión, Gómez suele contratar a estudiantes mujeres como asistentes de investigación para acercarse a ellas. “Al principio el docente no manifiesta interés sexual, pero después de ganar su confianza, a través de su “amabilidad” y varias invitaciones o “favores”, supuestamente intenta besarlas a la fuerza, las toca sin su consentimiento y las cela por sus relaciones con otros varones”.

Muchas se sienten incómodas porque es un profesor “amable” -un testimonio lo describe como un “Papá Noel”- y no saben cómo rechazar esa atención no deseada. En varios casos las posibles víctimas señalaron que después de negarse a sostener relaciones el docente se ofende y toma acciones en su contra: habla mal de su trabajo con otras personas, deja de prestarles atención en las direcciones de tesis, o las margina de los proyectos de investigación.

“Al final me dijo que yo era muy bonita y tenía unos ojos preciosos, yo no dije nada y me respondió que no fuera tan brava, me fui y nunca más me acerqué a él porque me generaba demasiada incomodidad”, expresó una mujer. “Después de mi rechazo a sus llamadas, invitaciones a salir y sus mensajes, él me sobrecargó de labores y empezó a hablar mal de mí con otros profesores, por haberme elegido para su pesquisa investigativa, aun cuando cada vez me dejaba más trabajo por el mismo ínfimo sueldo. Cuando esto sucedió tenía 19 años”, relató otra.

Virgilio Becerra: seis posibles víctimas, un posible testigo directo. Es profesor en la Nacional desde 1985.

Según la Comisión, este docente cuenta con gran reconocimiento entre los estudiantes, en especial por sus salidas de campo y la vinculación de estudiantes en proyectos de investigación. Según los relatos, allí suceden los acercamientos sexuales no consentidos. Todo queda como parte de la borrachera y no es identificado como abuso. “Durante la salida de campo estuvimos en un billar, el profesor estaba borracho y su asistente de investigación, S, también. Yo iba saliendo del baño normal y el profesor empezó a decir: “pavoneándose delante de todos, lo que me gusta”. Entonces yo le dije que no me hablara así y que no me dijera esas cosas, cuando le dije eso, el profesor y S me dijeron: “lo que faltaba, es macho”, cuenta una mujer, a quien le sucedió esto en 2006. “Recuerdo también haber sufrido cierto bullying porque algunos compañeros notaban el acercamiento del profesor hacia mí y me molestaban”, recuerda otra. “A mí me intimidaba mucho la agresividad. Nos fuimos del restaurante y él me dio un beso, y me agarró de la mano. Yo estaba lívida y sentí que iba como para un matadero”, recuerda otra en un largo testimonio. El informe y los testimonios completos pueden ser consultados aquí.

¿A dónde estaba mirando la Unal?

“Lo que muestran los testimonios más viejos es que estos hechos tienen efecto en el desarrollo de la vida profesional de estas mujeres. Muchas perciben que estos hombres toman acciones para afectarlas: hablan mal de su trabajo, se refieren con otros colegas a ellas como malas estudiantes, y en su desarrollo académico tienen que retrasar materias para no verlas”, dice Mónica Godoy, egresada de ese departamento y la asesora de la Comisión para la realización del informe, en el que trabajaron durante cinco meses.

El informe fue entregado a las autoridades del Protocolo para la Prevención y Atención de casos de Violencias de la Universidad, pero lo que más llama la atención es que reiterativamente los testimonios indican que algunas posibles víctimas se acercaron a las instancias de la universidad o buscaron ayuda en profesores, o trataron de instaurar quejas que no fueron escuchadas.

“El programa de antropología y la Facultad de Ciencias Humanas conocen desde hace tiempo el problema de la violencia sexual contra estudiantes, pero lejos de tomar acciones efectivas de prevención, lo han reducido a la calidad de un rumor sin fundamento (…) Durante décadas, la institución ha sido negligente para tomar en serio, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Ha argumentado la inexistencia de quejas formales, así ignoraron los muchos intentos de varias generaciones de estudiantes por conseguir ayuda y protección (…) Esta investigación debió realizarse desde la institución hace más de 20 años, al tener la primera noticia o sospecha que pudiera existir alguna conducta indebida o ilegal. Tal vez así, nos hubieran ahorrado a varias generaciones de mujeres estudiantes ser objeto de las repetidas agresiones sexuales de los mismos docentes”, escribió la Comisión.

