Los peros en la implementación de la matrícula cero

Hace cinco meses, desde Cali, en medio del paro nacional, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, y el presidente Iván Duque prometieron cumplir una de las peticiones del comité del paro: la implementación de la matrícula cero. El programa, dijeron, financiaría el 100 % de la matrícula de pregrado de los alumnos de estratos 1, 2 y 3 que estudien o quieran estudiar en las 63 instituciones públicas de educación técnica, tecnológica y universitaria del país. La idea es que este beneficio empezara a otorgarse desde el inicio del segundo semestre académico de 2021 y hoy, a poco tiempo de que se acabe el período escolar, empiezan a surgir varias inquietud es que muestran que algo no está bien en su implementación.

Lo primero que aclara Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), es que durante la pandemia los 32 rectores de las Instituciones de Educación Superior implementaron diversas estrategias, porque sabían que los estudiantes de los estratos más vulnerables no iban a tener la posibilidad de continuar con sus estudios. “Nuestras aulas universitarias se iban a quedar solas. Apoyamos con mediaciones, mercado, asistencia psicosocial y, por supuesto, una de las medidas fue la matrícula cero”, apunta. La iniciativa había sido financiada principalmente con recursos de Generación E (el anterior programa de becas que se puso en marcha en 2019) y el fondo solidario para la educación.

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A pesar de que la decisión fue celebrada por gran parte del sector educativo, su implementación ha generado aprietos económicos a algunas universidades. Uno de los motivos, explica Torres, es que el Gobierno no gira de manera inmediata el dinero que corresponde a esas matrículas, sino que el pago puede tardar hasta un semestre. Cuando se legaliza la matrícula, detalla, transfiere 40 %; luego consigna otro porcentaje y después otro más. “¿Qué implicaciones tiene? Eso genera una afectación económica porque son recursos que necesitamos de manera inmediata para solventar las necesidades de funcionamiento de la universidad”, asegura. “Ya hay una crisis financiera y se está incrementando más el déficit de las universidades”, que, de acuerdo con sus cuentas, llega a $18 billones.

La urgencia de tener pronto en sus cuentas esos recursos es simple: como dice Torres, las matrículas de pregrado en las universidades públicas también son una fuente importante de ingreso. Según cuenta, el 49 % de los recursos son propios y se recaudan de las matrículas de pregrado, de las de posgrado, diplomados, seminarios, talleres y proyectos de investigación, entre otros. “Ese porcentaje equivale a $3,5 billones que debemos generar al año, de los cuales $1,1 billones corresponden a las matrículas, $80.000 millones son de las de pregrado y $300.000 millones representan las de posgrados”, apunta.

Un ejemplo más claro es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional. “Los recursos asignados fueron insuficientes para cubrir el concepto de matrícula. Solo lo hizo con una pequeña población de los estratos 1 y 2, pues la mayoría de alivios financieros ya los otorgaba la institución”, señala Ronald Vargas, representante estudiantil del Consejo Superior Universitario. Esos alivios, añade Vargas, son otorgados con base en el “puntaje básico de matrícula” (PBM) con el que se determina el costo de matrícula de cada uno de los estudiantes. Ese puntaje, que oscila entre el 0 y 100, se calcula con base en tres variables: el valor de la última pensión que el estudiante pagó en el colegio, los ingresos mensuales y su estrato.

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Tras evaluar esa situación, para el segundo semestre académico de 2020 un total de 31.000 alumnos no debían pagar nada para continuar con sus estudios de pregrado. “De este número, que es el 63 % del total de estudiantes, 13.765 ya eran financiados con recursos propios de la universidad, que después destinó $2.200 millones adicionales para cubrir a cerca de seis mil estudiantes. El Gobierno solo asignó $5.194 millones con los que solo se lograron cubrir 8.739 estudiantes”, apunta Vargas. La situación se repitió en 2021: el plantel destinó $3.200 millones para pregrado y el Gobierno giró $5.400 millones.

