Los retos del rector de la Pedagógica para superar la crisis de infraestructura

Desde hace unos meses, la Universidad Pedagógica ha alertado la crisis por la que atraviesa la infraestructura de sus principales sedes. Algunas de ellas han perdido parte del techo, mientras que en otras las grietas han puesto en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria.

Desde hace unos meses, la Universidad Pedagógica ha alertado la crisis por la que atraviesa la infraestructura de sus principales sedes. Algunas de ellas han perdido parte del techo, mientras que en otras las grietas han puesto en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria.

Este es el principal reto que tiene en su agenda Helberth Augusto Choachí, nuevo rector de la Universidad Pedagógica para el período 2024 - 2028. El abogado y profesor asociado de la Facultad de Educación y magíster en Derecho, en entrevista con El Espectador asegura que están realizando una “revisión y reorientando las prioridades para el mejoramiento de infraestructura en la universidad”. La sede más crítica, añade, es la de Valmaria, ubicada en la calle 186.

Según dice Choachí, hace poco les llegó una denuncia por presunta pérdida de recursos que se han utilizado en esas instalaciones de esta sede, donde está ubicada la Facultad de Educación Física. “Son cerca de los $8 mil millones. Hemos conversado con la Secretaría de Transparencia y enviamos un oficio a la Fiscalía General de la Nación para que se activen nuevamente las investigaciones y establezcamos también el deterioro que se tuvo”, apunta.

Otro de los temas relevantes en el plan de Choachí es poner como prioridad a las estrategias enfocadas en salud mental y buscar herramientas para dignificar la labor docente.

¿Cómo recibe la institución?

En este momento la Universidad Pedagógica tiene un equilibrio financiero. Esto no quiere decir que sea una institución que tenga muchos recursos para resolver sus problemas estructurales, especialmente generados por la ley 30, la cual nos ha provocado un desfinanciamiento estructural y que, hasta que no se modifiquen los artículos 86 y 87, no se podrán completar todos los recursos que necesitamos para funcionamiento e inversión. Hay una estabilidad en la universidad que es el reflejo también de las administraciones pasadas.

Habla de un desfinanciamiento estructural de las universidades públicas y, por ello, le han pedido al ministerio la reforma a la Ley 30. ¿Qué les ha dicho la cartera?

Los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) le enviamos una carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara, expresando varias preocupaciones. Aunque el Gobierno y esta cartera han hecho esfuerzos para mejorar los recursos de las universidades, tenemos que reconocer que hay una deuda histórica y un déficit estructural acumulado. Las instituciones del SUE crecimos en oferta, pero sin tener los recursos necesarios. En el caso de la Pedagógica, los recursos que llegan por vía del ministerio de Educación representan el 50% del presupuesto del plantel y el porcentaje restante tenemos que buscarlo por vía de la extensión.

¿Cuál es la propuesta puntual del SUE para reformar esta ley?

Sabemos que se necesita una reforma integral a la Ley 30, pero mientras esa discusión se da, es necesario que se establezcan unas condiciones de ingresos permanentes para las universidades, las cuales se generen a partir de las necesidades propias, que es lo que algunos llaman como canastas educativas. El objetivo es poder reorganizar y reorientar los recursos para que nos permitan a las universidades resolver varios temas, que van más allá de funcionamiento. Buscamos una reforma que nos permita garantizar los recursos de manera permanente y directa a los planteles. Esto podría llevar a darnos un salto cuantitativo en términos de garantizar la dignificación y el derecho a la educación superior como un derecho fundamental,

Hace unos meses el rector saliente, Alejandro Álvarez Gallego, había declarado que la universidad estaba atravesando un déficit de infraestructura. ¿Cuál es el estado actual de los edificios del plantel?

Tenemos unos temas de déficit en espacios físicos que nos han impedido que en los procesos de formación tengamos ambientes adecuados para poder hacer el trabajo académico. Esa planta física pasa por déficit de aulas, por el deterioro propio de la infraestructura de la universidad en todas sus instalaciones y uno de los estados más críticos está en los predios de Valmaria, ubicado en la 186. En la calle 72, por ejemplo, no alcanzan las aulas para el número de estudiantes que tenemos.

Una de las principales preocupaciones es cuando llueve, porque la mayoría de las sedes (como la del Parque Nacional) no cuenta con un buen drenado. ¿Qué estrategias han empleado?