Entonces, ¿sabía la Unal de las acusaciones contra Gerardo Ardila, Virgilio Becerra y Augusto Gómez? Si sabía, ¿por qué no hizo nada por proteger a las estudiantes? Si investigó, ¿no encontró pruebas?

Un protocolo que cojea

Hay que decirlo: la Universidad Nacional fue la primera que adoptó un protocolo de atención y prevención de violencias de género en Colombia. Entró a funcionar en 2017, y de acuerdo con el protocolo, si un estudiante es víctima de acoso sexual por parte de otro estudiante o personal docente o administrativo, debe dirigirse a Veeduría Disciplinaria a hacer interponer una queja. Una profesora del Departamento de Antropología cuenta que de 2011 a 2013 hubo un intento por regular las salidas de campo, un común denominador en los relatos del informe presentado por “Las que luchan”.

“Básicamente se trató de regular el número de días de las salidas, un espacio muy importante de formación en la disciplina, buscando que todas y todos los estudiantes tuvieran el seguro de la universidad y que fuera nadie que no estuviera inscrito, que las salidas tuvieran planeadas las rutas y que tuvieran un carácter estrictamente académico. También queríamos que fueran dos profesores y no solo uno para que no se presentaran historias como las que uno oía u oye: violencia entre estudiantes, estudiantes o profesores que se meten a las carpas de las estudiantes, borracheras. Lo de acosos en salidas de campo se repite mucho, y en todas las carreras, no solo con los profesores que salen en el informe”.

El caso Ardila

En julio del año pasado, un grupo de 29 estudiantes enviaron una carta al Comité Asesor de Antropología, a la Dirección del Departamento de Antropología (y después a la División de Acompañamiento Integral de la Sede, Proyecto de Equidad de Género) en donde manifestaban su descontento porque Ardila dictara la materia de diseño de proyecto en antropología social. Esta materia es un prerequisito para hacer Laboratorio, la materia anterior a la realización de la tesis. No inscribirla demoraría el grado de un estudiante, por lo menos, un semestre.

“Quienes hemos visto clase con Gerardo Ardila conocemos de primera mano sus prácticas humillantes hacia los y las estudiantes, su indisposición para escucharnos y, desafortunadamente, muchas estudiantes también conocen de primera mano sus prácticas de acoso (…) ¿Es realmente una decisión pertinente poner a un docente altamente cuestionado ética y pedagógicamente entre el estudiantado a acompañar el inicio de un proceso que, se espera, conduzca a la realización de la tesis de grado de la mayoría de nosotros y nosotras?”, dice la carta. Para el segundo semestre de 2019, la clase de Ardila terminó con un solo estudiante inscrito.

Hubo una segunda carta entregada en agosto a la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas, en donde se solicita, una vez más, que Gerardo Ardila no dictara otra clase: pensamiento antropológico II. Los estudiantes denunciaron que el profesor es “hostil e irrespetuoso” con los estudiantes, y que “algunas de nuestras compañeras han sufrido ante el desorden de este docente para llevar el registro de notas y para subirlas a la plataforma”. El 23 de septiembre, la facultad creó un grupo nuevo para esa asignatura, y el curso de Ardila para esta clase quedó con cinco inscritos, en una asignatura en donde hay entre 20 y 40 inscritos al semestre.

Pero pareciera que “la gota que rebosó el vaso” de la universidad fueron los grafitis en la facultad, y no los rumores, chismes o quejas formales. Según un comunicado enviado por el Departamento una semana después de los rayones, los docentes se reunieron para discutir lo que estaba pasando en la facultad: “Como profesores y profesoras estamos comprometidos con la solución de esta problemática desde nuestro quehacer académico (…) Sin embargo, en nuestro rol como funcionarios públicos no podemos intervenir ni en el debido proceso, ni en la investigación sobre denuncias, ni en las decisiones disciplinares. Invalidaría los procesos legales”, explicaron. Y agregaron: “Hacemos un llamado para que nuestra comunidad antropológica formule sus denuncias en las instancias competentes de forma que los conflictos expresados en los espacios del departamento tengan una resolución efectiva y no afecten y vulneren los derechos de ninguna persona”.