“A la fecha no nos ha llegado un acuerdo formal, no se ha indicado cuántos recursos van a llegar para el próximo año ni tampoco cuándo sucederá eso. Lo único que tenemos claro es que, para esta ocasión, la universidad ya no podrá asumir u otorgar descuentos adicionales a estudiantes. Ya no tenemos de dónde”, añade Vargas. El Espectador se comunicó con Dolly Montoya, rectora de esta universidad, pero no recibimos respuesta al cierre de esta edición.

Una situación similar se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Allí tampoco saben con claridad si el Gobierno va a girar los recursos correspondientes a matrícula cero según el número de estudiantes que se inscriban al inicio del semestre o según el número de alumnos que terminen. Es posible que en el transcurso de esos meses haya algunas deserciones.

Leonardo Fabio Martínez, rector de la institución, cuenta que “si la transferencia se genera con los alumnos que finalizan el semestre, se presentaría una disminución en los ingresos del plantel”. Allí, para el segundo semestre de 2021, se reportaron 8.956 estudiantes de pregrado, de los cuales 1.401 son de estrato 1, 5.413 de estrato 2 y 2.316 de estrato 3. Es decir, el 98,6 % del pregrado de la UPN tendría que recibir un aporte para sus matrículas.

Para el Ministerio de Educación, la estrategia de matrícula cero avanza de acuerdo con los calendarios de las instituciones y, advierte, muchas de ellas no han retomado las actividades escolares. El monto, aclara, depende del número de los estudiantes y “se prioriza a los más vulnerables de estratos 1, 2 y 3 de cada IES. Para este semestre, la estrategia se viene implementando conforme se cumplen los calendarios académicos y conforme se reporta la información pertinente por parte de las 32 universidades y treinta instituciones técnicas profesionales”. No obstante, este beneficio está dirigido solo a 650.000 jóvenes que no representan el total de los estudiantes de estratos 1 a 3.

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Por su parte, Torres, del SUE, insiste en que esa transferencia de recursos debería ser más ágil y espera que lo sucedido este semestre quede como aprendizaje para los próximos años. “Vamos a ver qué estrategias implementa el Ministerio de Educación”. Sin embargo, el gran asunto de fondo en esta discusión continúa siendo el mismo de hace varios años en el sistema educativo: ¿cómo resolver el déficit de las universidades públicas? ¿De qué manera ayuda esta medida a solucionar ese eterno problema? Martínez anota que “esta medida ayuda a los estudiantes y las familias, pero no representa un aporte adicional a las bases presupuestales de las universidades para poder cubrir los gastos operacionales de lo que implica una educación de calidad”.

Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, advirtió, a mediados de este año en entrevista con este medio, que “este alivio no significa que resuelva o sea una ayuda real para el problema estructural de la desfinanciación”. Esto se genera porque el Estado paga la matrícula del estudiante, pero no realmente su costo dentro de la institución; “es decir, el costo de un estudiante dentro de la Nacional, por ejemplo, es de cerca de $15 millones, mientras que la matrícula promedio es de $1,5 millones”, añadió.

¿Y los posgrados para cuándo?

En la política que quedó consignada en el artículo 27 de la reforma tributaria se hace referencia a que la matrícula cero es “un beneficio nacional que destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas”. ¿Y dónde quedan los alumnos del posgrado? En la Universidad Nacional, como parte de las estrategias para contrarrestar la deserción durante la pandemia, en algunas facultades se otorgó un descuento del 20 % para que lograran continuar con sus estudios.

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Según Vargas, para 2020 la U. Nacional dispuso de $1.600 millones para descuentos de posgrado, porque “el Gobierno solo dio recursos para cerca de 10.000 estudiantes de pregrado y abandonó a los posgrados, que son quienes investigan en el país y se han visto afectados por el desempleo”, apunta. En 2021 la financiación se redujo a $800 millones y en 2022 ese beneficio del 20 % desaparecerá. “Ya no hay más recursos. A esto se le suman otros gastos, como las adecuaciones a la infraestructura, por ejemplo”, dice.

