En medio de la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar la emergencia social y económica en La Guajira, la Contraloría lanzó una advertencia: durante el segundo semestre del calendario académico, alrededor de 122.653 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de las zonas más vulnerables de La Guajira están en riesgo de no recibir los beneficios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El ente de control identificó que por incumplimiento a los principios de planeación, faltarían por contratar 87 días de los 180 días del calendario escolar. Esto debido a que en ese departamento no se han asignado más de $14.000 millones que se necesitan. Adicionalmente, a la fecha más de 2.300 millones de saldos de la vigencia anterior tampoco se han ejecutado. “Es de resaltar que de no lograrse las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del programa para esta vigencia, de la población indígena se verían afectados 30.035 niños, niñas y adolescentes, es decir el 58% del total de los beneficiarios”, señaló la Contraloría.
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Igual de grave es que de los 17 operadores escogidos al finalizar este primer semestre, 3 se encuentran en proceso de legalización de contratos [pólizas] y 2 en trámites administrativos y subsanación de documentación para la suscripción y perfeccionamiento de los contratos, por lo cual 4.349 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no han recibido alimentos en lo que va corrido del 2023.
El ente de control señaló que las Entidades Territoriales Certificadas (las Secretarías de Educación) tienen la obligación de agotar los procesos de contratación que requieran para la implementación del PAE y prevenir que no se den suspensiones en las entregas durante todo el calendario escolar. La Contraloría Delegada anunció que continuará el proceso de seguimiento del PAE con visitas permanentes a La Guajira y a instituciones educativas/sedes en las cuales se ejecuta el programa, recolectando información.
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“La alimentación escolar buscar contribuir a la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo oficial, por lo que su correcta ejecución se convierte en una prioridad para la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta, la adición presupuestal de $250.000 millones que fue presentada por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad de Alimentos para Aprender y aprobada por el Congreso de la República, para apoyar financieramente a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que la operación del PAE”, finaliza la entidad.