“Se ha privilegiado limpiar el nombre de Gerardo Ardila, al tiempo que se desestiman o se interpretan los actos de denuncia como ataques injustificados. En lugar de ahondar en las razones que han motivado estos pronunciamientos, el departamento ha sido más eficiente al ocultar las formas de denuncia como pancartas y el escrache en las paredes que en garantizar el trámite de casos de acoso sexual y violencia de género”, escribió la Comisión.

Aunque las investigaciones dentro de la universidad tienen reserva, El Espectador conoció que hay un proceso disciplinario abierto en etapa de indagación por acoso sexual contra Gerardo Ardila que se abrió a finales de 2019. Hasta el momento no está claro si las denuncias anónimas en ese proceso son las mismas que incluye el informe o son distintos testimonios.

“La directora de la carrera, Hope Henderson, dijo que había remitido la carta de los estudiantes a Bienestar y que eso es parte del procedimiento. Yo creo que es lo que hay que hacer pero apenas cumple con lo obligatorio. ¿Por qué no retirarlos de los cursos de primer semestre en donde hay menores de edad, con personas más vulnerables?”, explica una profesora cercana al proceso con las estudiantes, pero que prefiere no dar su nombre.

Jaime Franky, vicerrector de la Unal sede Bogotá, reconoce que ese conducto regular podría tener fallas que desestiman las denuncias, o condiciones que hacen más difícil para las estudiantes acudir a lo “formal”: “La universidad procede es a partir de denuncias concretas, pero en muchas ocasiones las víctimas no denuncian por múltiples factores. Uno, por falta de confianza en las instituciones, o dos, porque sienten que no sirve denunciar o quieren mantener el asunto en privado”.

Algo similar dice la profesora del Departamento de Antropología: “La política de equidad de género aprobada en 2012 no tenía suficiente arraigo administrativo o legal, pero unos años después se aprobó el Observatorio de Asuntos de Género, a pesar de que esto es un logro importante, al día de hoy no tiene financiación suficiente ni voz decisoria en la oficina de planeación. Tiene asignada solo a una profesora y su asistente para una tarea enorme. El protocolo también tiene mala fama, porque se demora mucho, los procesos son frustrantes y no está amarrado a la reglamentación más amplia y fundamental de la universidad, como lo es el Estatuto Docente. Por ninguna parte contempla este estatuto que el acoso es una falta grave, entonces no pasa nada”.

En últimas, los testimonios contenidos en el informe son la prueba de que los “conductos regulares” son frustrantes para las estudiantes, y como están las cosas, una posible víctima de acoso sexual tiene que ver clase con el profesor que supuestamente la acosa, haya un proceso abierto o no.

A partir de la presión que generó el informe, el Consejo Académico de Antropología elevó una solicitud a la facultad para “relevar” a los docentes Gerardo Ardila, Virgilio Becerra y Augusto Gómez de las asignaturas a su cargo el próximo semestre. Esto no significa que estén suspendidos ni expulsados de la universidad, sino que no dictarán sus clases pero continuarán percibiendo un salario.

El Foro Nacional Ambiental también decidió retirar a Gerardo Ardila de su Consejo Directivo “hasta que esclarezcan los hechos contenidos en el informe”, y Ardila renunció este viernes a su cargo como director del Centro de Estudios Sociales de la facultad de Ciencias Humanas a raíz de estas investigaciones.

Al ser consultadas para esta historia, ni la directora de carrera, Hope Henderson, ni la decana Luz Amparo Fajardo respondieron a la solicitud enviada vía Whatsapp. En cuanto a los profesores, Augusto Gómez declaró: “Considero procedente que la universidad inicie las averiguaciones respectivas antes de hacer comentarios públicos al respecto”. Virgilio Becerra no respondió y Gerardo Ardila designó como vocero a su abogado, Germán Palacio. (Lea también: La defensa del profesor Ardila ante las acusaciones por acoso sexual)

“Gerardo Ardila rechaza los hechos que ahí se manifiestan (en el informe) porque no son acordes a la realidad”, dice, y agrega que el profesor instaurará una acción legal contra Mónica Godoy por injuria y calumnia en su papel de asesora del informe de la Comisión. “Lo que mi defendido puede demostrar es que hay alumnas, docentes y personas que han tenido experiencias con él a nivel de compañeras que nunca han visto comportamientos como los que se denuncian. El informe se basa en relatos de personas que no están identificadas. Entendemos que existe la libertad de expresión y que hay personas que tratan de promover la defensa del derecho a la mujer a no ser discriminada y a no tener hostigamientos sexuales, pero otra cosa es que se denuncia faltando a la verdad”.