Hace cinco meses, desde Cali, en medio del paro nacional, la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, y el presidente Iván Duque prometieron cumplir una de las peticiones del comité del paro: la implementación de la matrícula cero. El programa, dijeron, financiaría el 100 % de la matrícula de pregrado de los alumnos de estratos 1, 2 y 3 que estudien o quieran estudiar en las 63 instituciones públicas de educación técnica, tecnológica y universitaria del país. La idea es que este beneficio empezara a otorgarse desde el inicio del segundo semestre académico de 2021 y hoy, a poco tiempo de que se acabe el período escolar, empiezan a surgir varias inquietud es que muestran que algo no está bien en su implementación.

Lo primero que aclara Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), es que durante la pandemia los 32 rectores de las Instituciones de Educación Superior implementaron diversas estrategias, porque sabían que los estudiantes de los estratos más vulnerables no iban a tener la posibilidad de continuar con sus estudios. “Nuestras aulas universitarias se iban a quedar solas. Apoyamos con mediaciones, mercado, asistencia psicosocial y, por supuesto, una de las medidas fue la matrícula cero”, apunta. La iniciativa había sido financiada principalmente con recursos de Generación E (el anterior programa de becas que se puso en marcha en 2019) y el fondo solidario para la educación.

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A pesar de que la decisión fue celebrada por gran parte del sector educativo, su implementación ha generado aprietos económicos a algunas universidades. Uno de los motivos, explica Torres, es que el Gobierno no gira de manera inmediata el dinero que corresponde a esas matrículas, sino que el pago puede tardar hasta un semestre. Cuando se legaliza la matrícula, detalla, transfiere 40 %; luego consigna otro porcentaje y después otro más. “¿Qué implicaciones tiene? Eso genera una afectación económica porque son recursos que necesitamos de manera inmediata para solventar las necesidades de funcionamiento de la universidad”, asegura. “Ya hay una crisis financiera y se está incrementando más el déficit de las universidades”, que, de acuerdo con sus cuentas, llega a $18 billones.

La urgencia de tener pronto en sus cuentas esos recursos es simple: como dice Torres, las matrículas de pregrado en las universidades públicas también son una fuente importante de ingreso. Según cuenta, el 49 % de los recursos son propios y se recaudan de las matrículas de pregrado, de las de posgrado, diplomados, seminarios, talleres y proyectos de investigación, entre otros. “Ese porcentaje equivale a $3,5 billones que debemos generar al año, de los cuales $1,1 billones corresponden a las matrículas, $80.000 millones son de las de pregrado y $300.000 millones representan las de posgrados”, apunta.

Un ejemplo más claro es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional. “Los recursos asignados fueron insuficientes para cubrir el concepto de matrícula. Solo lo hizo con una pequeña población de los estratos 1 y 2, pues la mayoría de alivios financieros ya los otorgaba la institución”, señala Ronald Vargas, representante estudiantil del Consejo Superior Universitario. Esos alivios, añade Vargas, son otorgados con base en el “puntaje básico de matrícula” (PBM) con el que se determina el costo de matrícula de cada uno de los estudiantes. Ese puntaje, que oscila entre el 0 y 100, se calcula con base en tres variables: el valor de la última pensión que el estudiante pagó en el colegio, los ingresos mensuales y su estrato.

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Tras evaluar esa situación, para el segundo semestre académico de 2020 un total de 31.000 alumnos no debían pagar nada para continuar con sus estudios de pregrado. “De este número, que es el 63 % del total de estudiantes, 13.765 ya eran financiados con recursos propios de la universidad, que después destinó $2.200 millones adicionales para cubrir a cerca de seis mil estudiantes. El Gobierno solo asignó $5.194 millones con los que solo se lograron cubrir 8.739 estudiantes”, apunta Vargas. La situación se repitió en 2021: el plantel destinó $3.200 millones para pregrado y el Gobierno giró $5.400 millones.

