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En el mundo globalizado actual, la llamada “sociedad del conocimiento” se entiende como el uso intensivo de los sistemas educativos y de la ciencia, la tecnología y la innovación (CT&I) para transformar realidades sociales, económicas, políticas y culturales adversas, en función del desarrollo integral, la preservación del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la generación de movilidad e inclusión social, y el logro de la estabilidad social y política de los países.(Vea: ¿Qué opinan los candidatos a la rectoría de la U. Nacional sobre la educación superior en el país?)
En este contexto, Colombia aparece como un país singular. En efecto, el país más biodiverso del planeta (con sus cinco macro-regiones geográficas), con una valiosa diversidad étnica, social y cultural, es sin embargo uno de los más inequitativos y excluyentes -socialmente hablando- de América Latina. Colombia ha tenido que convivir con un complejo conflicto interno durante medio siglo. No obstante los esfuerzos por modernizar y ampliar la cobertura de nuestro sistema educativo (básica, media y universitaria), esta agenda se encuentra retrasada con respecto a otras de la región. Lo mismo ocurre con el sistema nacional de CT&I.
Las posibilidades que se abren para el país en un escenario de eventual posconflicto o posacuerdos, se deben aprovechar para dar un salto cualitativo en la agenda educativa y científica. En esa dirección, transformar, consolidar, proyectar y complementar los sistemas nacionales educativo y de CT&I resulta estratégico. La transformación de la educación y del conocimiento científico debe acompañar las transformaciones del país y sus regiones, y propender por un nuevo modelo de desarrollo que beneficie al conjunto de la población y especialmente a los actualmente excluidos.
La sociedad del conocimiento en Colombia se debe llenar de contenidos reales, con financiación adecuada, con articulaciones y sinergias, con una agenda de prioridades nacionales y regionales, sin perder de vista el radar de las comunidades científicas y culturales mundiales. La calidad y cobertura general del sistema educativo debe ser una prioridad nacional. Las universidades deben avanzar en la excelencia académica, atendiendo a las señales internacionales (fronteras del conocimiento, complejidad e interdisciplinas) y realizando las adaptaciones necesarias a nuestra realidad y escala (nacional y regional). Es menester equilibrar formación básica, teórica y aplicada, currículos flexibles e inserción en las realidades laborales y profesionales. Varias universidades deben avanzar con prontitud a universidades de investigación, lo que requiere de climas internos propicios y los estímulos necesarios, inversión significativa, la formulación de agendas de conocimiento y programas de investigación que sean relevantes a nivel nacional e internacional. Estas universidades deben tener una relación fluida con el sistema de CT&I, que debe fijarse metas importantes, como por ejemplo lograr que el gasto en investigación sea 2 puntos del PIB durante dos o tres décadas, la reorientación de los recursos de regalías, la búsqueda de financiación internacional, la formación de institutos especializados en temáticas de gran impacto (biodiversidad, marítimos y portuarios, ingeniería y materiales, reordenamiento territorial y urbano, reforma agraria, instituciones sociales y políticas, ciudadanías, identidades y culturas, entre otros), la formación del talento humano científico (doctores, magíster, especialistas y expertos) en distintos campos, y la articulación entre comunidades científicas, empresarios y políticas públicas.