Según el abogado, gracias al sistema de autoevaluación que usa Ardila no podría coercionar a nadie con las notas. Por el contrario, las integrantes de la Comisión consideran que hablar del poder de decisión de las estudiantes frente a alguien en una posición de autoridad como un profesor no es tan fácil de dirimir: “El acoso sexual de un docente, por quien se siente confianza, admiración y respeto, produce mucha confusión en las posibles víctimas. Ellas tardan en identificar esos comportamientos como abusos y suelen sentirse responsables de los mismos. Antes que una actitud de rechazo explícita, las mujeres prefieren lidiar con la situación intentando no ofender ni disgustar al agresor para que su enojo no las lastime aun más”.

“Es como si los señalados no tuvieran noción de los efectos que tienen sus acciones sobre la vida de las mujeres. No es un problema menor sino que al contrario, ha sido ignorado, silenciado impunemente, y no estamos señalando a la universidad, pero sí tiene una responsabilidad en el ejercicio de estas violencias”, dice Godoy.

Una semana después de publicado el informe, 480 estudiantes y egresadas firmaron una carta en apoyo a las denunciantes, a las mujeres de la Comisión, y a Mónica Godoy. Por ahora, y tras 20 años de chismes de pasillo, el proceso disciplinario avanza dentro de la universidad contra al menos uno de los profesores. Lo “aceptable” entre profesores y estudiantes están cambiando, y lo que fue normal hace veinte años ya no tiene lugar en las aulas.

Un profesor del departamento que prefiere no revelar su nombre porque teme poner en peligro su trabajo lo resume así: “Estoy seguro de que Ciencias Humanas no es la única facultad, y que la Nacional no es la única universidad en donde hay acoso. Pero aquí fue donde salió un informe como este. También hay que tener en cuenta que hace veinte años, posibles coqueteos o comportamientos de profesores con estudiantes, incluso las relaciones amorosas, eran percibidos como algo normal. Esto es solo la punta del iceberg”.

Algo de razón tenía, y cada vez más, las víctimas de acoso sexual o violencia de género dentro de la Universidad Nacional se atreven a hablar, bien sea a través de canales institucionales o no. Desde hace tres semanas, un grupo de personas abrió una cuenta en Instagram llamada Rebelión en La Granja, en donde denuncian a los estudiantes varones que hacían parte de un grupo de whatsapp llamado Fedegán en donde presuntamente compartían fotos íntimas de compañeras sin permiso, hacían comentarios misóginos, transfóbicos y lesbofóbicos, y se referían a estudiantes y profesoras como “ganado”.

hcalle@elespectador.com

El 5 de marzo de este año –unos días antes del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora–, un grupo de feministas grafitearon las oficinas de tres docentes del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. “Abusador”, “acosador”, “cómplice”, escribieron.

No alcanzaron a durar un día rayadas, sin embargo, las denuncias calaron en algunas mujeres, y lo que comenzó como un escrache se convirtió en un informe de 49 páginas publicado el 8 de julio por la Comisión Feminista y de Asuntos de Género de Antropología “Las que luchan”, Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, un grupo de estudiantes y egresadas de esa facultad, en donde se recogen 30 testimonios de mujeres y uno de un hombre que denuncian situaciones de acoso sexual y maltrato dentro del campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y que involucran a tres profesores activos en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional: Gerardo Ardila, Virgilio Becerra y Augusto Gómez.

Los 31 testimonios son relatos autobiográficos de presuntas experiencias de violencia sexual que vivieron las estudiantes cuando cursaban antropología en la Universidad Nacional (uno en una universidad privada). Todas pertenecen a distintas generaciones (entre los noventa y 2019), lo que indica que no se conocen entre sí, y aunque los relatos no están firmados, “Las que luchan” aclaran que tienen nombres y cédulas de las denunciantes en reserva. Son 29 posibles víctimas, y cuatro posibles testigos directos de estas agresiones.

Gerardo Ardila: 15 posibles víctimas, dos posibles testigos. Está vinculado al Departamento de Antropología desde enero de 1986 y fue secretario distrital de Planeación de la administración de Gustavo Petro (2012).