Lo primero que estamos haciendo es una revisión y reorientando las prioridades para el mejoramiento de infraestructura en la universidad. Tenemos los recursos limitados, pero estamos haciendo y estableciendo prioridades. Por ejemplo, adecuaciones y mejoramiento hasta cosas tan básicas como los baños de los estudiantes. Además, estamos conciliando un plan maestro de planta física y, para ello, se hizo una adquisición de un inmueble en la calle 72, que nos va a permitir reducir los costos de arrendamiento. En la actualidad, estamos pagando cerca de $1.900 millones anuales en arriendos. El objetivo es hacer un tránsito para ir liberando espacios de arrendamiento y mejorar los espacios. También avanzamos con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para adquirir algunos bienes.

La sede más problemática es quizás la de Valmaria. ¿Cuál es el enredo que no les ha permitido construir?

En el terreno de Valmaria, en la 186, ya tenemos unas mejoras por los menos provisionales, con construcciones modulares para la ampliación de aulas en condiciones dignas, que son unas casas prefabricadas. Sin embargo, en las 33 hectáreas que tenemos disponibles no hemos podido avanzar en la construcción por la disputa que hay con el distrito en el plan parcial de Lagos de Torca. Estamos conversando con el Gobierno distrital para que modifiquen este proyecto. Nosotros ya contamos con los recaudos que tenemos de estampilla, que en este momento son cerca de los $115 mil millones y así poder comenzar con la primera fase de la construcción. Alí se tiene previsto que continúe la Facultad de Educación Física. Sin embargo, hace poco nos llegó una denuncia por presunta pérdida de recursos que se han utilizado en esas instalaciones, que son cerca de los $8 mil millones. Hemos conversado con la Secretaría de Transparencia y enviamos un oficio a la Fiscalía General de la Nación para que se activen nuevamente las investigaciones y establezcamos también el deterioro que se tuvo.

Otro de los temas que inquietan a la comunidad educativa son los relacionados con la salud mental. Este año se han reportado tres suicidios y los estudiantes han denunciado que este tema no estaba entre las prioridades del plantel.

Es un tema muy doloroso y muy preocupante. Desde que estábamos en esta propuesta de administración ya comenzamos a retomar las medidas que se venían haciendo y activamos una mesa con expertos en estos temas de salud mental. Es importante entender que los asuntos de la salud mental no solo pasan por los estudiantes, sino que pasan por el conjunto de la comunidad universitaria. Es decir, nosotros no podemos ponerle la carga de la salud mental de la universidad a una dependencia, porque en un tema que debe ser asumido en conjunto, como universidad. Lo que estamos haciendo es unas adiciones al plan de desarrollo en términos de fortalecer proyectos estratégicos y transversales, donde desde la vicerrectoría académica generemos estrategias para establecer rutas de atención, rutas de cuidado, rutas de prevención. El objetivo es que estemos articulados con bienestar universitario y con el grupo de acompañamiento estudiantil para poder, en caso de situaciones graves o de crisis, tener las rutas claras para activarlas y que reciban una atención inmediata, inclusive para la prevención de situaciones de suicidio. Cabe resaltar que el tema de los suicidios no es exclusivamente de la Pedagógica. Tenemos un efecto cascada frente a los temas de salud mental que está pasando por las universidades y que creemos que es importante que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y los rectores de las instituciones nos pensemos en una estrategia como universidades frente a acciones de prevención, atención y de trabajo de sinergia interinstitucional.

Una de sus principales apuestas es la de dignificar la condición y la labor docente. ¿En qué se ha enfocado su plan de desarrollo para conseguirlo?

Nosotros no tenemos otro tipo de programas académicos, sino que únicamente está centrado en programas de formación para maestros y maestras. Tenemos más de 57 mil egresados que son maestros y maestras en todo el país, por eso creemos que es importante ponerlos en el centro para las transformaciones de este país. Para ello, además, debemos generar estrategias de regionalización. Por ejemplo ya estamos trabajando en Cundinamarca con algunos municipios para las estrategias de regionalización, también venimos acompañando la creación de la universidad del Catatumbo.

En la dignificación de la labor docente también está incluido la idea de formalizarlos laboralmente. ¿Para cuándo está pensado que se consiga?

Ya estamos proyectando un escenario presupuestal con los profesores a partir del trabajo que viene desarrollando la Asociación Sindical de Maestros (ASPU), porque necesitamos comenzar con un plan de formalización laboral. Pero, para ello, primero necesitamos trabajar en el reconocimiento de todas las prestaciones sociales de los profesores y las profesoras ocasionales y catedrática. Luego, estamos proyectando unos escenarios graduales en el tiempo y presupuestales para poder mejorar las condiciones de los profesores ocasionales en términos de la ampliación de sus semanas de vinculación y, como meta, nos hemos planteado que se logren los 11 meses de vinculación de los profesores y de las profesoras.

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