“A la fecha no nos ha llegado un acuerdo formal, no se ha indicado cuántos recursos van a llegar para el próximo año ni tampoco cuándo sucederá eso. Lo único que tenemos claro es que, para esta ocasión, la universidad ya no podrá asumir u otorgar descuentos adicionales a estudiantes. Ya no tenemos de dónde”, añade Vargas. El Espectador se comunicó con Dolly Montoya, rectora de esta universidad, pero no recibimos respuesta al cierre de esta edición.

Una situación similar se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Allí tampoco saben con claridad si el Gobierno va a girar los recursos correspondientes a matrícula cero según el número de estudiantes que se inscriban al inicio del semestre o según el número de alumnos que terminen. Es posible que en el transcurso de esos meses haya algunas deserciones.

Leonardo Fabio Martínez, rector de la institución, cuenta que “si la transferencia se genera con los alumnos que finalizan el semestre, se presentaría una disminución en los ingresos del plantel”. Allí, para el segundo semestre de 2021, se reportaron 8.956 estudiantes de pregrado, de los cuales 1.401 son de estrato 1, 5.413 de estrato 2 y 2.316 de estrato 3. Es decir, el 98,6 % del pregrado de la UPN tendría que recibir un aporte para sus matrículas.

Para el Ministerio de Educación, la estrategia de matrícula cero avanza de acuerdo con los calendarios de las instituciones y, advierte, muchas de ellas no han retomado las actividades escolares. El monto, aclara, depende del número de los estudiantes y “se prioriza a los más vulnerables de estratos 1, 2 y 3 de cada IES. Para este semestre, la estrategia se viene implementando conforme se cumplen los calendarios académicos y conforme se reporta la información pertinente por parte de las 32 universidades y treinta instituciones técnicas profesionales”. No obstante, este beneficio está dirigido solo a 650.000 jóvenes que no representan el total de los estudiantes de estratos 1 a 3.

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Por su parte, Torres, del SUE, insiste en que esa transferencia de recursos debería ser más ágil y espera que lo sucedido este semestre quede como aprendizaje para los próximos años. “Vamos a ver qué estrategias implementa el Ministerio de Educación”. Sin embargo, el gran asunto de fondo en esta discusión continúa siendo el mismo de hace varios años en el sistema educativo: ¿cómo resolver el déficit de las universidades públicas? ¿De qué manera ayuda esta medida a solucionar ese eterno problema? Martínez anota que “esta medida ayuda a los estudiantes y las familias, pero no representa un aporte adicional a las bases presupuestales de las universidades para poder cubrir los gastos operacionales de lo que implica una educación de calidad”.

Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, advirtió, a mediados de este año en entrevista con este medio, que “este alivio no significa que resuelva o sea una ayuda real para el problema estructural de la desfinanciación”. Esto se genera porque el Estado paga la matrícula del estudiante, pero no realmente su costo dentro de la institución; “es decir, el costo de un estudiante dentro de la Nacional, por ejemplo, es de cerca de $15 millones, mientras que la matrícula promedio es de $1,5 millones”, añadió.

¿Y los posgrados para cuándo?

En la política que quedó consignada en el artículo 27 de la reforma tributaria se hace referencia a que la matrícula cero es “un beneficio nacional que destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas”. ¿Y dónde quedan los alumnos del posgrado? En la Universidad Nacional, como parte de las estrategias para contrarrestar la deserción durante la pandemia, en algunas facultades se otorgó un descuento del 20 % para que lograran continuar con sus estudios.

Puede ver: Prueba Saber Pro del 23 al 31 de octubre: todo lo que debe conocer para preparase

Según Vargas, para 2020 la U. Nacional dispuso de $1.600 millones para descuentos de posgrado, porque “el Gobierno solo dio recursos para cerca de 10.000 estudiantes de pregrado y abandonó a los posgrados, que son quienes investigan en el país y se han visto afectados por el desempleo”, apunta. En 2021 la financiación se redujo a $800 millones y en 2022 ese beneficio del 20 % desaparecerá. “Ya no hay más recursos. A esto se le suman otros gastos, como las adecuaciones a la infraestructura, por ejemplo”, dice.