Según el informe, Ardila ha sido acusado de acosar sexualmente a las estudiantes de primeros semestres. Varias dicen haber sido tocadas en la cintura, manos y hombros reiteradamente, así como de haber sido invitadas solas a su oficina. También denuncian tratos degradantes, incluso un testimonio habla del caso de una estudiante a quien llamaba “vaca” en clase (refiriéndose al tamaño de sus senos). Estos son algunos de ellos: “Atrasé una materia (teoría social) con tal de no tener que verla con el profesor Ardila. Cuando esto sucedió yo tenía 15 años”, dice un testimonio. “Al final de la película, cuando nos íbamos a despedir, él intentó besarme en la boca, yo lo rechacé y tomé un taxi rápidamente. No me acuerdo si dijimos algo en ese momento tan incómodo. Yo no le volví a hablar y lo evité al máximo”, dice otro de una mujer a quien le sucedió esto cuando tenía 22 años. “Me propuso que nos fuéramos a tomar un café, luego íbamos a su casa y yo arreglaba la nota de los ensayos. Le dije: “¿con ir a su casa, tengo un 5.0? Me dice, “Sí”. “¿Es decir, si me acuesto con usted tengo un 5.0?”, le pregunto, nuevamente me responde con un sí. “Entonces si me revuelco con un viejo asqueroso como usted, no me preocupo de los ensayos…. no Gerardo, mejor póngame dos ceros”, relata una mujer, a quien esto le sucedió en 2003.

Augusto Gómez: ocho posibles víctimas, un posible testigo. Enseña en la Unal desde 1993 y ganó el Premio Nacional de Antropología de 1998 por un libro sobre colonización y epidemias en la Amazonia colombiana.

Según el análisis de la Comisión, Gómez suele contratar a estudiantes mujeres como asistentes de investigación para acercarse a ellas. “Al principio el docente no manifiesta interés sexual, pero después de ganar su confianza, a través de su “amabilidad” y varias invitaciones o “favores”, supuestamente intenta besarlas a la fuerza, las toca sin su consentimiento y las cela por sus relaciones con otros varones”.

Muchas se sienten incómodas porque es un profesor “amable” -un testimonio lo describe como un “Papá Noel”- y no saben cómo rechazar esa atención no deseada. En varios casos las posibles víctimas señalaron que después de negarse a sostener relaciones el docente se ofende y toma acciones en su contra: habla mal de su trabajo con otras personas, deja de prestarles atención en las direcciones de tesis, o las margina de los proyectos de investigación.

“Al final me dijo que yo era muy bonita y tenía unos ojos preciosos, yo no dije nada y me respondió que no fuera tan brava, me fui y nunca más me acerqué a él porque me generaba demasiada incomodidad”, expresó una mujer. “Después de mi rechazo a sus llamadas, invitaciones a salir y sus mensajes, él me sobrecargó de labores y empezó a hablar mal de mí con otros profesores, por haberme elegido para su pesquisa investigativa, aun cuando cada vez me dejaba más trabajo por el mismo ínfimo sueldo. Cuando esto sucedió tenía 19 años”, relató otra.

Virgilio Becerra: seis posibles víctimas, un posible testigo directo. Es profesor en la Nacional desde 1985.

Según la Comisión, este docente cuenta con gran reconocimiento entre los estudiantes, en especial por sus salidas de campo y la vinculación de estudiantes en proyectos de investigación. Según los relatos, allí suceden los acercamientos sexuales no consentidos. Todo queda como parte de la borrachera y no es identificado como abuso. “Durante la salida de campo estuvimos en un billar, el profesor estaba borracho y su asistente de investigación, S, también. Yo iba saliendo del baño normal y el profesor empezó a decir: “pavoneándose delante de todos, lo que me gusta”. Entonces yo le dije que no me hablara así y que no me dijera esas cosas, cuando le dije eso, el profesor y S me dijeron: “lo que faltaba, es macho”, cuenta una mujer, a quien le sucedió esto en 2006. “Recuerdo también haber sufrido cierto bullying porque algunos compañeros notaban el acercamiento del profesor hacia mí y me molestaban”, recuerda otra. “A mí me intimidaba mucho la agresividad. Nos fuimos del restaurante y él me dio un beso, y me agarró de la mano. Yo estaba lívida y sentí que iba como para un matadero”, recuerda otra en un largo testimonio. El informe y los testimonios completos pueden ser consultados aquí.

¿A dónde estaba mirando la Unal?

“Lo que muestran los testimonios más viejos es que estos hechos tienen efecto en el desarrollo de la vida profesional de estas mujeres. Muchas perciben que estos hombres toman acciones para afectarlas: hablan mal de su trabajo, se refieren con otros colegas a ellas como malas estudiantes, y en su desarrollo académico tienen que retrasar materias para no verlas”, dice Mónica Godoy, egresada de ese departamento y la asesora de la Comisión para la realización del informe, en el que trabajaron durante cinco meses.

El informe fue entregado a las autoridades del Protocolo para la Prevención y Atención de casos de Violencias de la Universidad, pero lo que más llama la atención es que reiterativamente los testimonios indican que algunas posibles víctimas se acercaron a las instancias de la universidad o buscaron ayuda en profesores, o trataron de instaurar quejas que no fueron escuchadas.

“El programa de antropología y la Facultad de Ciencias Humanas conocen desde hace tiempo el problema de la violencia sexual contra estudiantes, pero lejos de tomar acciones efectivas de prevención, lo han reducido a la calidad de un rumor sin fundamento (…) Durante décadas, la institución ha sido negligente para tomar en serio, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Ha argumentado la inexistencia de quejas formales, así ignoraron los muchos intentos de varias generaciones de estudiantes por conseguir ayuda y protección (…) Esta investigación debió realizarse desde la institución hace más de 20 años, al tener la primera noticia o sospecha que pudiera existir alguna conducta indebida o ilegal. Tal vez así, nos hubieran ahorrado a varias generaciones de mujeres estudiantes ser objeto de las repetidas agresiones sexuales de los mismos docentes”, escribió la Comisión.

Entonces, ¿sabía la Unal de las acusaciones contra Gerardo Ardila, Virgilio Becerra y Augusto Gómez? Si sabía, ¿por qué no hizo nada por proteger a las estudiantes? Si investigó, ¿no encontró pruebas?

Un protocolo que cojea

Hay que decirlo: la Universidad Nacional fue la primera que adoptó un protocolo de atención y prevención de violencias de género en Colombia. Entró a funcionar en 2017, y de acuerdo con el protocolo, si un estudiante es víctima de acoso sexual por parte de otro estudiante o personal docente o administrativo, debe dirigirse a Veeduría Disciplinaria a hacer interponer una queja. Una profesora del Departamento de Antropología cuenta que de 2011 a 2013 hubo un intento por regular las salidas de campo, un común denominador en los relatos del informe presentado por “Las que luchan”.

“Básicamente se trató de regular el número de días de las salidas, un espacio muy importante de formación en la disciplina, buscando que todas y todos los estudiantes tuvieran el seguro de la universidad y que fuera nadie que no estuviera inscrito, que las salidas tuvieran planeadas las rutas y que tuvieran un carácter estrictamente académico. También queríamos que fueran dos profesores y no solo uno para que no se presentaran historias como las que uno oía u oye: violencia entre estudiantes, estudiantes o profesores que se meten a las carpas de las estudiantes, borracheras. Lo de acosos en salidas de campo se repite mucho, y en todas las carreras, no solo con los profesores que salen en el informe”.

El caso Ardila

En julio del año pasado, un grupo de 29 estudiantes enviaron una carta al Comité Asesor de Antropología, a la Dirección del Departamento de Antropología (y después a la División de Acompañamiento Integral de la Sede, Proyecto de Equidad de Género) en donde manifestaban su descontento porque Ardila dictara la materia de diseño de proyecto en antropología social. Esta materia es un prerequisito para hacer Laboratorio, la materia anterior a la realización de la tesis. No inscribirla demoraría el grado de un estudiante, por lo menos, un semestre.

“Quienes hemos visto clase con Gerardo Ardila conocemos de primera mano sus prácticas humillantes hacia los y las estudiantes, su indisposición para escucharnos y, desafortunadamente, muchas estudiantes también conocen de primera mano sus prácticas de acoso (…) ¿Es realmente una decisión pertinente poner a un docente altamente cuestionado ética y pedagógicamente entre el estudiantado a acompañar el inicio de un proceso que, se espera, conduzca a la realización de la tesis de grado de la mayoría de nosotros y nosotras?”, dice la carta. Para el segundo semestre de 2019, la clase de Ardila terminó con un solo estudiante inscrito.

Hubo una segunda carta entregada en agosto a la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas, en donde se solicita, una vez más, que Gerardo Ardila no dictara otra clase: pensamiento antropológico II. Los estudiantes denunciaron que el profesor es “hostil e irrespetuoso” con los estudiantes, y que “algunas de nuestras compañeras han sufrido ante el desorden de este docente para llevar el registro de notas y para subirlas a la plataforma”. El 23 de septiembre, la facultad creó un grupo nuevo para esa asignatura, y el curso de Ardila para esta clase quedó con cinco inscritos, en una asignatura en donde hay entre 20 y 40 inscritos al semestre.

Pero pareciera que “la gota que rebosó el vaso” de la universidad fueron los grafitis en la facultad, y no los rumores, chismes o quejas formales. Según un comunicado enviado por el Departamento una semana después de los rayones, los docentes se reunieron para discutir lo que estaba pasando en la facultad: “Como profesores y profesoras estamos comprometidos con la solución de esta problemática desde nuestro quehacer académico (…) Sin embargo, en nuestro rol como funcionarios públicos no podemos intervenir ni en el debido proceso, ni en la investigación sobre denuncias, ni en las decisiones disciplinares. Invalidaría los procesos legales”, explicaron. Y agregaron: “Hacemos un llamado para que nuestra comunidad antropológica formule sus denuncias en las instancias competentes de forma que los conflictos expresados en los espacios del departamento tengan una resolución efectiva y no afecten y vulneren los derechos de ninguna persona”.

“Se ha privilegiado limpiar el nombre de Gerardo Ardila, al tiempo que se desestiman o se interpretan los actos de denuncia como ataques injustificados. En lugar de ahondar en las razones que han motivado estos pronunciamientos, el departamento ha sido más eficiente al ocultar las formas de denuncia como pancartas y el escrache en las paredes que en garantizar el trámite de casos de acoso sexual y violencia de género”, escribió la Comisión.

Aunque las investigaciones dentro de la universidad tienen reserva, El Espectador conoció que hay un proceso disciplinario abierto en etapa de indagación por acoso sexual contra Gerardo Ardila que se abrió a finales de 2019. Hasta el momento no está claro si las denuncias anónimas en ese proceso son las mismas que incluye el informe o son distintos testimonios.

“La directora de la carrera, Hope Henderson, dijo que había remitido la carta de los estudiantes a Bienestar y que eso es parte del procedimiento. Yo creo que es lo que hay que hacer pero apenas cumple con lo obligatorio. ¿Por qué no retirarlos de los cursos de primer semestre en donde hay menores de edad, con personas más vulnerables?”, explica una profesora cercana al proceso con las estudiantes, pero que prefiere no dar su nombre.

Jaime Franky, vicerrector de la Unal sede Bogotá, reconoce que ese conducto regular podría tener fallas que desestiman las denuncias, o condiciones que hacen más difícil para las estudiantes acudir a lo “formal”: “La universidad procede es a partir de denuncias concretas, pero en muchas ocasiones las víctimas no denuncian por múltiples factores. Uno, por falta de confianza en las instituciones, o dos, porque sienten que no sirve denunciar o quieren mantener el asunto en privado”.

Algo similar dice la profesora del Departamento de Antropología: “La política de equidad de género aprobada en 2012 no tenía suficiente arraigo administrativo o legal, pero unos años después se aprobó el Observatorio de Asuntos de Género, a pesar de que esto es un logro importante, al día de hoy no tiene financiación suficiente ni voz decisoria en la oficina de planeación. Tiene asignada solo a una profesora y su asistente para una tarea enorme. El protocolo también tiene mala fama, porque se demora mucho, los procesos son frustrantes y no está amarrado a la reglamentación más amplia y fundamental de la universidad, como lo es el Estatuto Docente. Por ninguna parte contempla este estatuto que el acoso es una falta grave, entonces no pasa nada”.

En últimas, los testimonios contenidos en el informe son la prueba de que los “conductos regulares” son frustrantes para las estudiantes, y como están las cosas, una posible víctima de acoso sexual tiene que ver clase con el profesor que supuestamente la acosa, haya un proceso abierto o no.

A partir de la presión que generó el informe, el Consejo Académico de Antropología elevó una solicitud a la facultad para “relevar” a los docentes Gerardo Ardila, Virgilio Becerra y Augusto Gómez de las asignaturas a su cargo el próximo semestre. Esto no significa que estén suspendidos ni expulsados de la universidad, sino que no dictarán sus clases pero continuarán percibiendo un salario.

El Foro Nacional Ambiental también decidió retirar a Gerardo Ardila de su Consejo Directivo “hasta que esclarezcan los hechos contenidos en el informe”, y Ardila renunció este viernes a su cargo como director del Centro de Estudios Sociales de la facultad de Ciencias Humanas a raíz de estas investigaciones.

Al ser consultadas para esta historia, ni la directora de carrera, Hope Henderson, ni la decana Luz Amparo Fajardo respondieron a la solicitud enviada vía Whatsapp. En cuanto a los profesores, Augusto Gómez declaró: “Considero procedente que la universidad inicie las averiguaciones respectivas antes de hacer comentarios públicos al respecto”. Virgilio Becerra no respondió y Gerardo Ardila designó como vocero a su abogado, Germán Palacio. (Lea también: La defensa del profesor Ardila ante las acusaciones por acoso sexual)

“Gerardo Ardila rechaza los hechos que ahí se manifiestan (en el informe) porque no son acordes a la realidad”, dice, y agrega que el profesor instaurará una acción legal contra Mónica Godoy por injuria y calumnia en su papel de asesora del informe de la Comisión. “Lo que mi defendido puede demostrar es que hay alumnas, docentes y personas que han tenido experiencias con él a nivel de compañeras que nunca han visto comportamientos como los que se denuncian. El informe se basa en relatos de personas que no están identificadas. Entendemos que existe la libertad de expresión y que hay personas que tratan de promover la defensa del derecho a la mujer a no ser discriminada y a no tener hostigamientos sexuales, pero otra cosa es que se denuncia faltando a la verdad”.

Según el abogado, gracias al sistema de autoevaluación que usa Ardila no podría coercionar a nadie con las notas. Por el contrario, las integrantes de la Comisión consideran que hablar del poder de decisión de las estudiantes frente a alguien en una posición de autoridad como un profesor no es tan fácil de dirimir: “El acoso sexual de un docente, por quien se siente confianza, admiración y respeto, produce mucha confusión en las posibles víctimas. Ellas tardan en identificar esos comportamientos como abusos y suelen sentirse responsables de los mismos. Antes que una actitud de rechazo explícita, las mujeres prefieren lidiar con la situación intentando no ofender ni disgustar al agresor para que su enojo no las lastime aun más”.

“Es como si los señalados no tuvieran noción de los efectos que tienen sus acciones sobre la vida de las mujeres. No es un problema menor sino que al contrario, ha sido ignorado, silenciado impunemente, y no estamos señalando a la universidad, pero sí tiene una responsabilidad en el ejercicio de estas violencias”, dice Godoy.

Una semana después de publicado el informe, 480 estudiantes y egresadas firmaron una carta en apoyo a las denunciantes, a las mujeres de la Comisión, y a Mónica Godoy. Por ahora, y tras 20 años de chismes de pasillo, el proceso disciplinario avanza dentro de la universidad contra al menos uno de los profesores. Lo “aceptable” entre profesores y estudiantes están cambiando, y lo que fue normal hace veinte años ya no tiene lugar en las aulas.

Un profesor del departamento que prefiere no revelar su nombre porque teme poner en peligro su trabajo lo resume así: “Estoy seguro de que Ciencias Humanas no es la única facultad, y que la Nacional no es la única universidad en donde hay acoso. Pero aquí fue donde salió un informe como este. También hay que tener en cuenta que hace veinte años, posibles coqueteos o comportamientos de profesores con estudiantes, incluso las relaciones amorosas, eran percibidos como algo normal. Esto es solo la punta del iceberg”.

Algo de razón tenía, y cada vez más, las víctimas de acoso sexual o violencia de género dentro de la Universidad Nacional se atreven a hablar, bien sea a través de canales institucionales o no. Desde hace tres semanas, un grupo de personas abrió una cuenta en Instagram llamada Rebelión en La Granja, en donde denuncian a los estudiantes varones que hacían parte de un grupo de whatsapp llamado Fedegán en donde presuntamente compartían fotos íntimas de compañeras sin permiso, hacían comentarios misóginos, transfóbicos y lesbofóbicos, y se referían a estudiantes y profesoras como “ganado”.

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